“Les están vendiendo un refrito” presidente de ONG sobre acusaciones de Uribe

Franklin Castañeda, presidente del CSPP, aseguró que los pagos a Juan Guillermo Monsalve ya habían sido evaluados por la Corte Suprema / Archivo El Espectador

Luego de rendir indagatoria, el expresidente Álvaro Uribe habló en una larga intervención sobre las presuntas irregularidades en su proceso. Entre los hechos mencionados está el supuesto pago de un dinero, por parte del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), a Juan Guillermo Monsalve en contraprestación por la entrevista dada a Iván Cepeda, en la que asegura que Uribe fue uno de los fundadores del Bloque Metro de las Autodefensas.

El Espectador habló con Franklin Castañeda, presidente del CSPP, sobre los señalamientos del expresidente sobre unos hechos que ya habían sido abordados en el proceso por supuesta manipulación de testigos en contra de Iván Cepeda y en los que la Corte Suprema no había encontrar irregularidad alguna.

¿El CSPP les ha entregado dinero a otros exparamilitares cuya familia ha estado en riesgo o solo fue en el caso de Monsalve?

Lo primero que te debo decir es que nosotros no le hemos entregado dinero a Juan Guillermo Monsalve. Nosotros hicimos un aporte a algunos familiares cercanos a Monsalve (su hermana y sus dos pequeños hijos, y sus padres). Y lo hicimos ante la situación de riesgo que ellos manifestaron, y que confirmamos y, luego de que, a pesar de nuestras gestiones, el programa de atención a testigos de la Fiscalía no los atendiera a tiempo. En ese contexto, nuestro fondo de protección (que se maneja con recursos de cooperación internacional) aprobó las ayudas para estos dos núcleos familiares.

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Nuestro fondo de protección atiende un número cercano a los 15 o 20 casos al año, hasta que se acaba el fondo. Normalmente, hemos atendido a familiares de víctimas, por ejemplo, de falsos positivos, líderes sociales. Y, para responder a su pregunta: sí, sí hemos atendido a personas que pertenecieron a grupos paramilitares y vieron comprometida su seguridad por los testimonios que rindieron ante las autoridades.  

¿A qué otros familiares de paramilitares han ayudado?

Esa información es reservada. Nosotros hicimos público este caso porque es un hecho de público conocimiento. Yo no podría, ni más faltaba, revelar nombres de personas en riesgo.

¿La Corte ya se había pronunciado sobre estos aportes?

Sí. El viernes se intentó mostrarle al país unos documentos como si fueran elementos novedosos dentro de la novela judicial que se ha vuelto el caso de Álvaro Uribe. Sin embargo, esos elementos están lejos de ser novedosos. Esos documentos los entregué yo directamente a la Corte Suprema de Justicia y a la Procuraduría, y en su momento hasta fui contrainterrogado por la defensa de Uribe.

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Llama bastante la atención que extraigan estos recibos de ese expediente y los muestren como una nueva prueba, cuando está lejos de ser así. A la opinión pública le están vendiendo un refrito con una intencionalidad política. Quieren jugar a las cortinas de humo con la justicia. Por ejemplo, la Corte incluso reconoció en su momento: primero, que esos apoyos hacían parte de nuestra gestión como organización de derechos humanos, y segundo, que nuestra gestión estaba fundada en peligros a la vida de la familia Monsalve.

¿Cuáles son los criterios del CSPP para dar este tipo de colaboraciones?

Nosotros tenemos procesos estandarizados: verificamos, primero, la fuente de donde proviene la información; pero también la autenticidad de las amenazas, evaluamos en cada contexto la capacidad de respuesta del Estado, y la inmediatez del riesgo.

¿Y cómo fue ese proceso en el caso de Monsalve?

En el caso de la familia del señor Monsalve conocimos del caso y del atentado que le hicieron en la cárcel. Así, pudimos verificar que en la cárcel de Cómbita había un ofrecimiento de $80 millones a quien asesinara a Juan Guillermo Monsalve. Luego Monsalve fue visitado por paramilitares que le dijeron que si no cambiaba su versión iba a haber un atentando contra su familia o contra él mismo. Finalmente, el hecho detonante que nos da a entender que varias de las advertencias podrían cumplirse es que, a finales de 2011, asesinan a un exparamilitar del grupo fundacional del Bloque Metro. Después de eso nos reunimos en varias oportunidades con el programa de protección a testigos de la Fiscalía y, como no daban respuesta, procedimos nosotros a atenderlo de urgencia en 2011. El programa contestó en junio de 2012.

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¿Qué amenazas denunció la familia de Monsalve en su contra?

