‘‘Lo que quieren es callarme, pero voy a hablar’’: Camilo Bula

Casi todas las investigaciones relacionadas con la corrupción en la liquidada Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) se cruzan con un nombre: el del testigo estrella de la Fiscalía, el exdepositario de esa entidad, Camilo Bula. Pero Bula no está contento. Y la Fiscalía tampoco. Ayer, en audiencia oral, el Tribunal Superior de Bogotá aumentó su condena de 8 años de cárcel a 18, lo cual podría poner en riesgo su intención de seguir cooperando con la justicia.

Dos cosas llaman poderosamente la atención tanto de los fiscales que conocen los procesos de la DNE, consultados por este diario, como del propio Bula, con quien El Espectador logró hablar en el Tribunal. La primera es que el magistrado ponente fue Juan Carlos Garrido, un hombre con un antecedente que ni Fiscalía ni Bula creen que se puede o debe pasar por alto: cuando Mario Iguarán era fiscal general, Bula era el coordinador de Lavado de Activos, y Garrido, su subalterno. Y Garrido salió de la Fiscalía porque Bula, su jefe, le pidió a Iguarán que lo declarara insubsistente por “diferencias de criterios”.

“No lo recusé porque creí en la independencia y objetividad de la justicia. Pensé que no me quería, pero no creí que me odiaba tanto”, le dijo Bula a este diario, y agregó: “Este fue un fallo con sevicia, porque de un tajo me eliminaron la rebaja del 45% que me había dado el juez de primera instancia. Fallo que, valga decirlo, se basó en un acta que firmamos la Fiscalía, la víctima, que era la DNE, y yo”. “No tiene presentación que un subalterno al que Bula sacó de la Fiscalía lo juzque, le suba la pena y no se declare impedido”, dicen en la Fiscalía.

Camilo Bula llegó a la DNE como depositario en 2007 y, desde ese cargo, les vendió a terceros cuatro bienes incautados a la familia Nasser Arana. A ese clan, procesado por narcotráfico, las autoridades le incautaron 270 propiedades en total: el tesoro más grande que haya manejado Estupefacientes. Los cuatro bienes que manejó Bula se vendieron por un valor irreal y el Estado perdió $31.550 millones. En 2011, la corrupción en la DNE se hizo evidente, Bula fue capturado y entonces empezó a negociar con la justicia.

Fue así como Bula, cuyas delaciones involucran a más de 30 personas y han conllevado a varias imputaciones de cargos, se convirtió en testigo estrella de la Fiscalía por el caso DNE. La Fiscalía le ofreció un principio de oportunidad (es decir, no investigarlo a cambio de información) por delitos como fraude procesal, concierto para delinquir y falsedad en documento privado y público. Fue acusado por peculado en favor de terceros, él aceptó cargos, y fue por eso que el juez de primera instancia lo sentenció a 8 años de prisión.

Buscando ahorrarse años de prisión, comenzó a entregar información fundamental para, por ejemplo, poder procesar al exdirector de la DNE, Carlos Albornoz. Conocedor de las entrañas de la DNE, ha hecho señalamientos contra personas como el exsenador Javier Cáceres, condenado por parapolítica, asegurando que le entregó a Cáceres $1.000 millones por manejos irregulares de bienes decomisados a la mafia.

El segundo punto que llama la atención de la Fiscalía y de Camilo Bula es que quien apeló el fallo de primera instancia, que le daba 8 años de prisión a Bula, fue la propia DNE, a través del abogado Efrén Rodríguez. Es decir, la misma entidad que necesitaba las confesiones de Bula para que les desenmarañara el laberinto de corrupción en que terminó convertida.

“En abril me reuní con asesores del vicefiscal y les manifesté mi inquietud por esa apelación, pero en la Fiscalía me dijeron que no podían hacer nada. Me dejaron abandonado. Si hubiese aceptado todos los delitos me hubieran condenado a 20 años, sin arriesgar todo lo que he arriesgado. Estoy amenazado de muerte y mi familia también, y la Fiscalía ni siquiera les ha dado protección. Hoy los hago responsables de cualquier cosa que les pase”.

En julio del año pasado, cuando Bula fue condenado en primera instancia, Efrén Rodríguez expresó públicamente que apelaría porque la sentencia le parecía inferior al daño causado. La Fiscalía y Bula, sin embargo, leen mucho más en ese gesto: “Detrás de esto están personas que no quieren que Bula siga hablando”, dicen en la Fiscalía. “Hay intereses muy oscuros, mucha gente a la que le interesa que el proceso de la DNE desaparezca”, dice él.

“Aquí hay parlamentarios y exparlamentarios, varios, sobre todo de la Unidad Nacional. Pero ellos están en la calle felices, mientras en la cárcel hay tres estúpidos: Ómar Figueroa, Carlos Albornoz y yo”, agregó Bula, quien confirmó que ya ha ido dos veces a declarar a la Corte Suprema. “En el fallo no se tuvo en cuenta que se trata de un personaje de vital importancia para otros procesos, y que esto provoca que la gente no quiera seguir colaborando”, señaló una preocupada fuente de la Fiscalía.

“Acá hay una venganza del magistrado Garrido y de la gente afectada con mi colaboración. Lo que quieren es callarme, pero quiero ser claro: en la Corte Suprema voy a hablar. Y si no me escuchan, pues lo haré mediáticamente”, concluye Bula, quien no ha decidido aún si detendrá su cooperación con la Fiscalía.

