Los argumentos de Iván Cepeda en contra de la tutela que pide devolver el caso Uribe a ceros

El Tribunal de Bogotá aceptó para estudio el pasado 19 de enero la tutela que interpuso la defensa del exsenador Álvaro Uribe Vélez y que busca, en pocas palabras, que el caso en su contra vuelva a ceros. Casi dos meses después de que un juez de Bogotá concluyera que la indagatoria que Uribe rindió en la Corte Suprema es equiparable a una imputación de cargos, el expresidente interpuso este nuevo recurso en el que alega que se le vulneró el derecho al debido proceso. La víctima del caso, el senador Iván Cepeda, ya pidió que se rechace la demanda por improcedente.

(En contexto: Jaime Granados puso una tutela contra el juez que decidió que Álvaro Uribe ya fue imputado)

Según la defensa del senador Cepeda, la tutela no sería el mecanismo idóneo para tramitar lo que está pidiendo el expresidente, pues puede pedir nulidades dentro del proceso penal; tampoco hay un perjuicio irremediable que amerite acudir a este recurso; y la defensa del expresidente desechó otras oportunidades para defenderse. Además, alegan que tampoco existieron las fallas que señala la defensa del exsenador expresidente y, sostienen que fue Uribe quien, “originó toda la crisis procesal” que ha hecho de este caso un enredo jurídico sin precedentes.

“La Fiscalía no debe formular la imputación, esta etapa ya está superada, por tanto, deberá emitir si presenta acusación o desiste de continuar investigando”. Esta fue la decisión que tomó en segunda instancia, el 6 de noviembre de 2020, el juez cuarto penal de conocimiento de Bogotá, luego de que Uribe renunciara al Senado y el proceso en su contra por posible manipulación de testigos y soborno pasara de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema a la justicia ordinaria. Sin embargo, para el abogado de Uribe, Jaime Granados, el funcionario judicial “carecía de competencia”.

(Lea también: Expresidente Uribe seguirá libre, pero sí está investigado formalmente)

En la acción de tutela, Granados aseguró que el único competente para decidir en qué estadio procesal quedaba el caso contra Uribe era el fiscal que lleva el proceso.  “Lo que se plantea, desde este control constitucional, es que el juez accionado desbordó su competencia para pronunciarse sobre aspectos que ya habían sido definidos por la autoridad competente”, dice la tutela de la defensa del exsenador, que está siendo investigado por presuntas presiones a testigos que habían hablado en su contra para que cambiaran su versión. Él siempre se ha declarado inocente.

Una vez notificados de la demanda, la defensa del senador Iván Cepeda, en cabeza del abogado Rodrigo Villalba, alistó sus argumentos y contraatacó. En su contestación, piden que el recurso del expresidente sea negado por improcedente, pues Uribe contaría con otros mecanismos para defenderse dentro del proceso penal, que debe agotar antes de acudir a la tutela. “Dentro de la actuación penal cuenta con un escenario procesal y judicial para advertir y alegar las nulidades que pretende”, se lee en el recurso.

Además, dice la contestación de Cepeda, no es entendible que la defensa de Uribe insista en que hubo irregularidades en la indagatoria que le practicó la Corte Suprema, pero nunca presentaron un recurso para intentar tumbarla, “y ahora pretender revivir procesalmente aspectos ya definidos”. Asimismo, el senador sostiene que Uribe no ha demostrado un perjuicio irremediable en su contra, y ni siquiera ha alegado que lo haya desde que rindió indagatoria. Pero más allá de estos temas de forma, la víctima del caso sostiene que el juez no se extralimitó.

(Le puede interesar: Las decisiones judiciales esperadas para este año)

En su contestación a la tutela de Uribe, la defensa de Cepeda explicó que cada punto de la decisión del juez fue fruto de un debate entre las víctimas, la Fiscalía, la Procuraduría y el procesado. “Tampoco se produjo ninguna sustitución del rol de la Fiscalía, como quiere mostrarlo el accionante (la defensa de Uribe). Es más, quien provocó la intervención de los jueces de la República alegando la no similitud entre la indagatoria y la imputación fue la mismísima defensa del procesado, que precisamente pretendió que los jueces definieran tal situación”, se lee en una parte del documento.

Además, en la contestación de Cepeda se cita un aparte de la indagatoria de Uribe en la que el magistrado César Reyes, quien llevaba el caso en la Corte, le explicó los hechos por los que estaba siendo investigado. Posteriormente, el exsenador se refirió a fechas, testigos y particularidades del caso que, asegura Cepeda, no conocería si no le hubieran quedado claros los hechos por los que estaba en la lupa de la justicia. Este punto es clave, pues es la apuesta del senador del Polo por mantener en firme la equivalencia que estableció el juez de conocimiento entre la indagatoria y la imputación.

(Lea: ¿Por qué se declaró “improcedente” la tutela de Uribe al creador de Matarife?)

Por último, la defensa de Cepeda sostiene que devolver el caso Uribe a ceros, como busca esta tutela, desestabiliza el proceso penal y es un paso hacia la impunidad, pues el asunto ya fue definido judicialmente, sin contar los recursos que ha invertido la justicia en investigar todo este expediente. Y, para terminar, sostienen que fue el propio Uribe, con su renuncia al Senado, quien generó un escenario procesal sin precedentes para aterrizar en la Fiscalía, dice el documento, y alegar desde allí que el trabajo de la Corte Suprema ahora no tiene validez.