Ellos reportaron que en la población en la que residía había rumores sobre posibles agresiones. Además, los visitaron personas cercanas a grupos paramilitares y que, en ese momento, hacían parte de Los Urabeños. Les insistieron, por ejemplo, en que le dijeran a Juan Guillermo que cambiara su versión. Asimismo, le entregaron al padre de Juan Guillermo la tarjeta de un abogado y le dijeron que no hablara más con la Fiscalía, sino con ese abogado. Luego a Juan Guillermo lo visitaron dos personas en la cárcel que le hicieron saber que, si no cambiaba su testimonio, era muy posible que él o su familia fueran asesinados.

¿En qué fechas exactas le dieron estos apoyos a la familia de Monsalve?

La familia sale hacia finales del año 2011 de su municipio, como consta en los recibos de compra de los tiquetes. Primero, sale el núcleo familiar de la hermana de Monsalve, en avión, luego en enero de 2012 salen los padres, por tierra, porque el señor les tenía miedo a los aviones. Luego del traslado de la hermana, le entregamos a ella y a sus hijos una ayuda el 28 de diciembre y otros dos aportes más adelante.

¿Tenían conocimiento de la naturaleza de las declaraciones de Juan Guillermo Monsalve?

Claro que sí. Yo estuve en la toma del testimonio del señor Juan Guillermo Monsalve, en su declaración. Para no estar enredados, hago un resumen desde el comienzo y todo esto se puede confrontar con el auto inhibitorio de la Corte.

A mitad de año del 2011, en Colombia había una crisis carcelaria tremenda. Se hace un debate de control político, una audiencia en la Cámara de Representantes en la cual nosotros participamos. A partir de ahí se crea una comisión compuesta por parlamentarios y por organizaciones de la sociedad civil, no solo nosotros. Esa comisión mixta asiste a varias cárceles no solamente a entrevistar a Juan Guillermo Monsalve y a Pablo Hernán Sierra, las visitas fueron en muchas otras cárceles del país. Lo que se encontraba en las otras cárceles del país era debidamente diligenciado por los parlamentarios de la comisión, en particular por Iván Cepeda.

Dentro de lo que se encuentra, se encuentra hacinamiento, torturas, presos que dicen ser inocentes, violaciones de derechos humanos, etc. Pero también había detenidos que querían participar y hablar sobre otras denuncias de que ellos tenían conocimiento, que habían sido puestas en conocimiento de las autoridades y que ellas no habían hecho nada. Uno de esos detenidos era el señor Pablo Hernán Sierra, otro era el señor Juan Guillermo Monsalve, pero no fueron los únicos.

¿Cómo se ha articulado el trabajo entre Cepeda y su organización?

El trabajo continuó en las cárceles. De hecho, con posterioridad a esas denuncias, nuestro trabajo en las cárceles siguió, pero tuvimos un gran altercado y es que el Inpec prohibió nuestro ingreso a las cárceles. Solo hasta 2013 firmamos un acta de acuerdo entre el Inpec y nuestra institución, el Comité de Solidaridad con Presos Políticos, para poder dar seguimiento a la labor que veníamos ejerciendo en las cárceles del país. Entonces volvimos a trabajar con el señor Cepeda, hemos hecho dos audiencias más, la última fue este año, fue portada de El Espectador, sobre la situación de las mujeres en la cárcel El Buen Pastor, que fue hacia marzo de este año.

¿Pablo Hernán Sierra denunció otras cosas o solo lo que ya se conoce?

Lo que ya se conoce. Realmente Sierra, si la memoria no me falla -son hechos de 2011-, creo que lo entrevistamos primero que a Monsalve, porque empezamos por las cárceles de Antioquia, si la memoria no me falla. Él da su testimonio sobre muchas cosas, desde la situación carcelaria hasta las relaciones de paramilitares con muchas personas, entre las cuales menciona al señor Álvaro Uribe Vélez, aunque no es la única persona mencionada.

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Cuando Iván Cepeda fue denunciado, ¿hubo alguna variación o el trabajo con las familias de los posibles amenazados siguió igual?

Nosotros tenemos un protocolo interno para la evaluación de estos casos, la toma de decisiones y la asignación de recursos. Nuestro protocolo indica que nosotros no podemos sostener a una familia o una persona, sino corresponder nuestra ayuda con la urgencia y reportar el caso al Estado, que es el que tiene que hacerse cargo de las personas que están en riesgo en Colombia. Lastimosamente, en este caso, el Estado contestó que no y entonces nosotros tuvimos que prestar la ayuda. Como le dije a la Corte, creo que la Corte lo recoge en el auto inhibitorio, nosotros no hemos vuelto a saber de la familia, de estos dos núcleos familiares que se apoyaron.  

O sea, ¿ya no tienen más contacto con los Monsalve?

Nosotros tenemos contacto con el señor Juan Monsalve. Él tiene cómo llamarnos a nosotros, sí tenemos contacto con él pero no con sus papás o su hermana, con ellos lo perdimos. Nosotros no somos los abogados de él, no llevamos este caso, solo hemos conocido de su situación de seguridad.