25 May 2021 - 11:58 a. m.

Lo que dejó el “por ahora no” del Gobierno a la CIDH

Los señalamientos de la vicepresidente y canciller Martha Lucía Ramírez sobre la negativa del Estado colombiano para recibir una delegación de la CIDH en territorio nacional, ha dejado un sinsabor en varios sectores nacionales e internacionales. Especialistas consultados por El Espectador coinciden en que es una situación que no favorece al país.

Aunque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no recibió un “no” rotundo por parte del Gobierno Nacional para adelantar una visita de trabajo en territorio colombiano, su pronunciamiento levantó ampolla en algunos sectores. El “por ahora no” de la vicepresidenta y canciller Martha Lucía Ramírez, al parecer, “dejó mal parado” al Estado. El señalamiento lo hizo este lunes desde Washington en medio del encuentro que sostuvo con Luis Almagro, secretario de la OEA.

“Tenemos la solicitud de la CIDH y del propio secretario Almagro. Hemos dicho que todas las visitas bienvenidas, pero en este momento consideramos que hay que esperar que los propios organismos de control -Fiscalía, Procuraduría, Contraloría y Defensoría- terminen de hacer su tarea e investigar cada uno de los casos”, fueron las palabras de Ramírez quien añadió que durante las próximas semanas se estarían realizando labores tendientes a permitir la visita del organismo internacional.

La alta funcionaria fue increpada por colombianos a su salida del encuentro con Almagro. Le reprocharon la negativa sobre la llegada de la CIDH a territorio nacional. Su respuesta fue contundente: “Fiscalía, Procuraduría, Defensoría, todos han establecido un equipo de trabajo para asegurar que no haya un sólo caso de violación de derechos”. La ahora canciller resaltó que la comisión internacional debería llegar a los demás países cuando los organismos de control internos no tengan la capacidad de cumplir con su deber. Dijo que ese no era el caso que los ocupaba.

Como un espaldarazo a Ramírez, la Consejera Presidencial de Derechos Humanos, Nancy Patricia Gutiérrez, resaltó que el Gobierno ha sido garante de los derechos a la protesta pacífica, pero aclaró que los bloqueos de las vías dejaron de ser meras manifestaciones de inconformismo en el marco de las protestas, para convertirse en acciones de afectación a los derechos humanos de los colombianos.

“El Gobierno de Colombia dialoga con la población, en articulación con autoridades territoriales y órganos de control, con el Comité del Paro, mesas de jóvenes, étnicas, transportadores, empresarios y mesas para abastecimiento. Además, seguirá tomando acciones bajo el estricto apego de sus obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos, con el fin de proteger el bienestar de todos los colombianos”, dijo Gutiérrez.

La delegada del alto gobierno resaltó que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos reconoce que los bloqueos prolongados constituyen un riesgo para la población. Por tal razón, permite que los Estados tomen medidas como la dispersión de los mismos cuando éstos generen una perturbación grave y sostenida.

“El dialogo de la vicepresidenta con la CIDH permite aclarar que el accionar de la fuerza pública no está dirigido a reprimir el derecho a la reunión pacifica, sino a controlar los desmanes y violencia grave y generalizada que atentan contra ese mismo derecho y generan afectaciones a los derechos humanos de los ciudadanos, tanto de quienes participan en las protestas como de quienes prefieren no hacerlo”, argumentó la delegada.

Gutiérrez recordó que el Gobierno ha estado y estará abierto a la observación, a brindar información y a cooperar con los organismos internacionales como la CIDH. Sin embargo, aclaró que en este momento la prioridad es que los organismos de control internos adelanten su trabajo y sigan presentando resultados encaminados a aplicar justicia.

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Si bien los señalamientos de las funcionarias amparan el discurso del Gobierno respecto de la garantía de los derechos humanos durante las protestas, esa misma percepción no parece estar presente en especialistas consultados por El Espectador quienes coincidieron en que las posibles negativas que por ahora se han conocido dejan un mal precedente en cuanto a una mirada internacional. Lo anterior debido a que no es posible que exista un amparo en los derechos.

