Los $8 billones que el Gobierno quiere para las víctimas

La plata que está recogiendo la Fiscalía a través de la incautación de propiedades la quiere la Presidencia para la Unidad de Víctimas. El presidente Juan Manuel Santos se lo hizo saber la semana pasada, en una reunión, al fiscal General (e) Jorge Perdomo. La exdirectora de la Unidad Paula Gaviria también se lo había hecho saber a Perdomo. El motivo: mientras en 2014 los bienes incautados a grupos ilegales, como el clan Úsuga (ahora llamado clan del Golfo), estaban avaluados en $500.000 millones, las propiedades que han entrado en proceso de extinción de dominio entre 2015 y este año valen casi 17 veces esa cifra: $8,6 billones.

Nunca antes la Fiscalía les había quitado tantos bienes a los grupos ilegales en un tiempo tan corto. En un informe de gestión de la Dirección de Fiscalía Nacional Especializada de Extinción del Derecho del Dominio, elaborado hace cinco días y conocido por este Diario, se lee que en buena parte la razón por la cual la Fiscalía ha podido ser tan eficiente en esta labor es el Código de Extinción de Dominio, expedido el 20 de enero de 2014, así como "las nuevas políticas de priorización establecidas por la administración del doctor Eduardo Montealegre Lynett".

La priorización, señala el informe, permitió que la carga de los fiscales disminuyera. Mientras en 2012 fueron asignados 1.077 casos, en 2015 ese número era 267. Es decir, una reducción de 75 %. Asimismo, el Código de Extinción de Dominio ayudó considerablemente a que se acortaran los tiempos de los procesos: antes podían durar en promedio siete años o más; ahora la Fiscalía espera que ese tiempo no sea mayor de un año. Además, se crearon ocho fiscalías regionales de extinción de dominio en puntos claves de la geografía nacional, como Medellín, Villavicencio, Cúcuta y Pereira. Y, por solicitud de la Fiscalía, el Consejo Superior de la Judicatura nombró un juez de control de garantías para cada una de esas oficinas regionales.

Desde marzo de 2015 lo que se aprobó en la Fiscalía fue que se diera prioridad a los procesos que apuntaran a desarticular las finanzas de las Farc, el clan Úsuga, organizaciones de trata de personas, la Oficina de Envigado, aforados constitucionales (por ejemplo los congresistas) y personas involucradas con el carrusel de la contratación de Bogotá. Con respecto a las Farc, que por supuesto es el grupo de mayor interés en el marco de las negociaciones en La Habana, la Fiscalía trabaja para quitarle 60 mil hectáreas en el Meta, y hace un mes, entre el 3 y el 6 de mayo, tomaron declaraciones de víctimas de esa guerrilla y de desmovilizados con el fin de ubicar los predios entre Uribe y Mesetas.

A personas relacionadas con el clan Úsuga les han quitado al menos 544 inmuebles, más de 60 vehículos y 11 cuentas bancarias, que suman unos $397 mil millones. Entre las personas afectadas aparece Nini Jhoana Úsuga David, hermana del jefe de la organización Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel, quien es hoy objetivo de alto interés de los Estados Unidos: tiene una solicitud de extradición de la Corte del Distrito Sur de Nueva York desde 2009 y el Departamento de Estado de ese país ofrece por información sobre él hasta US $5 millones. Otra de las personas que ha perdido bienes en este contexto es Blanca Madrid Benjumea, quien, según las autoridades, es la esposa de Otoniel. Ella fue detenida en febrero del año pasado y está siendo investigada por concierto para delinquir, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Igualmente, la Fiscalía cuenta entre sus aciertos la extinción de dominio de nueve inmuebles, ocho carros, cuatro sociedades y dos establecimientos comerciales que le pertenecen a Jhon Jairo Torres, más conocido como Jhon Calzones, el hombre que, él mismo afirma, amasó una fortuna de más de $200 mil millones a punta de vender ropa interior (de ahí su alias). Torres ganó el año pasado la Alcaldía de Yopal (Casanare), y ganó desde la cárcel: había sido detenido el 14 de octubre, 12 días antes de los comicios, debido a la investigación que se abrió en su contra por el desarrollo de una urbanización ilegal muy famosa en Yopal: la ciudadela La Bendición. Torres aceptó ese cargo. Fue recapturado en marzo de este año por las nuevas investigaciones que se le abrieron por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Esos cargos los rechazó.

En resumen, la Fiscalía ha sido extremadamente eficiente en el último año y medio en incautarles propiedades a personas investigadas por actividades ilícitas, y la Presidencia, consciente de ese éxito, quiere que ese dinero vaya directamente a la Unidad de Víctimas. La cantidad de personas que se han registrado ante esta entidad, reflejo de la magnitud del conflicto, explica en buena parte el afán del presidente Santos por conseguir recursos: 7,7 millones de personas se han reconocido a sí mismas como afectadas por algún crimen en su contra en el marco del conflicto, además de las más de 280.000 personas que han entrado al registro por orden de jueces. Colombia, ya se sabe, es un país de víctimas. Y el Gobierno busca por todos lados el dinero para responder, aunque sea con lo mínimo, por el daño que la guerra y la falta de Estado les han causado.

