26 Jul 2019 - 1:09 a. m.

Listas de morosos en conjuntos no pueden incluir datos sensibles

La Corte Constitucional precisó que si bien se puede publicar quiénes no han pagado obligaciones, no se pueden incluir datos sensibles.

Redacción Judicial

La Corte dejó intactos dos apartados de la Ley 675 de 2001 sobre el régimen de propiedad horizontal. /  Istock/ Pixabay.
La Corte dejó intactos dos apartados de la Ley 675 de 2001 sobre el régimen de propiedad horizontal. / Istock/ Pixabay.

La Corte Constitucional dejó en firme un apartado del régimen de propiedad horizontal que le permite a los edificios o conjuntos residenciales publicar en zonas comunes, un listado que incluya a las personas morosas. En concreto, personas que tengan deudas por pago de expensas, así como quiénes hayan sido sancionadas por incumplir con obligaciones no pecuniarias.

El tema había llegado al alto tribunal por una demanda que interpuso Ana María Sánchez Quintero, supervisora de la Clínica Jurídica de Interés Público de la Universidad del Rosario alegando que estas normas atentaban contra la vida privada, teniendo en cuenta que se publica información que pueden tener carácter sensible al tener directa relación con la situación económica de las personas.

(Le puede interesar: Cambio regulatorio podría subir los precios de la vivienda)

La presidenta de la Corte Constitucional, magistrada Gloria Ortiz, explicó que estas normas son un canal adecuado en los conjuntos residenciales “para evitar acudir a los jueces como formas de conciliación y evitar conflictos”. No obstante, el alto tribunal, con ponencia de la magistrada Cristina Pardo, hizo una precisión sobre este tipo de publicaciones de listados.

“La Corte declaró la exequibilidad de la publicación de datos sobre deudores, datos sobre infractores, pero sí hizo expresa salvedad que los conjuntos y edificios no están autorizados a publicar datos sensibles, datos que tienen que ver con la información no relevante para la comunidad y, sobre todo, información que tiene que ver con la protección de intimidad de cada propietario o arrendatario”, señaló Ortíz.

En el proceso, la Universidad Libre de Pereira le dijo a la Corte que estas normas eran contrarias a la Constitución porque no era una sanción proporcional. Incluso, consideró que se trata de un trato inhumano, cruel y degradante. La Fundación ProBono consideraba que se debía fijar un proceso en el cual se valorara la publicación para que se ajustara a los mandatos constitucionales frente a la dignidad humana y el debido proceso.

La Procuraduría defendió las normas tal y como estaban, al estimar que si bien la puede contener información privada, esta tiene “como finalidad constitucional la de garantizar la seguridad y convivencia pacífica en los inmuebles sometidos a ella, así como materializar la función social de la propiedad”.

Síguenos en Google Noticias

 

Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta política.