Los argumentos de Santiago Uribe para tumbar el llamado a juicio por "Los 12 Apóstoles"

En la tarde de este jueves el abogado Jaime Granados Peña, quien defiende los intereses del ganadero antioqueño Santiago Uribe Vélez presentó ante la Fiscalía General la apelación en contra de la decisión del fiscal décimo delegado ante la Corte Suprema de Justicia por su participación en los hechos que rodearon la conformación y expansión del grupo paramilitar conocido como ‘Los 12 Apóstoles’ en el municipio de Yarumal (Antioquia).

En el documento de 137 folios la defensa del ganadero antioqueño hace mención de los tres testigos citados por el fiscal en la resolución de acusación en contra de su defendido. En este sentido asegura que los mismos incurrieron en contradicciones de tiempo, modo y lugar frente a los hechos narrados y que ubican al hermano menor del senador Álvaro Uribe Vélez como el promotor de dicho grupo armado ilegal en la década de los noventa.

En este sentido precisa que los testimonios que se encuentran en la resolución de acusación firmada el pasado 21 de octubre no tienen la credibilidad necesaria puesto que han incurrido en repetidas oportunidades en contradicciones, incluso uno de ellos aseguró en un momento que  había recibido una presión por parte de las autoridades para declarar en contra de Uribe Vélez.

En uno de los apartes se asegura que Enuncio Pineda Luján, uno de los labriegos de una finca cercana a la Hacienda La Carolina –de propiedad de Santiago Uribe Vélez- presenta problemas mentales que pueden afectar la veracidad de su testimonio. Para Granados esta declaración no puede ser tenida en cuenta puesto que Medicina Legal lo diagnosticó con una esquizofrenia de tipo paranoide.

Pineda Luján aseguró que en un momento fue testigo de una reunión celebrada en La Hacienda en la cual Uribe le entregó armas y uniformes a un grupo de hombres de la región. En el mismo encuentro, sostuvo, se ordenó atentar en contra de la vida de personas señaladas de tener nexos con los grupos guerrilleros que delinquían en la región y otros que tendrían vínculos con actividades relacionadas con la venta de drogas y la extorsión.

La defensa del procesado igualmente cuestiona la declaración del mayor (r) Juan Carlos Meneses al considerar que pese a que en un momento negó la relación de Uribe con dicha estructura armada ilegal, viajó a Venezuela para cambiar su versión y acusar al empresario. En el documento se indica que ha incurrido en falencias sobre los motivos que rodearon la reunión en la que conoció a Santiago Uribe.

El oficial, quien llegó como comandante de Policía de Yarumal en 1994, aseguró que pocos días después fue invitado a la finca La Carolina donde conoció a varios hacendados de la región, entre ellos Santiago Uribe. En esa oportunidad se le reveló la existencia de “los 12 Apóstoles” y su tarea de limpieza social. (Ver Estos son los señalamientos contra Santiago Uribe por "Los 12 Apóstoles")

Se le manifestó –según su versión- que existía una estrecha relación entre dicho grupo y la Fuerza Pública. El abogado señala que el mayor Meneses ya ha reconocido que ha faltado a la verdad en su declaración, asegurando que le han ofrecido beneficios judiciales para que continúe declarando en este y muchos otros procesos penales.

Considera que no se puede omitir el hecho que el mayor aceptó su participación directa en el crimen del conductor de bus Camilo Barrientos, asesinato por el cual es investigado el hermano menor del senador del Centro Democrático en condición de determinador. (Ver Testigos están mintiendo para favorecer a Santiago Uribe: Fiscalía)

Finalmente, cuestionó la validez de la declaración de Alexander Amaya, quien fungió como integrante del comando de la Policía en Yarumal en la década de los noventa. En este caso se manifiesta que está buscando un beneficio jurídico para continuar con su declaración puesto que fue condenado por varios crímenes cometidos por la Fuerza Pública en el municipio antioqueño.

El recurso de apelación deberá ser estudiado por la vicefiscal General, María Paulina Riveros quien deberá definir si modifica o deja en firme la resolución de acusación. Uribe Vélez fue capturado en marzo del presente año por agentes del CTI de la Fiscalía en Medellín, actualmente se encuentra privado de su libertad en una guarnición militar en Ríonegro (Antioquia).
 