La plata que está recogiendo la Fiscalía a través de la incautación de propiedades la quiere la Presidencia para la Unidad de Víctimas. El presidente Juan Manuel Santos se lo hizo saber la semana pasada, en una reunión, al fiscal General (e) Jorge Perdomo. La exdirectora de la Unidad Paula Gaviria también se lo había hecho saber a Perdomo. El motivo: mientras en 2014 los bienes incautados a grupos ilegales, como el clan Úsuga (ahora llamado clan del Golfo), estaban avaluados en $500.000 millones, las propiedades que han entrado en proceso de extinción de dominio entre 2015 y este año valen casi 17 veces esa cifra: $8,6 billones.

Nunca antes la Fiscalía les había quitado tantos bienes a los grupos ilegales en un tiempo tan corto. En un informe de gestión de la Dirección de Fiscalía Nacional Especializada de Extinción del Derecho del Dominio, elaborado hace cinco días y conocido por este Diario, se lee que en buena parte la razón por la cual la Fiscalía ha podido ser tan eficiente en esta labor es el Código de Extinción de Dominio, expedido el 20 de enero de 2014, así como "las nuevas políticas de priorización establecidas por la administración del doctor Eduardo Montealegre Lynett".

La priorización, señala el informe, permitió que la carga de los fiscales disminuyera. Mientras en 2012 fueron asignados 1.077 casos, en 2015 ese número era 267. Es decir, una reducción de 75 %. Asimismo, el Código de Extinción de Dominio ayudó considerablemente a que se acortaran los tiempos de los procesos: antes podían durar en promedio siete años o más; ahora la Fiscalía espera que ese tiempo no sea mayor de un año. Además, se crearon ocho fiscalías regionales de extinción de dominio en puntos claves de la geografía nacional, como Medellín, Villavicencio, Cúcuta y Pereira. Y, por solicitud de la Fiscalía, el Consejo Superior de la Judicatura nombró un juez de control de garantías para cada una de esas oficinas regionales.

Desde marzo de 2015 lo que se aprobó en la Fiscalía fue que se diera prioridad a los procesos que apuntaran a desarticular las finanzas de las Farc, el clan Úsuga, organizaciones de trata de personas, la Oficina de Envigado, aforados constitucionales (por ejemplo los congresistas) y personas involucradas con el carrusel de la contratación de Bogotá. Con respecto a las Farc, que por supuesto es el grupo de mayor interés en el marco de las negociaciones en La Habana, la Fiscalía trabaja para quitarle 60 mil hectáreas en el Meta, y hace un mes, entre el 3 y el 6 de mayo, tomaron declaraciones de víctimas de esa guerrilla y de desmovilizados con el fin de ubicar los predios entre Uribe y Mesetas.

A personas relacionadas con el clan Úsuga les han quitado al menos 544 inmuebles, más de 60 vehículos y 11 cuentas bancarias, que suman unos $397 mil millones. Entre las personas afectadas aparece Nini Jhoana Úsuga David, hermana del jefe de la organización Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel, quien es hoy objetivo de alto interés de los Estados Unidos: tiene una solicitud de extradición de la Corte del Distrito Sur de Nueva York desde 2009 y el Departamento de Estado de ese país ofrece por información sobre él hasta US $5 millones. Otra de las personas que ha perdido bienes en este contexto es Blanca Madrid Benjumea, quien, según las autoridades, es la esposa de Otoniel. Ella fue detenida en febrero del año pasado y está siendo investigada por concierto para delinquir, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Igualmente, la Fiscalía cuenta entre sus aciertos la extinción de dominio de nueve inmuebles, ocho carros, cuatro sociedades y dos establecimientos comerciales que le pertenecen a Jhon Jairo Torres, más conocido como Jhon Calzones, el hombre que, él mismo afirma, amasó una fortuna de más de $200 mil millones a punta de vender ropa interior (de ahí su alias). Torres ganó el año pasado la Alcaldía de Yopal (Casanare), y ganó desde la cárcel: había sido detenido el 14 de octubre, 12 días antes de los comicios, debido a la investigación que se abrió en su contra por el desarrollo de una urbanización ilegal muy famosa en Yopal: la ciudadela La Bendición. Torres aceptó ese cargo. Fue recapturado en marzo de este año por las nuevas investigaciones que se le abrieron por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Esos cargos los rechazó.

En resumen, la Fiscalía ha sido extremadamente eficiente en el último año y medio en incautarles propiedades a personas investigadas por actividades ilícitas, y la Presidencia, consciente de ese éxito, quiere que ese dinero vaya directamente a la Unidad de Víctimas. La cantidad de personas que se han registrado ante esta entidad, reflejo de la magnitud del conflicto, explica en buena parte el afán del presidente Santos por conseguir recursos: 7,7 millones de personas se han reconocido a sí mismas como afectadas por algún crimen en su contra en el marco del conflicto, además de las más de 280.000 personas que han entrado al registro por orden de jueces. Colombia, ya se sabe, es un país de víctimas. Y el Gobierno busca por todos lados el dinero para responder, aunque sea con lo mínimo, por el daño que la guerra y la falta de Estado les han causado.