Llaman a juicio a tres policías por manipulación de pruebas en caso grafitero
La Fiscalía General radicó el escrito de acusación.
El Espectador
Ante el centro de servicios del complejo judicial de Paloquemao, la Fiscalía General radicó el escrito de acusación en contra de tres miembros de la Policía y dos civiles por su presunta participación en la manipulación de la escena del crimen en el caso del joven grafitero, Diego Felipe Becerra en hechos registrados el 19 de agosto de 2011.
Con esta acción se formalizó el llamado a juicio al subteniente de la Policía Rosemberg Madrid Orozco, el subintendente Juan Carlos Leal Barrero, el patrullero Nelson Daniel Rodríguez Castillo, así como el abogado Héctor Hernán Ruiz Echevarría y el conductor de buseta Jorge Eliécer Narváez.
Estas personas tendrán que responder por supuestamente haber participado en la ubicación de un arma de fuego en el lugar de los hechos, la cual mediante testimonios de los mismos fue adjudicada al joven de 16 años quien fue acusado de haberle disparado al patrullero Wilmer Alarcón en extraños hechos que son materia de investigación.
El conductor de la buseta es investigado por haber acusado en diferentes medios de comunicación al joven grafitero de haberlo atracado en compañía de dos amigos cuando en la calle 106 con avenida Suba. (Ver A la cárcel tres policías y dos civiles implicados en caso grafitero)
Por estos hechos, estas personas tendrán que responder por los delitos de tráfico, fabricación y porte de armas de fuego agravado, alteración de elemento material probatorio, fraude procesal, falsedad ideológica en documento publico agravado por el uso y favorecimiento al homicidio.
Las pruebas de la Fiscalía
En este proceso la Fiscalía tiene una serie de pruebas documentales y testimoniales que indican que el arma que fue hallada por agentes del CTI fue “plantada” en el lugar.
Según las investigaciones adelantadas los agentes del CTI que llegaron al lugar de los hechos no registraron la presencia de un arma de fuego, por lo que llama la atención que tres horas de primer informe se hiciera alusión a una pistola "que apareció extrañamente en el lugar".
"Existen contradicciones en las declaraciones entregadas por Alarcón y lo encontrado en la escena del crimen", indicó el fiscal haciendo referencia a que el patrullero siempre aseguró en el comienzo que "creía" que el joven tenía un arma de fuego.
Igualmente se indica que en las pruebas técnicas precisadas al lugar se pudo encontrar que el arma que fue encontrada "después" por los uniformados que llegaron a la escena de crimen "no funcionaba puesto que tenía fallas".
En este sentido la Fiscalía indicó que según las pruebas adelantadas por el CTI de la Fiscalía y Medicina Legal la pistola no servia y que para dispararla "se tenía que ser un experto en el manejo de armas, pues la bala se tenía que ubicar de manera manual".
Los tres jóvenes que acompañaron a Diego Felipe Becerra indicaron que pese a que el uniformado los revisó en un primer momento y pudo constatar que no portaban ninguna arma de fuego ni corto punzante, sin embargo el patrullero emprendió una persecución por varias cuadras hasta que sonó un disparo.
“Yo lo vi en el piso y me dijo ‘no siento las piernas’ entonces yo me volteé y le dije al patrullero que por qué hizo eso. Creo que Diego Felipe estaba agonizando, cuando le di la vuelta vi que tenía una herida. Tenía un ‘quemonazo’, le dije que a quién se le ocurría disparar a esa distancia, no entendía si le había disparado un balín”, indicó.
Las incongruencias
Valiéndose en las pruebas técnicas y científicas practicadas, así como los testigos que declararon, se pudo comprobar que en ningún momento se presentó un intercambio de disparos como lo señaló Alarcón en su interrogatorio.
Prueba de esto es que los vecinos del sector y personas que pasaban por el lugar escucharon un solo disparo, señalando así que en ningún momento el joven le disparó al uniformado, quien en varias oportunidades ha señalado que actuó en defensa propia.
Y es que además los peritos del CTI que llegaron al lugar de los hechos no encontraron muestras que indicaran un intercambio de disparos puesto que no se encontraron registros de balas, disparos o cartuchos.
Ante esto, las pruebas técnicas indicaban que el joven había recibido un disparo de espaldas, puesto que el registro del ingreso de la bala indica que Diego Felipe fue herido mortalmente cuando corría.
