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17 Nov 2021 - 9:20 p. m.

Los avances y retrocesos a los que se ha enfrentado el aborto en Colombia

A un día de que la Corte Constitucional empiece la discusión sobre si despenaliza el aborto en Colombia o por el contrario mantiene las reglas de juego como hasta ahora, desde 2006, El Espectador consultó con una de las demandantes lo que ha sido el camino de este delito en el país. Desde grandes luchas por evitar las barreras médicas hasta erradicar la criminalización han sido uno de los grandes retos.
Los avances y retrocesos a los que se ha enfrentado el aborto en Colombia
Los avances y retrocesos a los que se ha enfrentado el aborto en Colombia
Foto: Getty Images - Guillermo Legaria Schweizer

Valeria Pedraza quien es abogada de la Universidad de los Andes y actualmente cursa una maestría en derecho de la misma universidad, hizo parte de la clínica de derechos humanos PAIIS y durante varios años se enfocó en trabajar temas relacionados con discapacidad y aborto, apoya una de las dos demandas que reposa en el alto tribunal que pide la despenalización total de este delito. En diálogo con El Espectador expuso los retos, retrocesos y avances a los que se ha enfrentado este delito.

- ¿Cuál ha sido el mayor avance que se ha tenido en Colombia?

En el caso colombiano, en el 2006 la organización Women’s Link Worldwide, de la cual hago parte, presentó una demanda de inconstitucionalidad también con el apoyo de otras organizaciones feministas, que finalmente logró que se despenalizara el aborto bajo tres causales en Colombia: cuando el embarazo implica riesgo para la vida y salud de la mujer, cuando es producto de violencia sexual o cuando hay una incompatibilidad en el feto.

Después de esta sentencia, en los últimos 15 años, ha habido alrededor de más de 20 sentencias de la Corte Constitucional en las que se ha protegido el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, bajo las causales. Han establecido reglas. La Superintendencia de Salud ha emitido una circular en la cual establece lineamientos para el acceso al aborto bajo las causales. Estas tres reglas consideramos que son un avance importante en la protección de los derechos de las mujeres en Colombia y se han convertido en un referente a nivel internacional.

- ¿Cuál ha sido el retroceso?

A lo largo de los últimos 15 años, también las organizaciones nos hemos dado cuenta de que esas medidas y directrices de la Corte Constitucional, no han sido suficientes. Eso se debe a que el aborto sigue existiendo como un delito en el Código Penal colombiano. Es por eso por lo que más de 90 organizaciones y 130 activistas nos unimos bajo el Movimiento Causa Justa, para presentar una nueva demanda de inconstitucionalidad en contra de la norma que penaliza el aborto en el Código Penal. Esa es la que se estudia en este momento en la Corte.

- Hay barreras contra mujeres que, a pesar de las tres causales, no logran que les practiquen el aborto, ¿a esos retrocesos se refiere?

Hemos identificado que, si el aborto es un derecho bajo tres causales, pero un delito por fuera del marco de ellas genera un contexto de desinformación y de estigmatización que, por una parte, conlleva a que las mujeres se alejen del sistema de salud. Les estamos cerrando las puertas porque genera temor en ellas el hecho de que exista la amenaza de cárcel. Adicionalmente en el personal de salud, es algo que resaltamos en la denuncia, hay temor porque muchas veces, para evitar ser criminalizados, optan por denunciar a las mujeres que acuden a los centros de salud con emergencias obstétricas o con indicios de haberse practicado un aborto.

Cifras oficiales de la Fiscalía demuestran que más de la mitad de los casos que llegaron a una condena por el delito de aborto fueron producto de la denuncia de personal de centros de salud. Esto demuestra que el secreto profesional se ve vulnerado. Adicionalmente las mujeres se encuentran muy desinformadas, las cifras de la Fiscalía demuestran que las mujeres más criminalizadas por el delito de aborto son las más jóvenes. Un cuarto de las condenas, desde el 2008, son contra menores de edad. Y dentro de ese grupo se encuentran menores de 14 años que deberían estar bajo las causales, porque se presume que un embarazo a esa edad es producto de violencia sexual. Sin embargo, están siendo criminalizadas por el sistema.

