El crimen de Claudia Johana Rodríguez en una situación de toma de rehenes en el centro comercial Santafé de Bogotá, deja al descubierto la debilidad que existe en el actual sistema judicial para evitar que el agresor viole esa orden de restricción y la víctima quede expuesta a cualquier tipo de lesión e incluso la muerte.
Así lo manifestó este martes el general Hoover Penilla, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, al confirmar que, actualmente, en la capital hay cerca de 16.700 medidas de alejamiento vigentes. "Para cubrir cien por ciento estos llamados tendríamos que ubicar a 16.700 policías las 24 horas escoltando a la persona que es objeto de protección (...) aquí lo que hay que hacer es una revisión del tema legislativo. No podemos estar buscándole causante en este momento de lo que se pudo haber hecho, pero sí hay que revisar cómo se puede cohibir efectivamente al victimario y no poner a la víctima a que esté llamando cada vez que se ve asediada".
El alto oficial explicó que en este tipo de casos las autoridades trabajan en gran parte con la información suministrada por la víctima, quien -en la medida de sus posibilidades- debe alertar a tiempo si es asechada por su agresor. Sin embargo, en estos casos la acción de las autoridades consiste únicamente en obligar al agresor a abandonar el lugar.
"Nosotros cumplimos con lo que está establecido y estamos abiertos a que se verifiquen esos protocolos. Las rondas, el llamado de atención a la persona en determinado momento que se encuentre perturbando a la víctima (...) pero en este caso, un día antes del crimen, se supo que, desde el mediodía, este hombre estaba entrando y saliendo contantemente del establecimiento en el que se encontraba la señora Claudia, con quien además conversó. Lamentable y aquí no vamos a hacer justificaciones, pero en ese momento ella pudo hacer uso de esa medida informando del asedio así la medida estuviera radicada en Medellín", puntualizó.
Sin embargo, la versión de los familiares de Claudia es muy diferente. Según declaró Fernando López, esposo de Liliana Rodríguez –hermana de la víctima– “el tipo se la pasaba aquí en la casa, gritando, diciendo que amaba al hijo, que la amaba a ella, y ese tipo de cosas. Venía el cuadrante de la Policía –si no acudieron aquí al menos 40 veces fue poco– y nunca hacían nada. Decían que no podían hacer nada”. (Lea: A Claudia nunca le prestaron atención, ni antes ni después del crimen: familia)
Por lo pronto, el alto oficial insistió en la urgencia de revisar la legislación, "también tener en cuenta la vigencia de esas medidas y qué procedimiento se adopta contra la persona que está asediando y que en efecto no tenga la facultad de acercarse a la víctima".
Respecto a la acción de los comandos especiales que se hicieron cargo de la situación de toma de rehenes, el general Penilla explicó que es el equipo negociador quien determina el protocolo a seguir, de acuerdo al avance de las conversaciones que se llevan con la persona que tiene sometidos a los rehenes y aclaró que, en este caso, como en otros tantos, la Policía realizará una evaluación para establecer aciertos y desaciertos.
"Lo que se hace principalmente es preservar la vida de la víctima, aún por encima de la del victimario en la medida de lo posible, para que no se presenten hechos extremos como el de ayer, es claro que la intensión de este hombre era asesinar a la señora Claudia (…) no se pueden sacar conclusiones apresuradas, no solo en este caso sino en todos, nosotros siempre hacemos una evaluación para que a futuro podamos determinar que está de más y de menos en el procedimiento”, puntualizó.
Por Redacción Judicial
