Lo que dicen es un embuste: Martha Luz Hurtado

Marta Luz Hurtado Arango, nacida en Betulia (Antioquia) el 14 de abril de 1957; con más de 31 años en la administración de justicia; egresada como abogada en 1982 de la Universidad Pontificia Bolivariana; esposa del magistrado de la Corte Suprema Luis Javier Osorio; y como fiscal delegada ante ese alto tribunal responsable de varios de los casos judiciales más sensibles del país, como las investigaciones a los ex congresistas Álvaro Araújo Castro, Luis Fernando Almario y el ex gobernador Pablo Ardila, es la protagonista de un escándalo de marca mayor en la Fiscalía.

El motivo: nada más y nada menos que supuestamente filtrarle información privilegiada al gobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, sobre los avances de la Fiscalía en la indagación preliminar que adelanta en contra del mandatario regional por sus presuntos vínculos con grupos de autodefensa. El escándalo estalló el martes pasado, luego de que el fiscal Mario Iguarán fuera enterado por uno de sus más cercanos asesores de que la fiscal Hurtado habría contactado a Ramos para detallarle los pormenores de su expediente.

"Un congresista me llamó y me dijo que Marta Luz Hurtado, para congraciarse con Ramos y a su vez empujar su aspiración a una eventual magistratura en el Consejo de la Judicatura, estaba entregándole información de la Fiscalía. Por supuesto que yo enteré al Fiscal de esas graves acusaciones", le dijo a El Espectador una fuente cercana a Mario Iguarán. El asunto subió de temperatura ese mismo martes: 14 altos funcionarios de la Fiscalía presentaron su renuncia protocolaria. Iguarán sólo se la aceptó a la fiscal Hurtado el miércoles pasado y con ello conjuró la crisis.

Este semanario habló con la saliente fiscal Marta Luz Hurtado. Visiblemente afectada por las acusaciones, se defendió de lo que calificó como un complot para relevarla de su cargo porque, según ella, ha venido pisando muchos callos y se ha convertido en un "estorbo" para los intereses creados en muchas investigaciones. Aunque no negó conocer al gobernador Ramos desde hace 30 años, sostuvo que jamás filtró información alguna y que la última vez que habló con él fue a finales de diciembre con motivo de una reunión privada convocada por amigos en común por el nombramiento de Ramos como primer mandatario de Antioquia.

"Lo que dicen no es cierto, es un embuste", señaló. Y seguidamente contó que la única vez que tocó el tema de Luis Alfredo Ramos fue hace una semana en una reunión a la que asistieron todos los fiscales delegados ante la Corte. "Alguien llevó el libro de la politóloga Claudia López titulado Paramilitarismo, la ruta de la expansión paramilitar y los acuerdos políticos, en donde se le hacen fuertes acusaciones al hoy gobernador Ramos, y pidió que se anexara ese documento a la investigación. Yo lo único que dije era que eso no podía ser tenido en cuenta como prueba y sugerí que más bien se llamara a declarar a la Fiscalía a Claudia López", manifestó Hurtado.

La misma Corte Suprema ha manifestado su "extrañeza" por la morosidad de muchas investigaciones en la Fiscalía. Hace un mes, incluso, "regañó" al ente acusador por la demora en el trámite del proceso que se le sigue al ex congresista Jorge Castro Pacheco. En un enérgico comunicado, la Sala Penal del alto tribunal manifestó que esto "ha dado lugar a que públicamente se hagan afirmaciones suspicaces sobre las ventajas que para los imputados o sindicados reporta renunciar a la calidad de congresistas".

Precisamente, en octubre del año pasado la Corte Suprema de Justicia le preguntó a la Fiscalía el estado procesal de cerca de 40 investigaciones relacionadas dentro del llamado escándalo parapolítico, entre éstas la del hoy gobernador Luis Alfredo Ramos. La Fiscalía empezó a rastrear varias denuncias en su contra, pero, una vez posesionado como gobernador el pasado 1º de enero, el expediente le fue asignado al fiscal delegado ante la Corte Suprema, Jesús Antonio Marín.

Claudia López también se ha sumado a los señalamientos sobre la inexplicable tardanza en el avance de estos casos en Antioquia. Y ha esbozado además una tesis preocupante: que existen múltiples presiones que han evitado el progreso en la recopilación de evidencias que comprometen a dirigentes políticos antioqueños. "Un personaje de las calidades del gobernador Ramos pudo hacerse elegir sin el apoyo de los paramilitares. Pero él prefirió no hacerlo", ha dicho López al referirse al presunto maridaje de miembros de las autodefensas y el burgomaestre. Indignado, éste anunció que demandará a la politóloga por injuria y calumnia.

"No he podido hablar con el señor Fiscal. Le pedí una cita el martes, pero no me atendió. Yo soy la más interesada en que se investigue este asunto. Pero estoy tranquila porque el que está libre, Dios lo libra", aseguró la fiscal Marta Luz Hurtado. Sin duda, el hecho ya empezó a causar revuelo político. El senador Gustavo Petro solicitó cambiar a todos los fiscales que adelantan pesquisas contra los ‘parapolíticos' de Antioquia, al sugerir que algunos tienen relación con los dirigentes implicados.

Este cenagoso panorama apenas empieza. Y eso que aún siguen en el limbo dos casos esenciales que está por resolver la Fiscalía y que tienen en vilo la atención de la opinión pública: la decisión sobre el proceso del ex senador Mario Uribe Escobar por parapolítica y la denuncia que cursa en contra de otro antioqueño, el magistrado auxiliar de la Corte Iván Velásquez, por las presuntas presiones a un desmovilizado de las Auc, Tasmania, para que declarara en contra del presidente Uribe. ¿Qué estará pensando hoy el fiscal Mario Iguarán?