Los $480 mil millones para las víctimas del Fondo Premium

Tomás Jaramillo. El empresario Víctor Maldonado. Juan Carlos Ortiz. / Archivo

Dos años después de que el imperio de Interbolsa se derrumbara y quedara en evidencia que a través del Fondo Premium de Curazao se estafó a 1.028 ahorradores en una suma cercana a los $320.000 millones, la Fiscalía y la Superintendencia de Sociedades avanzan en frentes paralelos para procesar a los responsables de este multimillonario fraude y recuperar los bienes para reparar a las víctimas. En ese contexto, el pasado 23 de septiembre la superintendente delegada Ángela María Echeverri realizó el último inventario de los bienes de dos de las principales firmas que protagonizaron este escándalo.

Se trata de Rentafolio Bursátil y Financiero S.A.S., ambas controladas por los empresarios Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo —este último hijo de Rodrigo Jaramillo, presidente de Interbolsa—. Tanto Ortiz como Jaramillo fueron llamados a imputación de cargos por la Fiscalía por los delitos de manipulación fraudulenta de especies, administración desleal, concierto para delinquir y captación masiva y habitual de dinero. Los investigadores están convencidos de que el Fondo Premium no fue más que una especie de caja menor de los directivos de Interbolsa para triangular operaciones en el mercado de valores, inflar acciones, apalancar préstamos y, cómo no, costear la vida de millonarios de los gestores del fondo, Jaramillo y Ortiz.

El Espectador conoció el inventario que hizo la Supersociedades el pasado 23 de septiembre. En el documento, de 30 páginas, la superintendente Echeverri señaló que los bienes inmuebles, muebles, inversiones y deudores de estas dos firmas están valorados en más de $480.000 millones, dinero que serviría para cancelarle a cada una de las víctimas el dinero que perdió en la estafa de Premium. Echeverri incorporó al expediente la relación de todos los bienes, inversiones y deudores de estas compañías controladas por el binomio Ortiz y Jaramillo.

Un inventario que fue realizado por el interventor Alejandro Revollo Rueda con base en una valoración preliminar de los bienes embargados. En bienes inmuebles, es decir apartamentos, fincas, garajes, depósitos, oficinas, locales comerciales, entre otros, el estimativo es que el Estado tiene en su poder más de $109.000 millones. En bienes muebles, $752 millones. En inversiones de estas compañías más de $124.000 millones y, según los registros contables, a Rentafolio y a Financiero sus deudores les deben más de $281.000 millones.

Lujosos apartamentos, fincas y locales en Bogotá, Cajicá, Tenjo, Guasca, Cogua (Cundinamarca), Caicedonia, Sevilla y Obando (Valle), la isla de San Andrés, Medellín, Cartagena, Barú, La Tebaida (Quindío) y Cumaral (Meta), ya hacen parte del inminente proceso de liquidación que será ordenado en los próximos meses por la Supersociedades. Asimismo, se estimaron y cruzaron el valor de las acciones de estas dos compañías en sociedades como Coltejer, la Bolsa Mercantil de Colombia y Fabricato. En general, se hizo un mapeo de la telaraña empresarial que se tejió entre Interbolsa, Premium y sus filiales.

Justamente, en ese enredado escenario de maniobras financieras es que aparece el nombre del empresario Víctor Maldonado como uno de los beneficiarios de millonarios créditos girados por Premium sin mayores garantías. Maldonado, Ortiz, Jaramillo, así como Claudia Aristizábal, Ricardo Martínez, Rachid Maluf y el norteamericano Eric Andersen, serán imputados el próximo mes de noviembre por estos hechos. Según la Fiscalía, se realizaron transacciones irregulares desde Interbolsa para enviar recursos de sus clientes al Fondo Premium de Curazao, que a su vez reinvirtió esos dineros en negocios en Colombia.

