El gobierno nacional, a través del Ministerio de Justicia y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, acudió con papel y lápiz a una de las celdas del patio de extraditables de la cárcel La Picota de Bogotá. Allí, funcionarios hablaron con Andrés Felipe Marín, alias Pipe, quien lleva la mitad de su vida entre cárceles y, a pesar de estar preso, es el verdadero verdugo de Tuluá, la segunda ciudad del Valle. Como jefe de la banda criminal La Inmaculada, ordena asesinatos, amedrenta guardias, gestiona la extorsión y pide la cabeza de altos funcionarios de la talla del Concejo o la Alcaldía de Tuluá. Alias Pipe duró dos años pidiendo una cita con el gobierno. Como no lo habían escuchado, ordenó sangre, hasta que lo logró.
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La cita fue el pasado 6 de junio, con la presencia de dos funcionarios de respectivas oficinas. No ha sido publicada información oficial de lo sucedido, además de una carta enviada a la W Radio, en la que alias Pipe se compromete a divulgar avances únicamente a través de ese medio y a no ordenar muertes violentas en Tuluá durante un mes, como gesto de agradecimiento. Fuentes de La Picota y de alto gobierno, cercanos a la reunión, concordaron en charla con El Espectador que, por ahora, en este ajedrez de la paz total con La Inmaculada, la posición gubernamental es de escucha. Se evalúan las posibilidades, teniendo claro que, como máximo, a favor del grupo solo procede un proceso de sometimiento, al carecer de fin político.
Pero, alias Pipe quiere mucho más. Lleva toda una vida en la cárcel y quiere “oportunidades”. La libertad para él y sus segundos. Ser un ciudadano apto para la vida en sociedad, la cual le es esquiva por una condena a 30 años de prisión y más requerimientos acordes con su historial judicial en Tuluá. La ciudad donde, generalmente, no se aprieta un gatillo sin su permiso. Donde los comerciantes se ven obligados a dividir ganancias con sus sicarios, en su mayoría jóvenes sin otro proyecto de vida. “Desmantelamos La Inmaculada a cambio de oportunidades. Nosotros ya mandamos una propuesta. Que nos escuchen. Desde aquí nosotros tenemos injerencia para darle paz a Tuluá”, dijo en entrevista con su medio elegido.
En escena ha aparecido Julio Sánchez Cristo, director de La W, quien ha asegurado tener en sus manos el primer borrador de propuesta de La Inmaculada, que cambió su nombre a “La Paz del Norte del Valle”. Sánchez detalló que alias Pipe prometió develar la columna vertebral de su estructura a partir de un “inventario”. Que entregarán sus niños y jóvenes al ICBF, para brindarles nuevas oportunidades fuera del crimen. Y que 80 armas, entre ellas 20 de largo alcance y un lanzacohetes, serán puestos a disposición de las autoridades. “Además, proponemos que se realice la feria de Tuluá para la cual aseguramos la seguridad y el bienestar de todos los asistentes a la Feria”, fue otro de los compromisos.
Este diario se comunicó con los principales interesados en la propuesta de alias Pipe: la Alcaldía de Tuluá. La administración dirigida por Gustavo Vélez, quien, como lo confesó el líder criminal, iba a ser asesinado en su rendición de cuentas de 100 días al cargo, el pasado 29 de abril. El mismo día que acribillaron al concejal Carlos Arturo Londoño. Para la sorpresa de la Alcaldía, no conocen ninguna propuesta o borrador de propuesta. “Toca esperar que el gobierno nacional nos diga cual es la idea que tiene La Inmacula y hasta donde están dispuestos a llegar con una banda de delincuencia común”, le dijo a este diario Robert Posada, secretario de Desarrollo Institucional de Tulúa, y uno de los hombres más cercanos a Vélez.
La expectativa de la ciudadanía en Tuluá, según la administración local, es alta y cada paso es delicado para su gente. Negociar con alias Pipe significa tener una conexión directa con el mismo hombre que hace años desangra el capital de los comerciantes, controla el microtráfico que sume a la juventud en un negocio de vida o muerte, y quien logró cooptar la Secretaría de Transporte, como demuestran recientes resultados de la Policía del Valle. “Hay muchas víctimas de por medio y muchas familias destruidas. Ustedes no se alcanzan a imaginar lo que siente uno cuando vienen los ciudadanos y lloran en nuestra oficina, por culpa de La Inmaculada. No podemos poner a nuestro verdugo en el olimpo de los Dioses”, concluye Posada.
Alias Pipe puede jugar con la vida de inocentes, a su antojo. Prueba de ello es que, en entrevista, señaló que los concejales asesinados “están pagando el precio de lo que el alcalde Vélez hizo”. Con esa frase, no solo demostró su capacidad de atentar contra quien quiera, sino que acusó al alcalde electo de un complot para asesinarlo dentro de prisión. Y esa frase, sin duda, supone una enemistad grave entre las dos partes con las que debe mediar el gobierno nacional. Desde la alcaldía de Vélez no tienen, por ahora, cómo confiar en La Inmaculada, siendo que se suponía que mayo pasado era un mes de tregua y terminó siendo el periodo más violento en lo que va de la administración local: nueve homicidios, de los 32 que van este 2024.
Manuel Iturralde, experto en prisiones y profesor de Derecho, considera grave que el gobierno nacional negocie con una persona que ya fue investigada, sentenciada, privada de su libertad y en escalón máximo posible de la acción judicial colombiana. “Esto lo que muestra es una fuerte debilidad del Estado y manda un muy mal mensaje a los delincuentes: si amedrentan a las instituciones pueden obtener beneficios”, dice. Este diario se comunicó con el Alto Comisionado para la Paz, Otty Patiño, para conocer el paso a seguir del gobierno, pero no respondió los mensajes. Por ahora, hay una reunión de acercamiento, al parecer una propuesta y una ciudad que espera paz y cuya esperanza es que alias Pipe entregue un poder que, se supone, debía haber perdido al estar bajo custodia del Inpec.
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