El director encargado del Fondo de Previsión Social del Congreso (Fonprecon), Francisco Ramírez Rivera, libra hoy por hoy una batalla jurídica sin precedentes. En las últimas semanas les ha enviado varias comunicaciones a la Fiscalía General de la Nación y al Tribunal Administrativo de Cundinamarca en donde les denuncia a los administradores de justicia una irregularidad mayúscula: el anómalo trámite procesal que terminó favoreciendo al polémico ex congresista Ernesto Lucena Quevedo y que obligó a Fonprecon a pagarle $648 millones hace menos de un mes.
El 22 de mayo pasado, Ramírez Rivera radicó una denuncia penal en la Fiscalía en la que relató en detalle las irregularidades que se presentaron en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca durante el trámite de la acción de nulidad y el restablecimiento de derecho que había instaurado en 2006 Ernesto Lucena Quevedo para obtener una reliquidación de su pensión vitalicia. Según la denuncia, no hubo claridad en el sistema de registro de las actuaciones procesales y, lo que es más grave, a través de una maniobra abiertamente fraudulenta se engañó a Fonprecon haciéndole creer que había ganado el pleito cuando en realidad lo perdió.
Aliado político de Escobar
Ernesto Lucena Quevedo, nacido el 17 de noviembre de 1940, inició su vida política en la Superintendencia Bancaria. Pocos años después, en tiempos del presidente Misael Pastrana, fue nombrado secretario de Gobierno de Bogotá y luego se posesionó como concejal. En 1978 llegó a la Cámara de Representantes y se mantuvo allí hasta 1990. Sin embargo, durante su vida protagonizó más escándalos que debates. La controversia tuvo siempre nombre propio: Pablo Escobar Gaviria. En 1982 el jefe del Nuevo Liberalismo, Luis Carlos Galán, vetó en su colectividad las listas que, en Antioquia, había lanzado el candidato Jairo Ortega Ramírez y su segundo renglón Pablo Escobar. Ambos eran aliados de Lucena.
La polémica no amainó pronto. Los expulsados fueron acogidos por el partido político de Alberto Santofimio Botero –hoy condenado como autor intelectual del magnicidio de Galán– y todos fueron elegidos como congresistas en 1982, en una época plagada de rumores por la entrada de “dineros calientes” al Capitolio Nacional. El capo llegó al Congreso y fue señalado por Galán y por el ex ministro Rodrigo Lara Bonilla –también asesinado por el cartel de Medellín– como un peligroso narcotraficante disfrazado de Robin Hood.
En medio de un país en ebullición por la penetración del narcotráfico, Ortega, Lucena y Santofimio siguieron frecuentando a
Escobar. “Cuando (Escobar) se acercó a la mesa donde los congresistas conversaban y bebían en forma animada –contó el periodista Juan José Hoyos–, todos sin excepción se levantaron como si fuera el 20 de julio y el presidente de la República acabara de hacer su entrada al Salón Elíptico del Capitolio Nacional”. En 1984 Escobar se refugió en la clandestinidad y vino después una ola de narcoterrorismo que espantó al país. Paralelamente Lucena Quevedo bajó su perfil y en 1990 se retiró del Legislativo.
El enredo
El 14 de diciembre de 2001 el Fondo de Previsión Social del Congreso le reconoció pensión vitalicia de jubilación en calidad de ex congresista a Ernesto Lucena Quevedo en una cuantía inicial de $1.385.245. Tres años después un juzgado de Bogotá, al resolver una acción de tutela, ordenó a Fonprecon reliquidar la pensión de Lucena porque estaba muy por debajo de la de otros ex parlamentarios. Ésta quedó en más de $11 millones. No obstante, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá revocó ese fallo. Pero Lucena no se quedó quieto. Le pidió a Fonprecon que revisara su pensión. Su solicitud fue negada.
Entonces, instauró un proceso en el Tribunal de Cundinamarca con un solo propósito: que Fonprecon reajustara su pensión y le cancelara los dineros que, según Lucena, había dejado de percibir de forma retroactiva. Para atender su caso, Lucena le dio poder a un cuestionado abogado, Roberto Miranda Montoya, un hombre condenado por la justicia a 132 meses de prisión por los delitos de falsedad en documentos público y privado, y fraude procesal, por haber defraudado a Fonprecon en $151 millones al seguir cobrando la pensión vitalicia de la esposa de un ex congresista que había fallecido (ver balcón).