Buena parte de esas “vueltas” fue para inflar la acción de Fabricato. Los investigadores tienen evidencia de que a través de una firma panameña llamada Intertours, Jaramillo, Ortiz y Andersen realizaron negocios con empresas colombianas que al mismo tiempo eran clientes claves o accionistas de Interbolsa, como las de Víctor Maldonado. El abogado de este, Iván Cancino, señaló que toda la intervención del caso Premium y el embargo contra los bienes, propiedades y firmas de Maldonado garantizan que él va a devolver hasta el último peso. Según Cancino, su responsabilidad sería de unos $40.000 millones con intereses incluidos.

No obstante, El Espectador confirmó que Maldonado estaría dispuesto a entregar hasta $60.000 millones para saldar su deuda con la justicia y la Supersociedades. “En todo caso me llama la atención que cuando se habla de reparación a las víctimas siempre encabeza la lista el señor Víctor Maldonado. En Premium le prestaron mucha plata a mucha gente y hoy no sabemos ni quiénes son, ni por qué sus bienes no están embargados o perseguidos. Lo hacen con Maldonado porque él tiene plata, y además tiene sus empresas para responder”, señaló el penalista Cancino.

Por su parte, una fuente de la Supersociedades le dijo a El Espectador que esos cerca de $500.000 millones valorados a hoy, no necesariamente garantizan que se pueda recuperar toda la plata perdida, aunque en todo caso se trata de un buen inicio. La fuente explicó que ese inventario no se hizo con base en una valoración técnica, sino de una forma preliminar y, por lo tanto, no hay una última palabra hasta tanto todos esos bienes entren en liquidación, las acciones se valoren a los precios del mercado actual —pueden haberse depreciado— y los deudores de Rentafolio y Financiero cancelen los más de $281.000 millones que deben.

Por último, el abogado Juan David Riveros, representante de cerca de 200 víctimas del Fondo Premium, resaltó que las autoridades están adelantando una labor clave para judicializar a los responsables y recuperar el dinero. “Nosotros confiamos en que sean reparadas todas las víctimas. Pero no será fácil. Una cosa son las valoraciones preliminares y otra en lo que terminen estos procesos. Hace poco hicieron un escándalo con la entrega de unas acciones de Azul y Blanco de Juan Carlos Ortiz, que dijeron que valían $3.000 millones. Así valgan todo eso, con eso se repara apenas el 1% del daño”, dijo Riveros. Además, terció en la controversia protagonizada por Eric Andersen, director del Fondo Premium, y su abogado Jaime Granados.

Tal como lo contó El Espectador el pasado domingo, Andersen y Granados están enfrentados porque el abogado renunció a representar a las víctimas del Fondo luego de que Andersen fuera llamado a imputación de cargos por parte de la Fiscalía (ver recuadro). Según el abogado Riveros, era claro desde que estalló este caso que Andersen iba a terminar investigado. “No logro entender cómo el señor Andersen contrató los servicios del doctor Granados para defender supuestamente a las víctimas del caso Premium. Y no lo entiendo porque como defensor de las víctimas, Granados tuvo que darse cuenta de que el director del fondo, es decir quien lo contrató, era un victimario más. Eso no tiene presentación”.

 * La pelea Granados-Andersen

Mientras la Supersociedades define cuándo comenzará la liquidación del Fondo Premium, queda otro importante frente de batalla: los procesos penales. El domingo pasado El Espectador contó que el abogado Jaime Granados, contratado inicialmente por el Fondo Premium, renunció a su poder y está dispuesto a representar a víctimas de ese fraude. El dilema ético, sin embargo, es evidente: ¿puede un abogado contratado por el Fondo pasar a pelear con éste? ¿Podrá usar las pruebas que ha recogido? El próximo 12 de noviembre será imputado el director del Fondo, Eric Andersen, quien contrató a Granados y ahora no acepta su renuncia a menos que éste devuelva $1.575 millones de los $2.100 millones que ya recibió por honorarios.

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@jdlaverde9