Los $5,6 billones embolatados de la salud

La batalla judicial emprendida por Camila Abuabara para conseguir un trasplante de médula ósea en el hospital Anderson Cancer Center de Houston (EE.UU.), cuyo costo ronda los $4.000 millones, desató una agria polémica sobre hasta dónde puede el Estado costear este tipo de tratamientos y si este caso no constituye una discriminación para otros miles de pacientes en Colombia que sufren enfermedades de alto costo. Mientras la justicia decide si favorece a Camila, quien padece leucemia linfoblástica aguda, en las redes sociales ella es vista o bien como una luchadora que trata de garantizarse el mejor tratamiento o bien como una más de las responsables del desangre de la salud pública.

El debate ha caído en la polarización, pero puso en perspectiva, al margen de este episodio particular, la gravedad del estado de las finanzas públicas en este campo. En el Ministerio de Salud se asegura que hay un hueco de $5 billones, un monto que las EPS les adeudan al Fosyga y a otras entidades del Estado. En la orilla contraria están quienes piensan que el valor de la vida debe garantizarse a toda costa y que el tratamiento de Camila no representa la mayor amenaza para los recursos del sistema de seguridad social. Hoy la Contraloría ha dictado fallos por corrupción en salud por más de $1,4 billones e indaga otros 30 expedientes en los que se calcula que se perdieron o fueron robados unos $4,2 billones más.

Dicho de otra manera, mientras la indignación por el caso de Camila Abuabara protagoniza las redes sociales, su intervención en Estados Unidos, si es que se aprueba, costaría menos del 0,1% de lo que los corruptos le han arrebatado a la salud. Una paradoja que hizo que El Espectador revisara en los archivos de la Contraloría los procesos de responsabilidad fiscal en los que hoy por hoy están embolatados $5,6 billones. En lo que tiene que ver con fallos ejecutoriados, el organismo de control reporta 72 en los que se hallaron irregularidades en recobros, desgreño administrativo, liquidaciones de contratos, indebida utilización de recursos, sobrecostos en medicamentos y desvío de parafiscales, entre otro largo etcétera, cuyo expediente más conocido es el de Saludcoop, Carlos Palacino y compañía.

En la larga lista de estafados aparecen Cajanal, la Dirección Nacional de Policía, la Universidad Nacional, el Ministerio de Salud, distintas direcciones territoriales y las gobernaciones de Vichada, Vaupés, Tolima, Risaralda, Quindío, Norte de Santander, Nariño, Chocó, Cesar, Magdalena, Casanare, Boyacá, Caldas, Huila, Bolívar, Arauca y Meta. La Contraloría descubrió casos tan aberrantes como multimillonarios recobros por tratamientos inexistentes a personas que ya habían fallecido o que reportaban múltiples afiliaciones. Al parecer, buena parte de ese barril sin fondo de los corruptos es aprovechada por los “vivos” que trafican con bases de datos de muertos.

Al mismo tiempo, la Contraloría avanza en 30 investigaciones que constituyen lo más representativo de las denuncias por corrupción, pero sobre las cuales no ha habido un fallo. La más grande tiene que ver con sobrecostos en medicamentos, en especial Rituximab (utilizado en pacientes con linfomas y artritis reumatoide), con recobros irregulares al Fosyga y con acuerdos restrictivos de competencia entre la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) y algunas de sus afiliadas “para excluir medicamentos del Plan Obligatorio de Salud de manera concertada”. En este caso se indaga la presunta pérdida de $1,8 billones. En segundo lugar, la afectada es la EPS Caprecom, con recursos perdidos por $1 billón.

En tercer lugar figura la EPS Saludcoop, de la que se indaga, además, el desvío de recursos parafiscales y cuyo proceso está en etapa probatoria. En riesgo estarían, según los denunciantes, $337.000 millones. Igual ocurre en otro proceso en el que aparecen Cafesalud, Saludcoop, Cruz Blanca y el consorcio Fidufosyga, en un expediente en el que se investiga un detrimento de $305.000 millones. En quinto lugar figura el municipio de Soledad (Atlántico), en donde se hallaron irregularidades fiscales por contratos sin liquidar con EPS que sumarían más de $162.000 millones. La lista es extensa y, en general, los líos administrativos o la mano de inescrupulosos podrían costarle al país $5,6 billones.

