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En julio de 2012, el Estado empezó a desembolsar $2.515 millones para pagar mensualmente el arriendo de la nueva sede a la que se trasladó la Contraloría, en la avenida La Esperanza con carrera 60 en Bogotá. La mudanza que, de acuerdo con el último informe de la Auditoría tuvo irregularidades por cerca de $76.000 millones fue un proyecto en el que la contralora Sandra Morelli se empecinó desde 2011. A partir de entonces, Morelli sostuvo que las instalaciones antiguas, ubicadas en el centro de la ciudad, no ofrecían las condiciones necesarias para trabajar. Dos edificios que eran propiedad de la Contraloría se desocuparon para trasladar su planta a uno nuevo, pero en arriendo.
El trasteo se planteó porque la Torre Colseguros y el edificio Crisanto Luque, sedes de la Contraloría, no cumplían con las normas de sismorresistencia. En reiteradas ocasiones Morelli manifestó a los medios de comunicación que los edificios eran un “chiste”, que “no se puede hablar por celular”, que “no hay posibilidad de conectividad y que “las condiciones de seguridad a la entrada y a la salida son patéticas”. Además “cuando llueve empieza a salir agua por los ascensores”. Unas condiciones bajo las que la entidad no podía trabajar.
El traslado era un propósito del cual la Contraloría no iba a desistir. La propuesta llegó al ministro de Hacienda Juan Carlos Echeverry, quien la consideró “irracional”. Por eso delegó a su viceministro Bruce Mac Master para proponer una alternativa: el traslado de la Contraloría sería temporal, mientras se hacía el diagnóstico en las otras dos sedes para clarificar si eran funcionales y se realizaban las adecuaciones . En ningún momento se habló de la venta de los edificios, lo que terminó consolidándose con el colector público del Estado Central de Inversiones S. A. (CISA).
Esta irregularidad quedó registrada en el informe de la Auditoría, porque la Contraloría vendió la Torre Colseguros y el edificio Crisanto Luque en $13.000 millones cuando su avalúo era de $35.000 millones, una diferencia de $22.000 millones. Es decir, el negocio se cerró por un valor menor que representa un detrimento al patrimonio público. Además no se consideraron otros oferentes: “no tuvo en cuenta las propuestas de la firma Terranum, Sociedad empresarial del Grupo Santo Domingo y del Banco Agrario interesados en adquirir las antiguas sedes para determinar que la mejor propuesta era la presentada por CISA, ni pudo demostrar que la Torre Colseguros ni el Edificio Cardenal Crisanto Luque eran edificaciones que la Entidad no requería para el ejercicio de sus funciones”, señaló el informe.
Ahora, lo que menciona reiteradamente la Contraloría es que dicha venta no se previó en el contrato 233 de 2012, que la Contraloría firmó en abril de ese año para el traslado temporal y el estudio diagnóstico de los otros dos edificios. El ente fiscal se comprometió a una mudanza temporal y terminó negociando sus antiguas sedes. Una supuesta necesidad que se fundamentó en que la Contraloría sólo era dueña del 53% del complejo en el que está la Torre Colseguros. Cuando en agosto de 2012 se les propuso a los copropietarios realizar el estudio de diagnóstico y asumir el costo que les correspondía, ellos se negaron y el organismo fiscal adujo que no le quedaba otra opción diferente a la venta.
Aun así, para la Auditoría esta circunstancia implica una falta de la entidad en la previsión porque la reunión de copropietarios se hizo en agosto de 2012, cuando el contrato 233 se había firmado en abril. “Lo que resulta más incoherente es que la Contraloría General de la República se hubiera comprometido a realizar la evaluación diagnóstica integral de la Torre Colseguros y del Edificio Cardenal Crisanto Luque, cuando en lo que tiene que ver con la Torre no contaba con la aprobación de la asamblea de propietarios del Centro Colseguros para realizarla. Esa falta de previsión impidió que el arrendamiento fuera temporal y que durante ese periodo se realizaran las adecuaciones que pudieran requerirse”, sostuvo el informe.