Casi todas las investigaciones relacionadas con la corrupción en la liquidada Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) se cruzan con un nombre: el del testigo estrella de la Fiscalía, el exdepositario de esa entidad, Camilo Bula. Pero Bula no está contento. Y la Fiscalía tampoco. Ayer, en audiencia oral, el Tribunal Superior de Bogotá aumentó su condena de 8 años de cárcel a 18, lo cual podría poner en riesgo su intención de seguir cooperando con la justicia.

Dos cosas llaman poderosamente la atención tanto de los fiscales que conocen los procesos de la DNE, consultados por este diario, como del propio Bula, con quien El Espectador logró hablar en el Tribunal. La primera es que el magistrado ponente fue Juan Carlos Garrido, un hombre con un antecedente que ni Fiscalía ni Bula creen que se puede o debe pasar por alto: cuando Mario Iguarán era fiscal general, Bula era el coordinador de Lavado de Activos, y Garrido, su subalterno. Y Garrido salió de la Fiscalía porque Bula, su jefe, le pidió a Iguarán que lo declarara insubsistente por “diferencias de criterios”.

“No lo recusé porque creí en la independencia y objetividad de la justicia. Pensé que no me quería, pero no creí que me odiaba tanto”, le dijo Bula a este diario, y agregó: “Este fue un fallo con sevicia, porque de un tajo me eliminaron la rebaja del 45% que me había dado el juez de primera instancia. Fallo que, valga decirlo, se basó en un acta que firmamos la Fiscalía, la víctima, que era la DNE, y yo”. “No tiene presentación que un subalterno al que Bula sacó de la Fiscalía lo juzque, le suba la pena y no se declare impedido”, dicen en la Fiscalía.

Camilo Bula llegó a la DNE como depositario en 2007 y, desde ese cargo, les vendió a terceros cuatro bienes incautados a la familia Nasser Arana. A ese clan, procesado por narcotráfico, las autoridades le incautaron 270 propiedades en total: el tesoro más grande que haya manejado Estupefacientes. Los cuatro bienes que manejó Bula se vendieron por un valor irreal y el Estado perdió $31.550 millones. En 2011, la corrupción en la DNE se hizo evidente, Bula fue capturado y entonces empezó a negociar con la justicia.

Fue así como Bula, cuyas delaciones involucran a más de 30 personas y han conllevado a varias imputaciones de cargos, se convirtió en testigo estrella de la Fiscalía por el caso DNE. La Fiscalía le ofreció un principio de oportunidad (es decir, no investigarlo a cambio de información) por delitos como fraude procesal, concierto para delinquir y falsedad en documento privado y público. Fue acusado por peculado en favor de terceros, él aceptó cargos, y fue por eso que el juez de primera instancia lo sentenció a 8 años de prisión.

Buscando ahorrarse años de prisión, comenzó a entregar información fundamental para, por ejemplo, poder procesar al exdirector de la DNE, Carlos Albornoz. Conocedor de las entrañas de la DNE, ha hecho señalamientos contra personas como el exsenador Javier Cáceres, condenado por parapolítica, asegurando que le entregó a Cáceres $1.000 millones por manejos irregulares de bienes decomisados a la mafia.

El segundo punto que llama la atención de la Fiscalía y de Camilo Bula es que quien apeló el fallo de primera instancia, que le daba 8 años de prisión a Bula, fue la propia DNE, a través del abogado Efrén Rodríguez. Es decir, la misma entidad que necesitaba las confesiones de Bula para que les desenmarañara el laberinto de corrupción en que terminó convertida.

“En abril me reuní con asesores del vicefiscal y les manifesté mi inquietud por esa apelación, pero en la Fiscalía me dijeron que no podían hacer nada. Me dejaron abandonado. Si hubiese aceptado todos los delitos me hubieran condenado a 20 años, sin arriesgar todo lo que he arriesgado. Estoy amenazado de muerte y mi familia también, y la Fiscalía ni siquiera les ha dado protección. Hoy los hago responsables de cualquier cosa que les pase”.

En julio del año pasado, cuando Bula fue condenado en primera instancia, Efrén Rodríguez expresó públicamente que apelaría porque la sentencia le parecía inferior al daño causado. La Fiscalía y Bula, sin embargo, leen mucho más en ese gesto: “Detrás de esto están personas que no quieren que Bula siga hablando”, dicen en la Fiscalía. “Hay intereses muy oscuros, mucha gente a la que le interesa que el proceso de la DNE desaparezca”, dice él.

“Aquí hay parlamentarios y exparlamentarios, varios, sobre todo de la Unidad Nacional. Pero ellos están en la calle felices, mientras en la cárcel hay tres estúpidos: Ómar Figueroa, Carlos Albornoz y yo”, agregó Bula, quien confirmó que ya ha ido dos veces a declarar a la Corte Suprema. “En el fallo no se tuvo en cuenta que se trata de un personaje de vital importancia para otros procesos, y que esto provoca que la gente no quiera seguir colaborando”, señaló una preocupada fuente de la Fiscalía.

“Acá hay una venganza del magistrado Garrido y de la gente afectada con mi colaboración. Lo que quieren es callarme, pero quiero ser claro: en la Corte Suprema voy a hablar. Y si no me escuchan, pues lo haré mediáticamente”, concluye Bula, quien no ha decidido aún si detendrá su cooperación con la Fiscalía.