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La jueza 71 de control de garantías le dio legalidad a la captura del exgobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz Vargas quien se entregó en la madrugada de este viernes ante la Fiscalía General después de conocer la existencia de una orden de captura en el marco del proceso que se le adelanta por su presunta responsabilidad en el denominado escándalo del ‘carrusel de la contratación’.
La funcionaria judicial consideró que la detención del exmandatario departamental cumplió con todos los requisitos exigidos por la ley puesto que Cruz Vargas se presentó ante las autoridades de manera voluntaria en compañía de sus abogados en las instalaciones del búnker de la Fiscalía General. “Manifiesta buen trato y se le hace un examen médico”.
Igualmente se avaló la detención del procurador judicial primero administrativo Ulpiano Hernán Jovel Muñoz quien fue detenido a las 9 de la mañana de este viernes en el occidente de la capital de la República, cerca de la sede de la Registraduría Nacional del Estado Civil cuando se dirigía a Gobernación de Cundinamarca por agentes del CTI.
La imputación
Acto seguido la Fiscalía General le imputará al exgobernador los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, cohecho por dar u ofrecer y abuso de confianza. Esto por presuntamente pagar un soborno cercano a los 800 millones de pesos al entonces director de la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV), Iván Hernández Daza para garantizar la entrega de un contrato.
Cruz Vargas, quien fungía como representante legal de ICM Ingenieros, buscaba beneficiarse con el contrato de reparcheo de la malla vial que tenía un valor de 25 mil millones de pesos. En un momento el ahora procesado manifestó que se trataba de un homónimo puesto que nunca había tenido relación con dicha empresa.
Mientras que el procurador tendrá que responder por los delitos de enriquecimiento ilícito y cohecho por dar u ofrecer por presuntamente recibir 2.000 millones de pesos por parte del exmandatario departamental con el fin de intervenir en el Ministerio Público con el fin de evitar una actuación disciplinaria.
Por Redacción Judicial