Y agregó que “esta inadecuada planeación” terminó por definir el futuro de los inmuebles de la Contraloría” y, por ende, el detrimento de los $22.000 millones que se suman a los $54.000 que se han pagado en arriendo, más los costos del trasteo y adecuaciones, episodio que por demás investiga la Fiscalía. De hecho, cuando se realizó el cambio de sede la Contraloría adquirió bienes como puertas, divisiones, pisos, alfombras, enchapes, sistemas de aire, gabinetes contra incendios, sistemas de vigilancia y monitoreo ambiental, sistemas de detección y extinción de incendios, sistemas eléctricos, red general de agua a presión y circuito cerrado de televisión.
Una compra que según el informe de la auditoría es “contradictoria” porque al ser el traslado temporal, la Contraloría no sabe a ciencia cierta si dichos enseres le van a servir para las antiguas sedes, más aún “sin haber realizado las evaluaciones diagnósticas integrales de la Torre Colseguros y del Edificio Cardenal Crisanto Luque que le permitieran saber si todos estos elementos podían reinstalarse”. Así como sin “tener en cuenta el valor del desmonte de todos esos elementos, el valor de reinstalación, ni el valor de los elementos que no son susceptibles de reutilizarse una vez desmontados”. Además, en los estudios previos del contrato 233 de 201, el organismo fiscal ni siquiera pensó en conservar los muebles que ya tenía y esto generó una pérdida de $3.304 millones, según la evaluación de la Auditoría.
Esta investigación de la Auditoría estuvo interrumpida entre noviembre de 2013 y marzo de 2014 porque la contralora Morelli recusó en octubre del año pasado a la auditora Laura Emilse Marulanda, argumentando una enemistad que incidiría en los resultados de las cuatro investigaciones que fueron abiertas contra Morelli. Precisamente se estaba investigando el traslado de la sede de la Contraloría, la celebración de los 90 años de la institución, la gestión y resultados de la Unidad Anticorrupción con los recursos de las regalías y los contratos de prestación de servicios profesionales. En febrero pasado, la Procuraduría negó el recurso de la Contraloría, porque tras evaluar las pruebas presentadas no se encontró un impedimento para que Marulanda no pudiera investigar a la contralora.
Pese a esta interrupción el informe continuó hasta el pasado abril y concluyó que no se puede comprobar que “el traslado de la sede de la Contraloría” haya impactado positivamente en el cumplimiento de las funciones que tiene asignado. Esto en referencia a lo que sostuvo la contralora Morelli para argumentar el traslado, pues en junio de 2012 señaló que “para poder cumplir sin los esfuerzos ingentes que ahora hacemos si necesitamos infraestructura. Donde estamos no cabemos y arreglar una propiedad condominial sin aporte de los demás genera detrimento y hacerlo mientras se trabaja genera riesgos de seguridad, salubridad, perdida de la información e ineficiencias que no voy a asumir porque yo respondo por el control de los recursos y no puedo suspender para que arreglen los tapetes y echen estuco y ¿Cuando tiemble quién responde? ¡No hay espacio para evacuar una camilla!”.
Y agregó en ese momento: “Que me muestren la inconveniencia, la falta de necesidad, sobrecosto o corrupción, más allá de soltar una especie malintencionada, aquí lo que estamos es trabajando por la dignidad humana y la modernización de una entidad”. No obstante, la Auditoría sostuvo que más allá de que los edificios de Colseguros y el Crisanto Luque hayan sido construidos antes de la expedición de las normas sismorresistencia y, por tanto, no están actualizados de acuerdo a éstas, “la Contraloría General de la República no cuenta con un estudio técnico contundente en el que se evidencie que esos inmuebles no se podían modernizar, ni era posible adecuarlos a sus necesidades misionales, o no eran funcionales para la entidad, o representaban un peligro en caso de algún evento sísmico para sus funcionarios y/o visitantes”.
De ahí que concluyera que, “la CGR no cuenta con un soporte válido y suficiente para justificar el proceso de traslado definitivo de su sede central, ni la venta de las edificaciones señaladas anteriormente”. En últimas, el estudio auditor consideró que la Contraloría terminó vendiendo sus inmuebles sin saber a ciencia cierta que no eran funcionales, pues al no realizarse el diagnóstico no fue posible establecer las condiciones reales de los edificios. Eso además de mudarse a una sede cuyo contrato inicial de dos años se vence el próximo 6 de agosto y sigue facturando costos millonarios.
mrincon@elespectador.com
@macamilarincon