En la tarde de este jueves el abogado Jaime Granados Peña, quien defiende los intereses del ganadero antioqueño Santiago Uribe Vélez presentó ante la Fiscalía General la apelación en contra de la decisión del fiscal décimo delegado ante la Corte Suprema de Justicia por su participación en los hechos que rodearon la conformación y expansión del grupo paramilitar conocido como ‘Los 12 Apóstoles’ en el municipio de Yarumal (Antioquia).

En el documento de 137 folios la defensa del ganadero antioqueño hace mención de los tres testigos citados por el fiscal en la resolución de acusación en contra de su defendido. En este sentido asegura que los mismos incurrieron en contradicciones de tiempo, modo y lugar frente a los hechos narrados y que ubican al hermano menor del senador Álvaro Uribe Vélez como el promotor de dicho grupo armado ilegal en la década de los noventa.

En este sentido precisa que los testimonios que se encuentran en la resolución de acusación firmada el pasado 21 de octubre no tienen la credibilidad necesaria puesto que han incurrido en repetidas oportunidades en contradicciones, incluso uno de ellos aseguró en un momento que  había recibido una presión por parte de las autoridades para declarar en contra de Uribe Vélez.

En uno de los apartes se asegura que Enuncio Pineda Luján, uno de los labriegos de una finca cercana a la Hacienda La Carolina –de propiedad de Santiago Uribe Vélez- presenta problemas mentales que pueden afectar la veracidad de su testimonio. Para Granados esta declaración no puede ser tenida en cuenta puesto que Medicina Legal lo diagnosticó con una esquizofrenia de tipo paranoide.

Pineda Luján aseguró que en un momento fue testigo de una reunión celebrada en La Hacienda en la cual Uribe le entregó armas y uniformes a un grupo de hombres de la región. En el mismo encuentro, sostuvo, se ordenó atentar en contra de la vida de personas señaladas de tener nexos con los grupos guerrilleros que delinquían en la región y otros que tendrían vínculos con actividades relacionadas con la venta de drogas y la extorsión.

La defensa del procesado igualmente cuestiona la declaración del mayor (r) Juan Carlos Meneses al considerar que pese a que en un momento negó la relación de Uribe con dicha estructura armada ilegal, viajó a Venezuela para cambiar su versión y acusar al empresario. En el documento se indica que ha incurrido en falencias sobre los motivos que rodearon la reunión en la que conoció a Santiago Uribe.

El oficial, quien llegó como comandante de Policía de Yarumal en 1994, aseguró que pocos días después fue invitado a la finca La Carolina donde conoció a varios hacendados de la región, entre ellos Santiago Uribe. En esa oportunidad se le reveló la existencia de “los 12 Apóstoles” y su tarea de limpieza social. (Ver Estos son los señalamientos contra Santiago Uribe por "Los 12 Apóstoles")

Se le manifestó –según su versión- que existía una estrecha relación entre dicho grupo y la Fuerza Pública. El abogado señala que el mayor Meneses ya ha reconocido que ha faltado a la verdad en su declaración, asegurando que le han ofrecido beneficios judiciales para que continúe declarando en este y muchos otros procesos penales.

Considera que no se puede omitir el hecho que el mayor aceptó su participación directa en el crimen del conductor de bus Camilo Barrientos, asesinato por el cual es investigado el hermano menor del senador del Centro Democrático en condición de determinador. (Ver Testigos están mintiendo para favorecer a Santiago Uribe: Fiscalía)

Finalmente, cuestionó la validez de la declaración de Alexander Amaya, quien fungió como integrante del comando de la Policía en Yarumal en la década de los noventa. En este caso se manifiesta que está buscando un beneficio jurídico para continuar con su declaración puesto que fue condenado por varios crímenes cometidos por la Fuerza Pública en el municipio antioqueño.

El recurso de apelación deberá ser estudiado por la vicefiscal General, María Paulina Riveros quien deberá definir si modifica o deja en firme la resolución de acusación. Uribe Vélez fue capturado en marzo del presente año por agentes del CTI de la Fiscalía en Medellín, actualmente se encuentra privado de su libertad en una guarnición militar en Ríonegro (Antioquia).