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“Hay una verdad que no quieren saber. Ambas fiscalías (de Colombia y Ecuador) han puesto un bloqueo a la verdad, no nos dejan acceder a la investigación ¿A quién le puede interesar que no se sepa lo que estaba pasando en esa frontera? Estamos hablando de narcotráfico, tráfico de armas, asesinatos, grupos armados organizados. Nos encontramos en un escenario donde no se indaga sobre la situación de fondo y sí me condenan a mí y a los familiares a vivir un dolor que todavía no se va”.
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Esas son las palabras de un hermano que no olvida, de un familiar que se puso el traje de abogado, siendo administrador de empresas de profesión, para intentar a través de su voz llegar a la verdad sobre el secuestro y posterior asesinato del equipo perióstico de El Comercio, perpetrado -al parecer- el 12 de abril de 2018 en zona selvática de Nariño, y confirmado al día siguiente. Se trata de Ricardo Rivas, hermano del fotógrafo Paul Rivas, quien desde Ecuador habló con El Espectador sobre un crimen que, luego de tres años, solo tiene un condenado y muchas dudas por despejar.
La ultima noticia rastreable sobre el expediente data del pasado 25 de marzo, cuando Jesús Vargas Cuajiboy, alias Reinel, llegó a un preacuerdo con la Fiscalía y fue condenado a 28 años de prisión por el asesinato del periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paul Rivas y el conductor Efraín Segarra. La única condena. Ese equipo de El Comercio, curioso por registrar el conflicto armado en Nariño y los municipios ecuatorianos aledaños, despareció en marzo de 2018 y se volvieron entonces víctimas de un conflicto armado que no ha sido nunca ecuatoriano, aunque igual ha afectado de frente al país vecino.
“Son más de 60 años de conflicto armado en Colombia y no puede ser que este tipo de muertes sea una estadística más. No puede ser que las personas se acostumbren a la muerte. Es un evento donde todos tiene que prestarle atención por la crudeza de los hechos. No pueden salir a mostrar una condena como si fuera el gran avance en las investigaciones. Agarran a tres o cuatro personas que van pasando por ahí y luego dicen que son los máximos responsables de lo que ha sucedido. Eso no es justicia. Justicia es saber por qué Guacho hizo lo que hizo”, explica Ricardo Rivas.
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“¿Por qué?”, se pregunta también César Ricaurte, director de Fundamedios, una organización social que lucha por la libertad de prensa en Ecuador. De acuerdo con el periodista, a cargo de la investigación interna en el país vecino, ambos gobiernos deben muchas respuestas. “¿Por qué? ¿Por qué no se investiga la posible responsabilidad de los Estados ecuatoriano y colombiano? Cerraron el expediente y muestran pequeñas investigaciones como si fuese un gran avance. Tres años después, los familiares siguen esperando sanciones”, dijo en entrevista con este diario.
En marzo de 2018, el equipo de El Comercio viajó a Esmeraldas, una provincia ecuatoriana que limita con el departamento de Nariño, para averiguar sobre el panorama de violencia de la región. Por ejemplo, el 27 de enero de ese año, el cuartel policial de San Lorenzo fue atacado con un carro-bomba que dejó alrededor de 14 heridos. El responsable, se sabría después, fue Walter Patricio Arizala, alias Guacho, líder de la Oliver Sinisterra en la región. Tres semanas después, los diarios registraron un enfrentamiento entre militares ecuatorianos y grupos armados ilegales. Y el 20 de marzo de 2018, seis días antes del secuestro, en Esmeraldas estalló un artefacto explosivo cerca de una unidad militar.
El equipo periodístico de El Comercio se desplazó a la región, siguiendo las migas de una posible incursión armada de grupos armados colombianos, los cuales buscaban hacerse con las rutas de narcotráfico en el Pacífico. En medio del camino, fueron advertidos en un retén militar sobre la situación de orden público. Entonces, el 26 de marzo de 2018, miembros de las disidencias de las Farc los secuestraron mientras se desplazaban por el río Mataje, a pocos kilómetros de la frontera entre Ecuador y Colombia. Ese mismo día se perdió toda comunicación con ellos.
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Una vez el gobierno del presidente ecuatoriano Lenín Moreno activó el protocolo de búsqueda, medios de comunicación apuntaron a Wálter Patricio Arízala, alias Guacho. Ese mismo año, el 22 de diciembre, las autoridades colombianas confirmaron su muerte tras una operación militar llevada a cabo en la vereda Peña Cataño, en cercanías de Tumaco (Nariño). Durante todo el 2018 fue uno de los hombres más buscados del país, pues fue señalado como el principal perpetrador del asesinato de Ortega, Rivas y Segarra.
