Líderes de DD.HH. rechazan posible investigación a Alberto Castilla y Germán Carlosama

Casi 300 firmas logró conseguir una carta en la que los firmantes rechazaron la petición que le hizo la Fiscalía a la Corte Suprema de Justicia para que investigue a los congresistas Alberto Castilla y Germán Carlosama por, supuestamente, tener vínculos con el Eln. El anunció se conoció apenas hace un día y la misiva que firmaron organizaciones sociales, políticas, de defensoras derechos humanos, congresistas, académicos, y hasta miembros de la comunidad internacional, está circulando a buen ritmo en redes sociales.

(Aquí puede leer la carta completa)

“Nuevamente en Colombia somos testigos de la infamia del señalamiento y la persecución judicial contra líderes sociales que luchan por la transformación de las condiciones de inequidad que han sido el pan de cada día en caseríos, pueblos y ciudades”, se lee en la carta, en donde los firmantes plasmaron varios hechos de las hojas de vida de los señalados por la Fiscalía de estar relacionados directamente con la guerrilla. Por un lado, recordaron que Castilla comenzó su carrera política en el Catatumbo, en el municipio en donde nació: Convención.

(En contexto: Fiscalía pide a Corte investigar a dos congresistas por vínculos con ELN).

“Lo respaldamos (a Castilla) por su incansable trabajo como defensor de derechos humanos y líder social que inició por el año 1985 de la mano de los procesos comunales de Convención, del que fue concejal en 1995 y alcalde encargado en 2001”, señala la misiva, en donde también se reconoce su trabajo para recomponer “el tejido social de la comunidad por la incursión brutal del paramilitarismo en esta región”.

Al taita German Bernardo Carlosama, como lo llaman quienes saben de su papel de liderazgo en las comunidades indígenas de Nariño, la carta recuerda que es integrante de las Autoridades Indígenas de Colombia (AICO) y reconoce su trabajo comunitario desde su Resguardo del Gran Mallama, “defendiendo los principios heredados de nuestros mayores, siempre actuando de manera propositiva y aportando al debate constructivo que busca la defensa los derechos de las comunidades indígenas”.

(Le puede interesar: ¿Quién es el senador que podría ser investigado por supuestos vínculos con el Eln?)

Entre los firmantes está: la Asociación Minga; el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo; la Comisión de Justicia y Paz; el Comité Noruego de Solidaridad con América Latina; la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (Cceeu); la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (Credhos); la Unión Sindical Obrera (USO); así como personajes como el senador Iván Cepeda, los representantes a la Cámara, Alirio Uribe y Víctor Javier Correa, y el académico Víctor de Currea Lugo.

“Con la fuerza de la palabra y con su compromiso constante con el movimiento social y los reclamos campesinos, indígenas, populares y comunitarios, ambos le han apostado decididamente a la solución política y dialogada del conflicto armado y a la construcción de paz desde los territorios”, dice la misiva, en donde además los firmantes rechazan “las acusaciones temerarias realizadas por la Fiscalía”.

Para quienes accedieron a aparecer con su firma en la misiva, “estos señalamientos hacen parte de la sistemática estrategia de criminalización de los liderazgos sociales y contrasta con la abierta inoperancia de las instituciones estatales que mantienen la impunidad en los casos de agresiones contra quienes defienden los derechos humanos en Colombia”.

Casi 300 firmas logró conseguir una carta en la que los firmantes rechazaron la petición que le hizo la Fiscalía a la Corte Suprema de Justicia para que investigue a los congresistas Alberto Castilla y Germán Carlosama por, supuestamente, tener vínculos con el Eln. El anunció se conoció apenas hace un día y la misiva que firmaron organizaciones sociales, políticas, de defensoras derechos humanos, congresistas, académicos, y hasta miembros de la comunidad internacional, está circulando a buen ritmo en redes sociales.

(Aquí puede leer la carta completa)

“Nuevamente en Colombia somos testigos de la infamia del señalamiento y la persecución judicial contra líderes sociales que luchan por la transformación de las condiciones de inequidad que han sido el pan de cada día en caseríos, pueblos y ciudades”, se lee en la carta, en donde los firmantes plasmaron varios hechos de las hojas de vida de los señalados por la Fiscalía de estar relacionados directamente con la guerrilla. Por un lado, recordaron que Castilla comenzó su carrera política en el Catatumbo, en el municipio en donde nació: Convención.

(En contexto: Fiscalía pide a Corte investigar a dos congresistas por vínculos con ELN).

“Lo respaldamos (a Castilla) por su incansable trabajo como defensor de derechos humanos y líder social que inició por el año 1985 de la mano de los procesos comunales de Convención, del que fue concejal en 1995 y alcalde encargado en 2001”, señala la misiva, en donde también se reconoce su trabajo para recomponer “el tejido social de la comunidad por la incursión brutal del paramilitarismo en esta región”.

Al taita German Bernardo Carlosama, como lo llaman quienes saben de su papel de liderazgo en las comunidades indígenas de Nariño, la carta recuerda que es integrante de las Autoridades Indígenas de Colombia (AICO) y reconoce su trabajo comunitario desde su Resguardo del Gran Mallama, “defendiendo los principios heredados de nuestros mayores, siempre actuando de manera propositiva y aportando al debate constructivo que busca la defensa los derechos de las comunidades indígenas”.

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Entre los firmantes está: la Asociación Minga; el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo; la Comisión de Justicia y Paz; el Comité Noruego de Solidaridad con América Latina; la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (Cceeu); la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (Credhos); la Unión Sindical Obrera (USO); así como personajes como el senador Iván Cepeda, los representantes a la Cámara, Alirio Uribe y Víctor Javier Correa, y el académico Víctor de Currea Lugo.

“Con la fuerza de la palabra y con su compromiso constante con el movimiento social y los reclamos campesinos, indígenas, populares y comunitarios, ambos le han apostado decididamente a la solución política y dialogada del conflicto armado y a la construcción de paz desde los territorios”, dice la misiva, en donde además los firmantes rechazan “las acusaciones temerarias realizadas por la Fiscalía”.

Para quienes accedieron a aparecer con su firma en la misiva, “estos señalamientos hacen parte de la sistemática estrategia de criminalización de los liderazgos sociales y contrasta con la abierta inoperancia de las instituciones estatales que mantienen la impunidad en los casos de agresiones contra quienes defienden los derechos humanos en Colombia”.