Lina Escobar y el decisivo momento en el que llega a la Corte Constitucional

Lina Marcela Escobar Martínez es la nueva integrante de la Corte Constitucional. La abogada de la Universidad Pontificia Bolivariana fue elegida el pasado 4 de junio con 82 votos a favor para reemplazar a la magistrada Diana Fajardo, quien cumple su periodo en el alto tribunal este mes. La jurista logró el triunfo sobre sus colegas Lisneider Hinestroza y Myriam Carolina Martínez, con una mayoría aplanadora, que contó con el apoyo de los partidos Liberal, Conservador, Cambio Radical y La U. La nueva magistrada llega al alto tribunal en un momento en el que la Corte Constitucional está en el centro de un debate político y judicial y cuyas decisiones serán trascendentales para la coyuntura del país.

En contexto: Lina Marcela Escobar Martínez es la nueva magistrada de la Corte Constitucional

La abogada antioqueña lo sabe. Durante su intervención ante el Senado cuidó cada coma de su discurso y de las respuestas que dio a los congresistas que quisieron entender cuál es su posición frente a asuntos tan delicados como la separación de poderes y el alcance de las decisiones judiciales en asuntos políticos. Aunque cuidó sus palabras, su hoja de vida da pistas de hacia dónde se inclinan sus ideas jurídicas. En ella se lee que trabajó en la Dirección de Asuntos Indígenas, Minorías y Rom del Ministerio del Interior durante los primeros cuatro años del gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2014) y luego pasó a trabajar en la Comisión Primera de Asuntos Constitucionales del Congreso.

En 2015 volvió a la Rama Judicial, como magistrada auxiliar del despacho de la magistrada Rocío Araújo en el Consejo de Estado. Allí participó en la escritura de la ponencia que terminó sacando a Alejandro Ordóñez de la Procuraduría en 2016, cuando intentó reelegirse como cabeza del Ministerio Público. Luego de su paso por la Rama Judicial, y una breve asesoría externa a la Registraduría, Escobar Martínez volvió al Ejecutivo, en donde asesoró procesos de formación en el Ministerio de Justicia y de Educación, tanto en los años finales del gobierno Santos, como durante los primeros de Iván Duque. Además de estas señales, quienes la conocen no dudan en etiquetarla bajo la categoría de “liberal”.

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Llegada en tiempos decisivos

Por eso mismo, su llegada no cambiaría el equilibrio actual dentro de la Sala Plena, pues llega a reemplazar a Diana Fajardo, quien durante los ocho años en el alto tribunal sostuvo esa postura en decisiones a favor de despenalizar el aborto hasta la semana 24 o permitir la eutanasia a quienes padecen enfermedades graves e incurables. Así, Escobar Martínez llega a sumar su voto al bloque liberal de la Corte, en el que ya están Vladimir Fernández, Héctor Carvajal, José Fernando Reyes, Natalia Ángel y Juan Carlos Cortés; y debilita aún más la tríada más conservadora del alto tribunal, en la que se ubican la magistrada Paola Andrea Meneses y los magistrados Jorge Enrique Ibáñez y Miguel Polo Rosero.

Dentro de los casos del más alto nivel jurídico y político sobre los que tendrá que llegar a debatir y decidir la ahora magistrada Escobar está, por ejemplo, la demanda presentada por la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, contra la reforma pensional. Ese expediente, en el que se juega el futuro de la iniciativa del gobierno Petro, ya tiene una ponencia presentada por el magistrado Ibáñez, actual presidente de la Corte, en la que señala que la norma debe caerse por supuestos vicios de trámite en su paso por el Congreso. El documento ya está en los despachos de cada togado y es de las prioridades del alto tribunal para este año.

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Asimismo, está otro polémico caso de primer nivel: la tutela presentada por el presidente Gustavo Petro contra la decisión del Consejo de Estado que le dio luz verde al Consejo Nacional Electoral (CNE) de investigarlo por supuestas irregularidades en la financiación de su campaña presidencial. Ese expediente cayó en manos del magistrado Vladimir Fernández, su exsecretario jurídico, y quien pidió a la Sala Plena acceder a la petición del jefe de Estado de congelar las pesquisas en su contra hasta que la Corte Constitucional no tomara una decisión de fondo. Fernández ya también tiene lista la ponencia que le pondría punto final a la pelea entre Petro y el CNE sobre la competencia para investigarlo.

Por último, la magistrada Escobar tendría que iniciar desde cero el estudio de un caso que llegará eventualmente a la Corte: la consulta popular del presidente Petro, que será convocada por decreto. Aunque no se ha expedido aún el documento de Presidencia para llamar a las urnas a los colombianos y que voten las 12 preguntas planteadas sobre una reforma laboral, el jefe de Estado anunció que el decreto va, porque va. Incluso, el exfiscal Eduardo Montealegre, unos de los cerebros detrás de la decisión de la Casa de Nariño, habló con El Espectador y vaticinó que todos los caminos, después de que se haga la consulta popular, llevan al alto tribunal.

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Por ahora, a la magistrada Lina Marcela Escobar Martínez le queda esperar que el presidente Petro la designe formalmente para que entre a formar parte de los nueve magistrados que afrontan una importante tarea en este álgido momento: definir, dentro de otras cosas, hasta dónde van los mecanismos de democracia participativa que promulga el jefe de Estado, en la que el pueblo va a las calles y toma decisiones; contra la democracia representativa, en la que las instituciones como el Congreso (elegido por los ciudadanos) toman decisiones que marcan el futuro del país. El alto tribunal queda, en últimas, como árbitro de los límites de la democracia colombiana.

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