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El Gobierno socialista de Felipe González había intentado que el narcotraficante colombiano Gilberto Rodríguez Orejuela, capturado en España, no fuera enviado a Colombia sino a Estados Unidos.
El diario español El País, en su versión de internet reseña la reacción del jefe del Gobierno español al conocer la decisión del Tribunal Supremo.
Los pormenores del caso judicial están relatados en el libro ¿Aún podemos entendernos?
“Antonio, acabáis de poner en libertad a un hijo de perra, un asesino, un criminal”, espetó Felipe González a Antonio Hernández Gil, presidente del Tribunal Supremo, cuando en 1986 la Sala de Conflictos de este tribunal decidió, por cinco votos contra uno, extraditar a Colombia al narcotraficante Gilberto Rodríguez Orejuela, dice el informe del diario español.
Recuerda que “el Gobierno socialista había intentado que el narco fuera enviado a Estados Unidos, país que también pedía su entrega, y planteó un conflicto de jurisdicción contra la decisión de la Audiencia Nacional de entregarlo a su país de origen”.
El libro que firman González, Miquel Roca y Lluís Bassets relata que el expresidente del Ejecutivo había advertido que “algunos amigos suyos (de Orejuela) intentaban obtener su libertad provisional pagando lo que hiciera falta e incluso tocaron determinadas teclas, en una apuesta que llegó muy alta y en un juego sucio muy típico de esa guerra completamente desigual contra el narcotráfico”,.
Las sospechas y temores del Gobierno se cumplieron y tanto Rodríguez Orejuela como su compatriota José Luis Ochoa fueron puestos en libertad poco tiempo después de llegar a Colombia, recuerda el rotativo en su página web.
Precisa el informe que en el juego sucio del que habla el expresidente, algunos aseguran que se movió mucho dinero y afirman, aunque sin aportar pruebas, que se compró la controvertida decisión judicial. Así lo afirma Fernando Rodríguez, hijo de Orejuela, en su libro El hijo del Ajedrecista.
El País reseña que John Jairo Velázquez, antiguo jefe de sicarios del cartel de Medellín, declaró en diciembre pasado a la emisora RCN que se sacaron 30 millones de dólares “del fondo de los extraditables” para salvar a Ochoa y a Rodríguez Orejuela y así evitar su entrega a Colombia.
Rodríguez Orejuela y Ochoa fueron detenidos el 15 de noviembre de 1985 cuando salían con sus esposas de un piso de la calle del General Oraá, de Madrid.
Uno de los letrados del equipo que defendió a los narcotraficantes, 26 años después confesó que: “Al final del proceso, alguien me dijo algo sobre pagos a un juez. Fue tomando un café con uno de los abogados. Comentó que los colombianos habían comprado a un juez. Yo no me lo creí entonces ni ahora”.
Recuerda el diario que se equipo de letrados lo integraban Joaquín Ruiz Giménez Aguilar, Enrique Gimbernat, Miguel Bajo, Juan Garcés y Carlos Cuenca, entre otros.
Fernando Ledesma, entonces ministro de Justicia, lo recuerda así: “Teníamos temores fundados de lo que podía ocurrir, que podían quedar en libertad, y los hechos nos dieron la razón. Sabíamos que un juicio a esta gente con todas las garantías solo sería posible si se accedía a la petición de los Estados Unidos”, dice el informe del diario.
Orejuela fue años más tarde detenido por tráfico de drogas en su país y entregado a EE.UU. donde paga una larga condena, junto con su hermano Miguel.
Por El Espectador
