El gobierno mantiene una apuesta ambiciosa en el marco de su meta de la Paz Total: dialogar con los grupos criminales con mayor poder y presencia en el país, con el objetivo de llegar al sometimiento de esas estructuras. No obstante, aunque el “qué” está claro desde hace un año, es decir, el desmantelamiento de los grupos, todavía no ha quedado claro el “cómo”. No hay reglas. No hay una ley o una reglamentación que defina a qué se van a someter los criminales que quieran la paz. Lo que sí existe es un proyecto de ley de sometimiento que el Ministerio de Justicia presentó en la pasada legislatura, que no fue discutido en el Congreso y que, aparte, no tiene un rumbo definido.
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El proyecto fue una de las banderas con las que el Gobierno Petro inició el 2023. Un articulado completo presentado al Congreso, sometido a tantos ajustes como fuera posible, en el que están claras las reglas del juego: no pueden incluirse grupos con fines políticos, los sometidos deberán colaborar con la justicia, recibirán penas entre seis y ocho años, mantendrían hasta el 6% de sus bienes y más elementos. El proyecto no prosperó en el Congreso, a pesar de que fue tramitado con “mensaje de urgencia”. Medio año después, esa urgencia parece haber quedado en el pasado, pues el proyecto de ley no ha sido radicado por segunda vez en esta nueva legislatura, que empezó el pasado 20 de julio.
Y, aparte, mientras el rumbo de la Ley de Sometimiento sigue nebuloso, el presidente Petro sorprendió a la ciudadanía con él anunció de la creación de la “Ley de Reconciliación Nacional”, a la cual podrán entrar narcotraficantes. Según el máximo mandatario, se diseñará un articulado para quienes “hayan incursionado en la ilicitud y en la violencia, para que puedan tener un camino y un vivir en la nación colombiana”. Danilo Rueda respondió a medios que es un plan con futuro, pues la Comisión de la Verdad lo recomendó. Y el ministro Osuna, aunque aclaró que esa propuesta apenas nace, espera que “se haga realidad”. Entre tanto, la Ley de Sometimiento sigue lista para ser debatida y el Gobierno quiere una victoria segura en el Congreso, agregándole ideas de Justicia y Paz. Los criminales, por su parte, llevan un año jugando a la paz, pero sin reglas.
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El tiempo va contando y los grupos criminales no tienen una ley oficial que les permita saber a ciencia cierta lo que les espera. Como le dijo a este diario el congresista Ariel Ávila, ponente del proyecto, “no hay un marco jurídico todavía. Por ende, si hay un proceso de sometimiento, no hay cómo recibir a las organizaciones. Ese es el caso de Los Shotas y los Espartanos (criminales que dominan Buenaventura) y las Autodefensas de la Sierra Nevada, que quieren entrar al proceso, pero no hay cómo recibirlos”. Aun así, Ávila argumenta que todo está a medio camino, pues el presidente sí sancionó la “Ley de Orden Público” el año pasado, la cual, en pocas palabras, incluyó en las leyes la posibilidad de que la Paz Total, sus proyectos y gestiones, sea una realidad.
Al ser consultado por El Espectador, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, reconoce que lo ideal sería dialogar con los grupos criminales con una ley de sometimiento en firme y que, si fuera por él, la radicaría mañana mismo. Sin embargo, Osuna asegura que el proyecto permanece congelado por distintas variables y una de ellas depende de su colega, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. El mismo jefe de cartera encargado de buscar el apoyo político en el Congreso a favor de los proyectos de ley de Gobierno. “El ministro del Interior será el que decida si se presenta esta semana, este mes, después de las elecciones. Mi criterio es: cuanto más pronto tengamos ese marco jurídico claro, mejor”, dijo Osuna.
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El ministro de Justicia, por otro lado, señaló que otra de las variables por las cuales el proyecto no ha sido radicado es porque el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, sería quien, en últimas, definirá qué tan urgente es contar con el marco jurídico del sometimiento. Él es quien adelanta los diálogos. Por otro lado, las actividades políticas propias de las elecciones regionales podrían frenar el proyecto si se presenta antes de octubre, mes de los sufragios. Al final, como lo reconocen tanto el ponente Ariel Ávila como el ministro Osuna, la respuesta podría estar en una propuesta que tomará más tiempo en ser diseñada, pero que podría ayudar a superar la barrera de las mayorías en el Congreso: apuntar a Justicia y Paz, creada en 2005 para el desarme masivo paramilitar.
“Son muchísimas las voces, de congresistas y del mismo Alto Comisionado para la Paz, que consideran que es preferible ver la posibilidad de una ampliación o adaptación de la Ley de Justicia y Paz, la cual pudiera servir de un mejor marco jurídico para estas estructuras criminales. Sin embargo, mi preferencia es el proyecto de ley que presentamos, porque está pensado en juicios colectivos. Justicia y Paz tiene que hacer los juzgamientos individuales y es ha congestionado mucho el sistema”, concluyó el ministro Osuna. Ariel Ávila, por su parte, prometió que este año se presentará, sí o sí el proyecto, bien sea el que se radicó a principio de año o ese mismo con una ampliación de Justicia y Paz.
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Por Jhoan Sebastian Cote