Para el penalista Iván Durango “con esta negativa el presidente denota que no se están manejando las protestas y todo lo que tiene que ver con la regulación de las mismas en Colombia, en cuanto al respeto fundamental de los derechos humanos”, expuso y añadió que la CIDH es el veedor que el país necesita en “pro de la transparencia para que se verifique que aquí si se está respetando el derecho a la protesta”.

Para Durango no está bien visto que se le cierre las puertas a un organismo internacional, debido a que su misión fundamental es que observen las garantías que le está brindando el Gobierno Nacional a las personas que están en desacuerdo con la actual administración. Desde otra orilla nacional, el senador Roy Barreras quien hace parte de la Comisión de Paz no escatimó en comparar lo que sucede en Colombia con el régimen de Venezuela. A su juicio, las situaciones guardan similitud.

“Los gobiernos autoritarios suelen ser autistas, no oyen lo que dice la calle, no ven las causas de una protesta y cuando están en un estado de total aislamiento prefieren que la comunidad internacional no vea lo que están haciendo. Así actúa el régimen de Maduro y así está actuando este régimen uribista”, resaltó el político.

Desde la arista internacional, los señalamientos no fueron diferentes. Érika Guevara, directora para las Américas de Amnistía Internacional, tomó la misma postura de Durango y añadió que la actual determinación del Estado es una muestra más del “negacionismo” de la crisis de derechos humanos que enfrenta el país.

“La acumulada evidencia de las violaciones a los derechos humanos cometidas por fuerzas de seguridad en contra de quienes ejercen su derecho a manifestarse en las calles es innegable y las autoridades no pueden tratar de tapar el sol con un dedo. Entre o no, la CIDH a Colombia, las organizaciones de derechos humanos colombianas están documentando rigurosamente todas las violaciones, desde los asesinatos de la policía, la violencia sexual contra mujeres que protestan, las desapariciones y los miles de casos de brutalidad policial”, dijo Guevara.

La funcionaria internacional lamentó la postura del gobierno colombiano ya que considera que estaría perdiendo la oportunidad de mostrar su voluntad política para poner fin a la represión y abrirse al escrutinio internacional, en el momento que se hace más necesario. “Seguiremos haciendo un llamado a la comunidad internacional para que utilicen todos los mecanismos diplomáticos para obligar al gobierno colombiano para poner fin a la represión y garantizar los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de todas las víctimas”.

Para Paulo Abrao, exsecretario ejecutivo de la CIDH, la decisión momentánea emitida por el Gobierno Nacional “transmite una insensibilidad hacia las víctimas, sus familias y las organizaciones de derechos humanos del país que piden la presencia de la Comisión. Esta postura definitivamente profundiza la crisis de confianza de la sociedad con el Gobierno. En estos términos, la actual administración de Colombia pierde credibilidad para exigir respeto a los derechos en otros países de la región”.

Abrao trajo a colación que en más de una oportunidad, el Estado colombiano en foros internacionales ha pedido la intervención de la CIDH en otros países que han padecido situaciones similares como las que tiene Colombia en la actualidad. El reporte emitido es que el país solicitó injerencia en Nicaragua, Bolivia y Venezuela. Cabe mencionar que el vecino país es la única nación que se ha negado a recibir la visita del órgano de derechos humanos solicitada durante el primer semestre de 2020.

En cuanto a la postura de la canciller conocida este lunes, el exmiembro de la CIDH consideró que no es oportuno alegar que las instituciones internas – Fiscalía, Procuraduría y Defensoría- están avanzando en sus investigaciones. Lo anterior porque, “primero de acuerdo con los estándares internacionales, esto no es un requisito del mandato de monitoreo de la Comisión, que es complementario y autónomo. Y, segundo, porque la visita tiene el propósito de verificar esta afirmación”.

Abrao sumó su postura a la de Durango y Guevara sobre que impedir “el escrutinio del sistema interamericano” genera serias dudas sobre la transparencia de la crisis. “Esta decisión gubernamental muestra una profunda debilidad de la política exterior en materia de derechos humanos del país, siendo vista como meramente retórica o selectiva, porque se mediría con criterios de conveniencia política. Lo que ahora se espera es que los órganos políticos de la OEA y los estados de la región, por coherencia, rechacen con vehemencia esta frágil excusa, explícitamente falaz e incompatible, a fin de evitar un precedente serio para el funcionamiento del sistema interamericano.

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