Pese a que el patrullero le aseguró a los otros uniformados que llegaron al lugar antes de trasladar a Diego Felipe a la clínica Shaio de Bogotá que había un arma en el lugar, los peritos del CTI e incluso los mismos patrulleros no registraron la presencia de dicho objeto “pese a lo fácil que era ubicarlo de haber estado ahí”.
En horas de la noche, el abogado Héctor Ruiz llegó y se reunió con otro grupo de policías que estaban en la escena del crimen. En esos momentos se enfrentó a los agentes del CTI que estaban solicitando el informe de primer respondiente que debía entregar el entonces intendente Juan Carlos Leal.
La falsa denuncia
Igualmente la Fiscalía indicó que el conductor del bus, Jorge Narváez incurrió en serias contradicciones durante sus declaraciones sobre el tiempo, modo y lugar en el que se registraron los hechos del supuesto atraco protagonizado por Diego Felipe y tres amigos.
En este sentido el fiscal aseguró que no se entiende cómo Narváez dijo que el atraco había sido el 19 de agosto, sin embargo cuando se demostró que ese día el bus tenia pico y placa aseguró que había sido el día anterior, acusando a la persona de recibir la denuncia de cambiar la fecha.
Sin embargo, precisó en su exposición, este cambio en su declaración afectó todos los hechos narrados en un inicio, puesto que él fue la persona que le dio aviso, supuestamente, a los uniformados quienes iniciaron la persecución del joven de 16 años y sus compañeros.
Según el fiscal, aseguró que los pasajeros habían dado los nombres, número de Cedula y teléfonos a los uniformados del CAI de Andes de Suba, sin embargo dichosregistros nunca aparecieron cuando se hicieron las respectivas inspecciones.
Igualmente se conoció que una teniente de la Policía de nombre Nancy le dio la orden a un uniformado de un CAI Móvil para que se desplazara a la localidad del 20 de Julio a recibir una denuncia el día martes 23 de Agosto.
En ese momento el uniformado se encontró con Jorge Narváez en una cafetería de dicho barrio, ahí llegó el entonces comandante de la Policía Metropolitana, general Francisco Patiño quien se quedó hablando con el conductor de la buseta por más de 10 minutos.
Ante el centro de servicios del complejo judicial de Paloquemao, la Fiscalía General radicó el escrito de acusación en contra de tres miembros de la Policía y dos civiles por su presunta participación en la manipulación de la escena del crimen en el caso del joven grafitero, Diego Felipe Becerra en hechos registrados el 19 de agosto de 2011.
Con esta acción se formalizó el llamado a juicio al subteniente de la Policía Rosemberg Madrid Orozco, el subintendente Juan Carlos Leal Barrero, el patrullero Nelson Daniel Rodríguez Castillo, así como el abogado Héctor Hernán Ruiz Echevarría y el conductor de buseta Jorge Eliécer Narváez.
Estas personas tendrán que responder por supuestamente haber participado en la ubicación de un arma de fuego en el lugar de los hechos, la cual mediante testimonios de los mismos fue adjudicada al joven de 16 años quien fue acusado de haberle disparado al patrullero Wilmer Alarcón en extraños hechos que son materia de investigación.
El conductor de la buseta es investigado por haber acusado en diferentes medios de comunicación al joven grafitero de haberlo atracado en compañía de dos amigos cuando en la calle 106 con avenida Suba. (Ver A la cárcel tres policías y dos civiles implicados en caso grafitero)
Por estos hechos, estas personas tendrán que responder por los delitos de tráfico, fabricación y porte de armas de fuego agravado, alteración de elemento material probatorio, fraude procesal, falsedad ideológica en documento publico agravado por el uso y favorecimiento al homicidio.
Las pruebas de la Fiscalía
En este proceso la Fiscalía tiene una serie de pruebas documentales y testimoniales que indican que el arma que fue hallada por agentes del CTI fue “plantada” en el lugar.
Según las investigaciones adelantadas los agentes del CTI que llegaron al lugar de los hechos no registraron la presencia de un arma de fuego, por lo que llama la atención que tres horas de primer informe se hiciera alusión a una pistola "que apareció extrañamente en el lugar".
"Existen contradicciones en las declaraciones entregadas por Alarcón y lo encontrado en la escena del crimen", indicó el fiscal haciendo referencia a que el patrullero siempre aseguró en el comienzo que "creía" que el joven tenía un arma de fuego.