- ¿Qué pasa si la Corte considera que quedan las tres causales, pero extienden el aborto despenalizado hasta la semana 14? ¿Presentarían una nueva demanda?

Nuestra apuesta es que el delito de aborto sea declarado inconstitucional. En caso de que la Corte decida modificar el actual modelo que regula la práctica, por un modelo mixto en el cual dentro del plazo el aborto no es penalizado y se pueda acceder bajo la solicitud de la mujer, sin necesidad de invocar causales, nosotros consideraríamos que, en primer lugar, si la Corte está considerando un plazo debe tener en cuenta a las mujeres que están más alejadas del sistema de salud. También a las mujeres que son habitantes de zonas rurales y no tienen acceso a educación sexual, y que en caso de necesitar un aborto van a enfrentar mayores dilaciones y barreras.

Por otro lado, consideramos que este es un tema que debe ser regulado a través de normas sanitarias, normas de salud pública, y que el hecho de que el aborto continúe existiendo como un delito va a continuar generando que haya estigma entorno a este tema. Causa Justa le seguiría apostando a que esta conversación se de por fuera del ámbito del derecho penal.

- Hablemos de la mortalidad en mujeres en estado de gestación ¿Qué ha documentado Causa Justa en esa materia?

Lo que hemos documentado es que sobre estos temas hay un subregistro, porque justamente no se construyen cifras dentro del sistema de salud. No hay una trazabilidad sobre este tipo de datos. Sin embargo, cifras de Oriéntame o del Grupo Médico por el Derecho a Decidir también demuestran que, por ejemplo, en Bogotá, se evitaron varias muertes maternas en las atenciones a mujeres que accedieron al aborto. También se evitaron embarazos no deseados, porque el 80% salió del sistema de salud utilizando métodos anticonceptivos de larga duración. Es decir, no solo accedieron al aborto seguro, sino también a futuro previnieron embarazos no deseados y abortos inseguros.

- Sobre la judicialización de este delito ¿se incrementaron los procesos penales por aborto en los últimos 10 años?

Lo que las cifras de la Fiscalía nos muestran es que, paradójicamente, desde que se despenalizó el aborto en las tres causales, no ha habido una reducción en el número de mujeres perseguidas por este delito. Al contrario, ha aumentado. Por ejemplo, en 2005 el promedio de investigaciones fue de 130 por año. Después del 2008, el promedio de casos se ubicó alrededor de 400 por año. Y también ha habido desde 2006, por año, un promedio de 26 condenas por aborto. El delito tiene consecuencias concretas contra mujeres que están siendo estigmatizadas.

- ¿Cuántas mujeres están privadas de la libertad por ese delito?

La cifra de la Fiscalía es que ha habido 346 personas condenadas por este delito. Por dar penas de entre 16 meses a 64 meses, la conducta es excarcelable. Es decir, que se puede cumplir en casa o en libertad condicional. Los datos de la Fiscalía, sin embargo, no arrojan información sobre qué pasó con esas mujeres. Lo que sí nos demuestran estas cifras es que, en todo caso, el hecho de que se les abran procesos penales de por sí ya es una carga que no deberían estar teniendo encima estas mujeres, mucho menos si son jóvenes o son víctimas de otras violencias. Es indeseable que estén sometidas a este tipo de procesos por algo que no debería ser un delito.

- ¿Hay estadísticas judiciales en menores de edad?

Sabemos que un cuarto de los casos, de estas 346 condenas, son protagonizados por menores de edad. Dentro de esta cifra sabemos que hay algunas que están entre los 10 y los 14 años. Este año hemos conocido varias historias de menores de edad que han sido criminalizadas por este tema. Por ejemplo, una niña en el Tolima de 14 años que quedó en embarazo. Tuvo ideas suicidas dada su condición, por lo cual estaba bajo la causal de salud. Se acercó a una comisaría de familia, allí la estigmatizaron y no le dieron la información adecuada. Incluso fue denunciada por la comisaria.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

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