El Tribunal de Bogotá aceptó para estudio el pasado 19 de enero la tutela que interpuso la defensa del exsenador Álvaro Uribe Vélez y que busca, en pocas palabras, que el caso en su contra vuelva a ceros. Casi dos meses después de que un juez de Bogotá concluyera que la indagatoria que Uribe rindió en la Corte Suprema es equiparable a una imputación de cargos, el expresidente interpuso este nuevo recurso en el que alega que se le vulneró el derecho al debido proceso. La víctima del caso, el senador Iván Cepeda, ya pidió que se rechace la demanda por improcedente.

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Según la defensa del senador Cepeda, la tutela no sería el mecanismo idóneo para tramitar lo que está pidiendo el expresidente, pues puede pedir nulidades dentro del proceso penal; tampoco hay un perjuicio irremediable que amerite acudir a este recurso; y la defensa del expresidente desechó otras oportunidades para defenderse. Además, alegan que tampoco existieron las fallas que señala la defensa del exsenador expresidente y, sostienen que fue Uribe quien, “originó toda la crisis procesal” que ha hecho de este caso un enredo jurídico sin precedentes.

“La Fiscalía no debe formular la imputación, esta etapa ya está superada, por tanto, deberá emitir si presenta acusación o desiste de continuar investigando”. Esta fue la decisión que tomó en segunda instancia, el 6 de noviembre de 2020, el juez cuarto penal de conocimiento de Bogotá, luego de que Uribe renunciara al Senado y el proceso en su contra por posible manipulación de testigos y soborno pasara de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema a la justicia ordinaria. Sin embargo, para el abogado de Uribe, Jaime Granados, el funcionario judicial “carecía de competencia”.

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En la acción de tutela, Granados aseguró que el único competente para decidir en qué estadio procesal quedaba el caso contra Uribe era el fiscal que lleva el proceso.  “Lo que se plantea, desde este control constitucional, es que el juez accionado desbordó su competencia para pronunciarse sobre aspectos que ya habían sido definidos por la autoridad competente”, dice la tutela de la defensa del exsenador, que está siendo investigado por presuntas presiones a testigos que habían hablado en su contra para que cambiaran su versión. Él siempre se ha declarado inocente.

Una vez notificados de la demanda, la defensa del senador Iván Cepeda, en cabeza del abogado Rodrigo Villalba, alistó sus argumentos y contraatacó. En su contestación, piden que el recurso del expresidente sea negado por improcedente, pues Uribe contaría con otros mecanismos para defenderse dentro del proceso penal, que debe agotar antes de acudir a la tutela. “Dentro de la actuación penal cuenta con un escenario procesal y judicial para advertir y alegar las nulidades que pretende”, se lee en el recurso.

Además, dice la contestación de Cepeda, no es entendible que la defensa de Uribe insista en que hubo irregularidades en la indagatoria que le practicó la Corte Suprema, pero nunca presentaron un recurso para intentar tumbarla, “y ahora pretender revivir procesalmente aspectos ya definidos”. Asimismo, el senador sostiene que Uribe no ha demostrado un perjuicio irremediable en su contra, y ni siquiera ha alegado que lo haya desde que rindió indagatoria. Pero más allá de estos temas de forma, la víctima del caso sostiene que el juez no se extralimitó.

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En su contestación a la tutela de Uribe, la defensa de Cepeda explicó que cada punto de la decisión del juez fue fruto de un debate entre las víctimas, la Fiscalía, la Procuraduría y el procesado. “Tampoco se produjo ninguna sustitución del rol de la Fiscalía, como quiere mostrarlo el accionante (la defensa de Uribe). Es más, quien provocó la intervención de los jueces de la República alegando la no similitud entre la indagatoria y la imputación fue la mismísima defensa del procesado, que precisamente pretendió que los jueces definieran tal situación”, se lee en una parte del documento.

Además, en la contestación de Cepeda se cita un aparte de la indagatoria de Uribe en la que el magistrado César Reyes, quien llevaba el caso en la Corte, le explicó los hechos por los que estaba siendo investigado. Posteriormente, el exsenador se refirió a fechas, testigos y particularidades del caso que, asegura Cepeda, no conocería si no le hubieran quedado claros los hechos por los que estaba en la lupa de la justicia. Este punto es clave, pues es la apuesta del senador del Polo por mantener en firme la equivalencia que estableció el juez de conocimiento entre la indagatoria y la imputación.

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Por último, la defensa de Cepeda sostiene que devolver el caso Uribe a ceros, como busca esta tutela, desestabiliza el proceso penal y es un paso hacia la impunidad, pues el asunto ya fue definido judicialmente, sin contar los recursos que ha invertido la justicia en investigar todo este expediente. Y, para terminar, sostienen que fue el propio Uribe, con su renuncia al Senado, quien generó un escenario procesal sin precedentes para aterrizar en la Fiscalía, dice el documento, y alegar desde allí que el trabajo de la Corte Suprema ahora no tiene validez.