La Unidad de Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia llamó a juicio a los exministros del Interior y de Justicia, Sabas Pretelt de la Vega y de Protección Social Diego Palacio Betancourt, en la investigación que se les adelanta por la llamada ‘Yidispolítica’.
Según la decisión de la Fiscalía, los exministros habrían incurrido en el delito de cohecho, por supuestamente haber ofrecido una serie de dádivas a un grupo de congresistas para que avalaran en 2004 el proyecto que buscaba la reelección de Álvaro Uribe Vélez. La decisión también cobija al exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República Alberto Velásquez Echeverry.
En el caso del exdirector secretario general de Presidencia, Bernardo Moreno, se declaró la nulidad de lo actuado a partir inclusive del cierre de la investigación de fecha 12 de septiembre de 2011, por considerar que debe ser escuchado en ampliación de indagatoria por el presunto delito de tráfico de influencias, "en aras de garantizarle un adecuado ejercicio del derecho a la defensa", precisa la Fiscalía.
Es de precisar que diferentes situaciones procesales dilataron el trámite de estas investigaciones, entre ellas, los impedimentos del exfiscal Mario Iguarán Arana y del exvicefiscal Juan Carlos Forero Ramírez.
Además de la nulidad de la acusación contra el exministro Sabas Eduardo Pretelt de la Vega decretada por la Corte Suprema de Justicia y la nulidad del cierre de la investigación seguida contra el ex Ministro Diego Palacio Betancourt y otros, por falta de competencia del exvicefiscal Fernando Pareja Reinemer para adoptar dicha determinación.
La participación de Sabas Pretelt
Según la investigación que se adelanta desde 2007, fue Sabas Pretelt quien lideró una comisión del Ejecutivo encargada de hacer ofrecimientos extralegales a congresistas, a fin de conseguir el apoyo necesario para evitar que se hundiera el proyecto de acto legislativo que buscaba el aval para que Álvaro Uribe se presentara a las elecciones presidenciales de 2006 siendo jefe del Estado.
Aunque la iniciativa estaba a punto de claudicar por falta de respaldo en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, un sorpresivo apoyo de la entonces congresista Yidis Medina puso a salvo la iniciativa en junio de 2004, lo que significó la primera cuota de la reforma constitucional a través de la cual Uribe logró permanecer durante cuatro años más en la Presidencia de la República.
El representante Germán Navas Talero, a sabiendas de que el Partido Conservador, del cual hacía parte Medina, había decidido no apoyar el proyecto, consideró sospechoso el cambio de planes de la parlamentaria y elevó una queja formal ante la Procuraduría, alegando que había sido a través del ofrecimiento de dádivas por parte de emisarios del Gobierno que la legisladora había decidido darle el sí a la reelección a última hora.
La entonces representante a la Cámara negó haber recibido ofrecimientos en ese entonces y nada pudo probarse en primera instancia, pero una declaración suya ante medios de comunicación, ‘como seguro de vida’, en caso de que no le cumplieran con la materialización de los ofrecimientos, provocó que la verdad saliera a flote. La exparlamentaria, que admitió haber accedido a cambiar su voto por una Notaría, fue condenada, al lado de Iván Díaz Mateus, titular de la curul que ella ocupaba; y del también exrepresentante conservador Teodolindo Avendaño, que se ausentó de la audiencia definitiva para favorecer los objetivos pro reeleccionistas.
Así las cosas, la Fiscalía General de la Nación abrió investigación en contra del exministro Sabas Pretelt de la Vega, quien estando al frente de la Embajada de Colombia en Italia, fue acusado formalmente del delito de cohecho impropio, por considerar altamente probable que hubiera hecho ofrecimientos extralegales a Yidis Medina para sacar avante la iniciativa.
La Procuraduría, que en la primera parte de la investigación decidió absolver a los funcionarios del Ejecutivo que fueron objeto de las quejas disciplinarias de Navas Talero, terminó destituyendo e inhabilitando para el ejercicio de la función pública al exministro por 12 años, lo que provocó su renuncia al cargo diplomático que ocupaba en territorio europeo y su posterior retorno al país.
Por El Espectador
