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En la mañana de este viernes 25 de julio se reportó que en el departamento del Cauca fueron liberados los nueve funcionarios públicos que habían sido secuestrados el pasado 17 de julio por las disidencias de las Farc, comandadas por alias “Iván Mordisco”. En las primeras imágenes se ve a las siete mujeres y dos hombres acompañados de hombres fuertemente armados, justo en el lugar en el que se dio la liberación.
Según la información que se conoce hasta el momento, la entrega de los secuestrados se dio en un lugar de la costa pacífica caucana en el que hubo despliegue temporal de la Fuerza Pública para garantizar las condiciones de seguridad necesarias para la liberación. Una comisión humanitaria, liderada por la Defensoría del Pueblo, acompañó el proceso y recibió a los nueve funcionaros de la Gobernación del Cauca.
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Las nueve personas serán trasladadas a Popayán, para recibir la respectiva valoración médica. No obstante, la información preliminar indica que todos se encuentran en buen estado de salud. Desde el pasado 22 de julio la atención estaba puesta sobre su liberación, que había sido anunciada por las disidencias de las Farc. A través de una misiva, el grupo comandado por “Iván Mordisco” puso varias condiciones para la entrega y el proceso se frenó.
Sobre el secuestro de Eivar Alonso Guerrero Anaya, Sergio Andrés López Gómez, Angélica María Barona, Leydi Rocío Guengue, Paola Andrea Maca Chávez, Mónica Alexandra Bambague, Manuela Caicedo Arango, María Elizabeth López y Elizabeth Yangana, las autoridades señalaron en su momento que estaban llevando la oferta institucional de la Gobernación del Cauca al municipio de López de Micay, cuando fueron secuestrados.
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Poco después de la retención, sobre las 4:00 de la tarde del 17 de julio, la facción disidente comandada por alias “Iván Mordisco” emitió un comunicado en el que se atribuyó la responsabilidad del secuestro. El hecho causó de inmediato el rechazo de las autoridades. “La institucionalidad no puede ser confundida con la guerra, ni los servidores públicos convertidos en rehenes”, dijo en su momento Octavio Guzmán, gobernador del Cauca.
El Estado Mayor Bloque Occidental, señaló en el comunicado en el cual aceptaron la responsabilidad del hecho que los funcionarios “estaban haciendo entrega e instalación de equipos militares a miembros del Ejército Nacional”. Estos equipos, según el grupo armado, tendrían el objetivo de derribar drones, justo en una zona en la que desde el 12 de octubre de 2024 se adelanta la Operación Perseo de las Fuerzas Militares contra ese grupo.
Las disidencias incluso agregaron en su comunicado de ese momento que los equipos que iba a entregar los funcionarios habrían sido comprados a través de un proyecto y un contrato celebrado por la Gobernación del Cauca, que tiene el objetivo de ejecutarse en todos sus municipios y habría costado al menos $4.100 millones. No obstante, esos detalles contractuales no han fueron confirmados por la administración departamental en ningún momento.
Un par de días después del secuestro, el mismo grupo armado emitió un nuevo comunicado en el que le puso una serie de condiciones a las autoridades, con el objetivo de agilizar lo que denominaron su “protocolo” para la liberación de los nueve contratistas. De paso, reiteraron sus señalamientos al gobernador Guzmán, sobre presunta participación en proyectos irregulares de Minería en el macizo colombiano.
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En esa misiva, las disidencias de las Farc dijeron que, a pesar de que en una comunicación interna la Gobernación del Cauca informó que ya no iban a continuar con el proyecto de aprovisionamiento de tecnología militar, aún había desconfianza, por lo que restringieron el ingreso de cualquier funcionario de la entidad a su territorio. Pidieron además “replegarse durante 72 horas para así garantizar las condiciones mínimas de seguridad”.
De paso, el grupo armado señaló la presunta relación que el comandante de la Tercera División del Ejército, el general Federico Mejía, tendría con grupos paramilitares allí, con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Autodefensas Campesinas de Ortega. El grupo armado aseguró que el general habría realizado operaciones coordinadas “con el Frente Manuel Vásquez Castaño, donde han asesinado a varios civiles”.
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La lista de condiciones puestas por las disidencias de las Farc terminó siendo el palo en la rueda para la liberación pronta de los funcionarios. El proceso se frenó y, luego de ocho días en cautiverio, la Defensoría del Pueblo confirmó que con la intervención humanitaria se logró finalmente la liberación. De paso, la defensora Iris Marín envió un mensaje a los grupos armados. “Hacemos un llamado a cumplir su obligación de respetar a la población civil y el Derecho Internacional Humanitario”, dijo la funcionaria.
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