Pasaron días enteros sin conocerse información sobre el equipo. En Ecuador se adelantaron marchas con las que la sociedad civil (que nunca había vivido una tragedia de esta magnitud) exigió al expresidente Lenín Moreno agilizar la liberación. El 3 de abril de 2018, siete días después del secuestro, Noticias RCN divulgó la única prueba de supervivencia entregada por los disidentes. “Señor presidente Lenín Moreno, en sus manos están nuestras vidas. Ellos lo único que quieren es el intercambio de sus tres detenidos en Ecuador por nuestras (vidas)”, dijo el reportero Javier Ortega en un audio. Además, el comunicador aseguró que los secuestros, para entonces, “no iban a parar”.
El 12 de abril de 2018, en medio de la incertidumbre por la ausencia de pruebas de supervivencia, de nuevo el medio televisivo reveló imágenes que supuestamente pertenecían a los cadáveres del equipo de El Comercio. Al día siguiente, el entonces presidente Moreno confirmó la prueba, explicándole a ambos países bajo tensión que los periodistas habían sido “ejecutados”. En Ecuador, tras la confirmación del hecho, se declararon cuatro días de duelo. El expresidente Juan Manuel Santos viajó al vecino país para coordinar operaciones en la zona fronteriza y ofrecer una recompensa de hasta $400 millones por información de alias Guacho.
Sin embargo, para Ricardo Rivas, las muestras del expresidente Juan Manuel Santos solo significaron una puesta en escena, pues en la frontera colombo-ecuatoriana se estaba viviendo una “falsa paz”. Según el hermano del fotógrafo Paul Rivas, el exmandatario solo llegó para “tomarse la foto”, pero luego dejó abandonado el expediente durante el resto de su gestión. Para el administrador resulta llamativo que Santos haya ganado un Premio Nobel de Paz, cuando en regiones como Nariño la guerra seguía tan cruda como en los años más difíciles del conflicto armado en Colombia.
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¿Hay responsabilidad del Estado Colombiano?
“Públicamente el Estado colombiano manifestó que iba a detener las operaciones contra el frente Óliver Sinisterra, teniendo en cuenta la situación de secuestro. Ellos ya habían manifestado que los tenían en su poder. Sin embargo, lo que se ha podido determinar en el expediente y en investigaciones periodísticas, es que durante el tiempo de cautiverio sí se realizaron operaciones militares. Para entonces estaba vigente una orden de batalla del Ejército en la zona, esa información se entregó con posterioridad a la FLIP, a través de un derecho de petición”.
Esa es una de las pistas que Angela Caro, abogada de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), siguen en el crudo caso del equipo periódico del El Comercio. La defensora sigue indicios como los revelados públicamente por alias Reinel, quien obtuvo una rebaja de pena a cambio de contar la verdad. ¿Cuál es su verdad? De acuerdo con el disidente condenado, durante los días en los que las víctimas estuvieron en cautiverio, helicópteros oficiales sobrevolaron la zona. De hecho, alias Guacho estaría afectado porque la fuerza pública había asestado golpes contra la Oliver Sinisterra y hasta contra sus familiares.
“Si ellos hubieran sido sinceros, nos hubieran dado a nosotros la responsabilidad de negociar y así tal vez habríamos podido contactar un negociador internacional. Hoy estarían vivos si nos hubieran dejado negociar a nosotros. Lo que pedimos es reconocimiento de verdad. Cuando a un médico se le muere alguien por negligencia, tiene que responder. Igual con todas las profesiones. Eso hace parte de lo que nosotros pedidos”, agregó Ricardo Rivas, quien aseguró haber apostado todas sus energías al proceso.
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El 14 de abril de 2018, Latina Noticias, medio de comunicación de Perú, registró el momento en el que Juan Manuel Santos aseguró, en la VIII Cumbre de las Américas, que las acciones militares habían cesado durante los días del secuestro en zona selvática de Nariño. Sin embargo, según alias Reinel y las investigaciones de la FLIP y Fundamedios, lo único que habría hecho el Gobierno colombiano fue alborotar el avispero.
“Reinel menciona que, en efecto, durante el secuestro ellos tenían que mover al equipo periodístico a distintos puntos para evitar que las autoridades hicieran alguna acción. Es decir, había una presencia constante que ellos sentían. Este fue un caso que durante el primer año tuvo unos avances significativos, porque se logró capturar e imputar a tres personas. Sin embargo, lo que vino después fue una serie de dilaciones de la investigación y no se ha logrado, por ejemplo, imputar cargos a otra persona”, agregó la abogada Angela Caro.
Ricardo Rivas concluyó la entrevista asegurando que, por suerte, en Ecuador se trata de un hecho que todavía toca las fibras de los medios y la ciudadanía, pues las muertes violentas no son el pan de cada día. Ángela Caro, por su parte, critica a la Fiscalía colombiana por anunciar, el 30 de marzo pasado, la imputación de dos presuntos disidentes que han estado en lista desde mediados de 2019: Jesús Alfredo Segura Arroyo, alias Roberto, y Juan Carlos Portocarrero Cortés, alias Chuky. ¿Qué habrían registrado las cámaras de El Comercio aquella vez? Desde Ecuador asegura que se trata de “algo que los Gobiernos no quieren que se sepa”.