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En desarrollo de la audiencia que se desarrolla este jueves en Sala Plena de la Corte Constitucional –por cuenta de la demanda que presentó el Centro Democrático contra del acto legislativo para la paz– el alto comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, le pidió al alto tribunal desestimar la acción judicial, destacando las bondades que implicó para el acuerdo de paz el mecanismo del “fast track”. (Lea: “Demanda contra acto legislativo para la paz no tiene fundamento jurídico”: Mininterior)
De acuerdo con Jaramillo, este procedimiento especial legislativo fue crucial para el proceso y le permitió al Gobierno cumplir con los compromisos adquiridos con las Farc. En esa línea, le pidió a la Corte no tener en cuenta la demanda, dado que "sería supremamente difícil diferenciar qué reforma es más importante que otra (…) Les pido que no acepten esta demanda”, dijo.
Explicó que el tramite por la vía ordinaria, que podría tardar más de un año, implicaría que la guerrilla no se mantenga en las 26 zonas de concentración, esperando el resultado el debate.
Jaramillo también recordó en la audiencia pública que el acto legislativo ya fue aprobado por el Congreso de la República y solo falta ser autorizado por el presidente de la República, Juan Manuel Santos. Agregó que los primeros 365 días de un acuerdo de paz son esenciales para el sometimiento judicial de los integrantes las Farc.
"El primer año es crucial para la implementación, dicen estudios internacionales. Por eso la celeridad es fundamental”, precisó Jaramillo.
Previamente, en el mismo escenario, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, criticó la acción judicial que presentó el uribismo en agosto pasado –en la que se piden tumbar las facultades especiales otorgadas al Presidente de la República y que aceptó para su estudio el alto tribunal– asegurando que es más una demanda política que jurídica.
"Esta es una demanda política que no tiene fundamento jurídico. Este proyecto de acto legislativo no sustituye la Constitución Política del 1991 y no tiene, de ninguna manera, vicios en lo que tiene que ver con la competencia del Congreso de la República”, declaró Cristo.
El ministro del Interior explicó que alcanzar la paz con el aval de la Corte se constituye como un mecanismo especial excepcional y transitorio, "con un total respeto y un profundo apego a las funciones constitucionales en defensa de todos los colombianos".
Por su parte, el senador del Centro Democrático, Iván Duque Márquez, aseguró que no se pueden conceder beneficios a los integrantes de las Farc, sustituyendo a la Constitución Política, como –según él– se está haciendo con la entrada en vigencia del acto legislativo para la paz.
"La paz no puede ser un premio a los criminales acondicionando el orden constitucional. La paz que se merece Colombia es una en la que los criminales se sometan al orden constitucional, que estén dispuestos a darse cuenta de su error (al alzarse en armas) ", manifestó Duque Márquez.
Según advirtió el congresista, el delito del narcotráfico es amnistíable en el acuerdo legislativo para la paz. "Es un acuerdo entre el gobierno Santos y el grupo terrorista de las Farc que contempla cosas como delitos conexos al narcotráfico", dijo el legislador a los magistrados de la Corte Constitucional.
Por Redacción Judicial