Y las denuncias siguen llegando por desvío de recursos parafiscales, anomalías en contratos, giros irregulares, compras injustificadas de medicamentos, una morosidad inexplicable a instituciones prestadoras de salud (IPS) y cualquier cantidad de problemas adicionales en contratación. Mientras la justicia indaga qué pasó con estos dineros, otros jueces definen si Camila Abuabara tiene derecho a que su trasplante de médula se haga realidad en Estados Unidos, donde ella asegura que tiene 60% más de posibilidades de sobrevivir.

jlaverde@elespectador.com

@jdlaverde9

La batalla judicial emprendida por Camila Abuabara para conseguir un trasplante de médula ósea en el hospital Anderson Cancer Center de Houston (EE.UU.), cuyo costo ronda los $4.000 millones, desató una agria polémica sobre hasta dónde puede el Estado costear este tipo de tratamientos y si este caso no constituye una discriminación para otros miles de pacientes en Colombia que sufren enfermedades de alto costo. Mientras la justicia decide si favorece a Camila, quien padece leucemia linfoblástica aguda, en las redes sociales ella es vista o bien como una luchadora que trata de garantizarse el mejor tratamiento o bien como una más de las responsables del desangre de la salud pública.

El debate ha caído en la polarización, pero puso en perspectiva, al margen de este episodio particular, la gravedad del estado de las finanzas públicas en este campo. En el Ministerio de Salud se asegura que hay un hueco de $5 billones, un monto que las EPS les adeudan al Fosyga y a otras entidades del Estado. En la orilla contraria están quienes piensan que el valor de la vida debe garantizarse a toda costa y que el tratamiento de Camila no representa la mayor amenaza para los recursos del sistema de seguridad social. Hoy la Contraloría ha dictado fallos por corrupción en salud por más de $1,4 billones e indaga otros 30 expedientes en los que se calcula que se perdieron o fueron robados unos $4,2 billones más.

Dicho de otra manera, mientras la indignación por el caso de Camila Abuabara protagoniza las redes sociales, su intervención en Estados Unidos, si es que se aprueba, costaría menos del 0,1% de lo que los corruptos le han arrebatado a la salud. Una paradoja que hizo que El Espectador revisara en los archivos de la Contraloría los procesos de responsabilidad fiscal en los que hoy por hoy están embolatados $5,6 billones. En lo que tiene que ver con fallos ejecutoriados, el organismo de control reporta 72 en los que se hallaron irregularidades en recobros, desgreño administrativo, liquidaciones de contratos, indebida utilización de recursos, sobrecostos en medicamentos y desvío de parafiscales, entre otro largo etcétera, cuyo expediente más conocido es el de Saludcoop, Carlos Palacino y compañía.

En la larga lista de estafados aparecen Cajanal, la Dirección Nacional de Policía, la Universidad Nacional, el Ministerio de Salud, distintas direcciones territoriales y las gobernaciones de Vichada, Vaupés, Tolima, Risaralda, Quindío, Norte de Santander, Nariño, Chocó, Cesar, Magdalena, Casanare, Boyacá, Caldas, Huila, Bolívar, Arauca y Meta. La Contraloría descubrió casos tan aberrantes como multimillonarios recobros por tratamientos inexistentes a personas que ya habían fallecido o que reportaban múltiples afiliaciones. Al parecer, buena parte de ese barril sin fondo de los corruptos es aprovechada por los “vivos” que trafican con bases de datos de muertos.

Al mismo tiempo, la Contraloría avanza en 30 investigaciones que constituyen lo más representativo de las denuncias por corrupción, pero sobre las cuales no ha habido un fallo. La más grande tiene que ver con sobrecostos en medicamentos, en especial Rituximab (utilizado en pacientes con linfomas y artritis reumatoide), con recobros irregulares al Fosyga y con acuerdos restrictivos de competencia entre la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) y algunas de sus afiliadas “para excluir medicamentos del Plan Obligatorio de Salud de manera concertada”. En este caso se indaga la presunta pérdida de $1,8 billones. En segundo lugar, la afectada es la EPS Caprecom, con recursos perdidos por $1 billón.

En tercer lugar figura la EPS Saludcoop, de la que se indaga, además, el desvío de recursos parafiscales y cuyo proceso está en etapa probatoria. En riesgo estarían, según los denunciantes, $337.000 millones. Igual ocurre en otro proceso en el que aparecen Cafesalud, Saludcoop, Cruz Blanca y el consorcio Fidufosyga, en un expediente en el que se investiga un detrimento de $305.000 millones. En quinto lugar figura el municipio de Soledad (Atlántico), en donde se hallaron irregularidades fiscales por contratos sin liquidar con EPS que sumarían más de $162.000 millones. La lista es extensa y, en general, los líos administrativos o la mano de inescrupulosos podrían costarle al país $5,6 billones.

Y las denuncias siguen llegando por desvío de recursos parafiscales, anomalías en contratos, giros irregulares, compras injustificadas de medicamentos, una morosidad inexplicable a instituciones prestadoras de salud (IPS) y cualquier cantidad de problemas adicionales en contratación. Mientras la justicia indaga qué pasó con estos dineros, otros jueces definen si Camila Abuabara tiene derecho a que su trasplante de médula se haga realidad en Estados Unidos, donde ella asegura que tiene 60% más de posibilidades de sobrevivir.

jlaverde@elespectador.com

@jdlaverde9