El gobierno de Gustavo Petro quemará el último cartucho que tiene para que su ley de sometimiento de grupos criminales sea una realidad. Lo hará este 20 de julio cuando, en la última legislatura que le queda en el Congreso, radique el proyecto por medio del cual “se establece un tratamiento penal diferenciado para integrantes de grupos armados y de estructuras de crimen organizado”. Se trata de una antigua bandera del gobierno Petro, que nunca le cuajó en el Congreso, que ha sido discutida por las máximas autoridades de la justicia nacional y que, en este 2025, regresa, según expertos, con beneficios nunca antes planteados a favor de criminales. En las últimas horas, el proyecto de ley fue discutido por el Consejo de Política Criminal y estos son los detalles hasta ahora conocidos.
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Durante esta semana, este diario y otros medios de comunicación conocieron el borrador del articulado que sería presentado al órgano legislativo. Antes de que fuera analizado en profundidad, el propio ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, comunicó públicamente que los detalles filtrados no correspondían a la realidad. Que, con respecto al texto definitivo que presentará su cartera, “hay muchas diferencias y desinformación”. El ministro reconoció, de hecho, que el texto sería puesto a discusión y editado con ayuda de la fiscal Luz Adriana Camargo, el procurador Gregorio Eljach, la presidenta de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Myriam Ávila, la defensora del pueblo, Iris Marín y el director de la Policía, el general Carlos Fernando Triana.
Lo único cierto, por ahora, son los detalles que han salido de propia voz del ministro Montealegre. En entrevista con W Radio, aseguró que el proyecto tiene por objetivo principal el desmantelamiento de estructuras armadas organizadas. Además, que su idea se tramitará como ley ordinaria y no como ley estatutaria, Para sostener su posición, Montealegre recordó que la Ley de Justicia y Paz de 2005, la que permitió la desmovilización de grupos paramilitares, fue tramitada en el Congreso como ley ordinaria. Además, dijo que no contempla darle estatus político a las organizaciones criminales como las del Valle del Aburrá, a quienes Petro les dio voz en tarima en Medellín, el mes pasado.
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Las críticas contra Montealegre han caído sobre las ideas que él confirmó y las que corresponderían al borrador y que no desmintió públicamente. Para empezar, este diario consultó al penalista Mauricio Pava, quien fue, de hecho, fue uno de los expertos que diseñó el primer proyecto de ley de sometimiento en 2022. Pava le dijo a este diario que Montelagre está buscando crear un régimen penal especial para los criminales, que solo puede tramitarse bajo una ley estatutaria, según la Constitución. Tras una revisión del borrador completo, Pava consideró que, aparte, el proyecto rompe el principio del debido proceso porque pretende procesar a los criminales tan solo por pertenecer a determinado grupo criminal y no por las conductas delictivas que hayan cometido durante su vida.
Según el borrador, la ley favorecería a grupos armados organizados al margen de la ley que estén, o no, en negociaciones de paz con el Gobierno, y que busquen hacer tránsito a la vida civil. Entre ellos, el Clan del Golfo, Los Rastrojos y las bandas en ciudades como Buenaventura y en territorios como Antioquia o Valle del Cauca. Para aquellos criminales que hayan tenido un rol de dirección, se les ofrece penas alternativas de entre cinco y ocho años de cárcel. A los mandos medios, penas de entre dos y cinco años. Y a quienes meramente “pertenezcan” a esos grupos, se les promete la terminación de sus procesos, sin importar los delitos cometidos. Entre otros puntos, el borrador proponer otorgar la libertad condicional a postulantes que hayan estado presos más de cinco años.
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Como compromiso, los criminales deberán dejar las armas, entregar información de bienes, colaborar con la justicia y reparar a las víctimas. Para Pava, en su conjunto, el proyecto de ley permitirá que el Gobierno y la Fiscalía sustituyan las funciones de los jueces de la República, quienes apenas tendrán dientes para homologar lo pactado durante los procesos de sometimiento. “Se afecta la separación de poderes. El proyecto permite que el acceso a beneficios sustanciales, como la reducción de penas, la libertad condicional o la exoneración de responsabilidad, dependa del cumplimiento de acuerdos suscritos fuera del juicio penal, en procesos de negociación y verificación sin contradicción ni garantías judiciales plenas”, explicó el penalista.
Por otro lado, el borrador del proyecto dice explícitamente que “el integrante del grupo o estructura podrá conservar hasta el 12% de los bienes efectivamente entregados a título individual”. La exministra de Justicia, Ángela María Buitrago, antecesora de Montealegre, precisó que el proyecto que su administración impulsó jamás contempló un beneficio así de grande. “Estamos hablando de bienes ilícitos, que probablemente son producto de actos de violencia. El Estado no puede legalizar bienes a través de una ley. Esto es gravísimo. ¿Cómo podrían legalizarse bienes producto de desapariciones forzadas, secuestros, trata de personas, y más de índole internacional y de lesa humanidad? El bien ilícito sigue ilícito, así se lo quieras adornar con pajaritos de oro”, le dijo a este diario la jurista.
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Sobre ello, el exministro de Justicia, Néstor Osuna, el primero del gobierno Petro, reconoció que en su momento su proyecto reconoció hasta un 6% de los bienes a los criminales que buscaran someterse. Pero que ese número ya está incluido en la ley que regula la extinción de dominio por parte del Estado. Sin embargo, llegar a un 12% fue considerado por Osuna como un beneficio exorbitante. Además, Osuna se refirió a otra polémica propuesta de Montealegre: la suspensión de órdenes de captura con fines de extradición a cualquiera que se someta bajo sus reglas. Según Osuna, esa idea nunca se contempló porque representaba un lío con la diplomacia estadounidense y porque sectores políticos a los que se les presentó la propuesta le dijeron que lo iban a negar de tajo.
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, por otro lado, emitió un concepto negativo a la propuesta. En su documento, el alto tribunal manifestó que a las medidas contempladas en el proyecto del ministro Eduardo Montealegre “les falta discusión y deliberación”. La Sala emitió voto desfavorable frente a la viabilidad de la iniciativa, asegurando que “el contenido de la propuesta no ha tenido aún una suficiente discusión y deliberación”. Además, expuso que “se trata de un tema muy delicado para el país que necesita mayores consensos y un análisis más reposado dado los impactos que puede tener en términos de política criminal”.
Osuna concluye que, además del filtro del Consejo de Política Criminal, resta el mismo Congreso. El proyecto de ley de su administración no llegó a buen puerto tras estancarse en los debates relacionados con los tiempos con los que se podría acceder a la libertad. Osuna planteó que los líderes criminales pudiesen salir de prisión una vez cumplida la cuarta parte de su pena, que generalmente es de décadas. Asimismo, otros expertos consultados concluyen que el panorama tampoco es positivo en el Congreso, por los cruces entre el alto gobierno y las bancadas de los partidos que le han negado otras iniciativas. Sumado al hecho de que los parlamentarios están concentrados en las elecciones de marzo de 2026, que serán a pocos meses del fin del gobierno Petro y de la bandera “paz total”.
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