La demanda de Lucena en el Tribunal le fue asignada a la sala integrada por los magistrados César Palomino, Carlos Pinzón y Luis Rafael Vergara. El cuatro de octubre de 2007 fallaron a su favor y le ordenaron a Fonprecon reajustar su pensión y, en consecuencia, cancelarle $648 millones. El fallo fue notificado a través de la red interna del sistema de computadores del Tribunal. El abogado de Fonprecon constató que en el proceso de Lucena la página reportaba textualmente lo siguiente: “Fallo: se niegan las súplicas de la demanda”.
En otras palabras, según el sistema de consulta del Tribunal, Lucena había perdido una vez más su caso. Satisfecho por la decisión del Tribunal, el abogado del Fondo de Previsión Social del Congreso no apeló la sentencia y ésta quedó en firme un mes después. Pero la sorpresa de los funcionarios de Fonprecon fue mayúscula cuando les notificaron en del Tribunal que debían cancelarle al ex parlamentario Ernesto Lucena $648 millones por concepto del reajuste en su pensión vitalicia. ¿Qué pasó? Nadie puede explicarlo con total certeza, pero hay algo que es evidente: hubo una anomalía en el sistema de registro interno del Tribunal.
Precisamente, el director de Fonprecon, Francisco Ramírez, en su denuncia a la Fiscalía informó de la llegada de un anónimo a su despacho en el que se relatan presuntos hechos de corrupción en el Tribunal “representados en la alteración realizada a los sistemas de registro de información de la Rama Judicial”. En concreto, sostuvo Ramírez, según el anónimo “se nos puso de presente que al parecer los apoderados de Lucena Quevedo pagaron una suma de dinero a los encargados de manejar el sistema del Tribunal Administrativo de Cundinamarca para que colocaran la información contraria al desarrollo del proceso e impidiera la apelación del fallo por parte de la entidad que representó”.
Y concluyó Ramírez que “la información aportada por el anónimo coincide con las inconsistencias existentes en la revisión hecha al seguimiento del desarrollo del proceso realizada por Fonprecon”. La gravedad de esta denuncia y, sobre todo, la veracidad del anónimo deberán ser examinadas por la justicia. Sin embargo, lo que sí está claro es que el Estado tuvo que
desembolsar $648 millones a un polémico ex parlamentario porque “fue inducido al error en el proceso”, como señaló una fuente cercana al caso. “Si hubiéramos sabido que el Tribunal había fallado en favor del señor Lucena, habríamos apelado, como nos lo permite la ley”.
Pero no sucedió. La sentencia quedó en firme y el ex congresista Lucena recibió hace un mes un cheque por $648 millones. Entre tanto, la Fiscalía indaga esta delicada denuncia y el director de Fonprecon instauró ante el propio Tribunal de Cundinamarca una acción jurídica que busca que se revise el fallo que le otorgó la pensión a Lucena. El argumento fundamental que acompaña su denuncia es uno solo: Fonprecon fue engañado. Pero, ¿por quién?
La condena del abogado de Lucena
El ocho de junio de 2006 el Juzgado 35 Penal del Circuito de Bogotá condenó al abogado Roberto Miranda Montoya a 132 meses de prisión por los delitos de falsedad en documento público, falsedad en documento privado, fraude procesal y estafa agravada.
El 30 de julio de 2003 la señora Akeber María Aduem, esposa del fallecido congresista Enrique Caballero Laufaurie, le solicitó al Fondo de Previsión Social del Congreso que le reconociera la sustitución de la pensión mensual vitalicia de su marido.
Aduem le otorgó un poder al abogado Miranda para que la representara en este caso. Fonprecon accedió y continuó pagándole la mesada pensional a Aduem a través de su abogado. Sin embargo, ella murió en noviembre de 2003 y Miranda siguió cobrando su mesada pensional.
Defraudó al Estado en $150 millones. El DAS reportó la irregularidad y Miranda fue procesado por la justicia. Su caso está en apelación en el Tribunal de Bogotá.