Igualmente se indica que en las pruebas técnicas precisadas al lugar se pudo encontrar que el arma que fue encontrada "después" por los uniformados que llegaron a la escena de crimen "no funcionaba puesto que tenía fallas".
En este sentido la Fiscalía indicó que según las pruebas adelantadas por el CTI de la Fiscalía y Medicina Legal la pistola no servia y que para dispararla "se tenía que ser un experto en el manejo de armas, pues la bala se tenía que ubicar de manera manual".
Los tres jóvenes que acompañaron a Diego Felipe Becerra indicaron que pese a que el uniformado los revisó en un primer momento y pudo constatar que no portaban ninguna arma de fuego ni corto punzante, sin embargo el patrullero emprendió una persecución por varias cuadras hasta que sonó un disparo.
“Yo lo vi en el piso y me dijo ‘no siento las piernas’ entonces yo me volteé y le dije al patrullero que por qué hizo eso. Creo que Diego Felipe estaba agonizando, cuando le di la vuelta vi que tenía una herida. Tenía un ‘quemonazo’, le dije que a quién se le ocurría disparar a esa distancia, no entendía si le había disparado un balín”, indicó.
Las incongruencias
Valiéndose en las pruebas técnicas y científicas practicadas, así como los testigos que declararon, se pudo comprobar que en ningún momento se presentó un intercambio de disparos como lo señaló Alarcón en su interrogatorio.
Prueba de esto es que los vecinos del sector y personas que pasaban por el lugar escucharon un solo disparo, señalando así que en ningún momento el joven le disparó al uniformado, quien en varias oportunidades ha señalado que actuó en defensa propia.
Y es que además los peritos del CTI que llegaron al lugar de los hechos no encontraron muestras que indicaran un intercambio de disparos puesto que no se encontraron registros de balas, disparos o cartuchos.
Ante esto, las pruebas técnicas indicaban que el joven había recibido un disparo de espaldas, puesto que el registro del ingreso de la bala indica que Diego Felipe fue herido mortalmente cuando corría.
Pese a que el patrullero le aseguró a los otros uniformados que llegaron al lugar antes de trasladar a Diego Felipe a la clínica Shaio de Bogotá que había un arma en el lugar, los peritos del CTI e incluso los mismos patrulleros no registraron la presencia de dicho objeto “pese a lo fácil que era ubicarlo de haber estado ahí”.
En horas de la noche, el abogado Héctor Ruiz llegó y se reunió con otro grupo de policías que estaban en la escena del crimen. En esos momentos se enfrentó a los agentes del CTI que estaban solicitando el informe de primer respondiente que debía entregar el entonces intendente Juan Carlos Leal.
La falsa denuncia
Igualmente la Fiscalía indicó que el conductor del bus, Jorge Narváez incurrió en serias contradicciones durante sus declaraciones sobre el tiempo, modo y lugar en el que se registraron los hechos del supuesto atraco protagonizado por Diego Felipe y tres amigos.
En este sentido el fiscal aseguró que no se entiende cómo Narváez dijo que el atraco había sido el 19 de agosto, sin embargo cuando se demostró que ese día el bus tenia pico y placa aseguró que había sido el día anterior, acusando a la persona de recibir la denuncia de cambiar la fecha.
Sin embargo, precisó en su exposición, este cambio en su declaración afectó todos los hechos narrados en un inicio, puesto que él fue la persona que le dio aviso, supuestamente, a los uniformados quienes iniciaron la persecución del joven de 16 años y sus compañeros.
Según el fiscal, aseguró que los pasajeros habían dado los nombres, número de Cedula y teléfonos a los uniformados del CAI de Andes de Suba, sin embargo dichosregistros nunca aparecieron cuando se hicieron las respectivas inspecciones.
Igualmente se conoció que una teniente de la Policía de nombre Nancy le dio la orden a un uniformado de un CAI Móvil para que se desplazara a la localidad del 20 de Julio a recibir una denuncia el día martes 23 de Agosto.
En ese momento el uniformado se encontró con Jorge Narváez en una cafetería de dicho barrio, ahí llegó el entonces comandante de la Policía Metropolitana, general Francisco Patiño quien se quedó hablando con el conductor de la buseta por más de 10 minutos.