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23 Sep 2022 - 3:27 p. m.

Los beneficios para bandas criminales por someterse, según borrador de ley

Una reforma al Código Penal, al Código Penitenciario y una adición a la Ley de Sometimiento a la Justicia es lo que, entre líneas, podría presentar el actual gobierno para el desmantelamiento de bandas criminales.
Algunos puntos álgidos de lo que será la ley de sometimiento del actual gobierno
Algunos puntos álgidos de lo que será la ley de sometimiento del actual gobierno

La columna vertebral de lo que será la ley de desmantelamiento de bandas criminales del Gobierno de Gustavo Petro ya está listo, y solo falta el visto bueno del presidente para que sea presentado el próximo martes en el Congreso. Aunque el documento no se conoce en su totalidad, durante los últimos días se han conocido detalles de lo que podría contener la norma que tendría, aproximadamente, 87 artículos. Se trata de reformas al Código Penal, al Código Penitenciario y Carcelario, al Código de Procedimiento Penal y una adición al capítulo de sometimiento a la justicia que ya está en vigor.

Hay puntos clave que están consignados en tres documentos que actualmente conocen el presidente del Senado, Roy Barreras, la Oficina del Alto Comisionado, liderada por Danilo Rueda, un grupo de congresistas y penalistas que han asesorado el proceso. Por ejemplo, la propuesta de un trato diferencial entre los líderes de las organizaciones criminales y los integrantes rasos; una negociación sobre los bienes que adquirieron producto de las rentas ilegales; y la idea de que el fiscal general y el defensor del pueblo tengan un papel protagónico durante el sometimiento.

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Un resumen del proyecto conocido por este diario da cuenta que: “Los procedimientos de beneficios por colaboración eficaz también permitirían obtener la información necesaria para el procesamiento de las otras estructuras criminales que no se presenten a la justicia, dotando así de valiosa información al poder judicial, en relación con individuos o colectivos sobre los que no se tuviese información o elementos probatorios que permitirán su persecución. De igual manera, se acude a las experiencias normativas que ha transitado nuestra nación en la presentación de mafias y bandas criminales a la justicia en diferentes momentos y oportunidades, usando instituciones propias de la extinción de dominio, para resolver los desafíos de los patrimonios criminales obtenidos por estas organizaciones”.

Por su parte, el senador Iván Cepeda resaltó que, aunque se han conocido detalles de lo que puede ser la ley de sometimiento, el proyecto es “extenso” y condensa “con claridad cuál será el sentido y el procedimiento de esa posible desestructuración de las grandes organizaciones. Allí se contempla visiones que modifican sustancialmente el régimen punitivo que existe actualmente en el país. Se flexibilizan de acuerdo a la ley penal en curso, algunos de los aspectos de ese acogimiento a la justicia. Se otorgan prerrogativas para garantizar los derechos de las víctimas en materia de verdad y reparación junto a la justicia y se crean vías para que ese proceso de desmantelamiento funcione”.

Lo que se conoce del proyecto

El borrador del proyecto señala que los líderes de las estructuras tendrán una serie de beneficios una vez vaya pasando el tiempo de su condena. Por ejemplo, cuando cumplan al menos una cuarta parte de su pena en una cárcel, tendrán la oportunidad de salir por 72 horas del centro de reclusión. Después, cuando cumplan las 2/5 partes de su sentencia, podrán tener salidas de la cárcel hasta por 15 días cada dos meses. Y, cuando hayan cumplido al menos la mitad de la condena, podrán ser enviados a cárceles comunitarias.

Esos centros de reclusión suelen tener medidas de seguridad y de disciplina más flexibles que un centro carcelario. Solo cuando los líderes estén por cumplir su sentencia serán enviados a esos lugares que, en muchas ocasiones, tendrá como punto de ubicación el lugar de arraigo del condenado. El trato para los miembros rasos de la organización será diferente. Según el periodista Daniel Coronell, pasarán entre cuatro y cinco años en programas especiales de reinserción. No obstante, serán medidos por los delitos que tengan en su expediente. Por ejemplo, podrán tener ese tipo de beneficios cuando hayan cometido concierto para delinquir, utilización de uniformes exclusivo de las fuerzas militares, uso ilícito de equipos de comunicación y porte ilegal de armas.

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Uno de los puntos que más llama la atención del documento es la propuesta para que se aplique un beneficio sobre los bienes que miembros de estos grupos armados ilegales adquirieron en medio de su actuar delictivo. El texto dice que, si se hace una entrega anticipada de inmuebles antes de que exista una condena, sus dueños podrían “conservar el derecho de dominio sobre uno o algunos de los bienes cuyo origen sea consecuencia de una actividad ilícita, siempre y cuando su valor comercial no supere el 10 % del total de los bienes”. Además, podrá hacerse acreedor de hasta el 10 % del recurso que se obtenga de la enajenación de los bienes entregados.

En cuanto a la posible reforma del Código Penitenciario y Carcelario, el documento dice que busca una descongestión de las cárceles en todo el país y, con ello, llegar a una “humanización de la pena”. Sobre el papel protagónico que jugarán el fiscal general y el defensor del pueblo, el borrador del proyecto de ley dice que, una vez culmine el proceso de negociación entre el Gobierno y las bandas, el jefe del búnker, como órgano investigativo, será el encargado de las etapas de imputación o absolución, de considerarse necesario.

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Es decir, en esos casos, una imputación o una absolución tendrá el visto bueno del fiscal Francisco Barbosa. Por su parte, el defensor del pueblo, Carlos Camargo, hará las veces de veedor en un proceso penal y tendrá la potestad de pedirle al fiscal delegado que aclare, adicione o corrija las acusaciones en contra de los subversivos cuando los señalamientos no sean de satisfacción para las víctimas.

Si bien el documento de 87 artículos aún no se conoce en su totalidad, es uno de los planes bandera del Gobierno de Gustavo Petro de apostarle a lo que en su mandato denominó “la paz total”, que, a su juicio, no es otra cosa que alcanzar un diálogo con los diferentes actores armados ilegales que existen en el país. La Oficina del Alto Comisionado en cabeza de Danilo Rueda ha tenido algunos acercamientos con disidencias de las Farc, y aunque no se ha definido el tipo de negociación que habría con ellos, lo que sí es cierto es que hay intención de negociar de ambas partes.

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El panorama no es diferente con el Eln. Tanto funcionarios del alto gobierno como líderes de la estructura guerrillera le han metido el acelerador para que, en La Habana, Cuba, inicie la negociación de paz. Si bien ese acercamiento estuvo latente entre la guerrilla y el Gobierno de Juan Manuel Santos, la intención se alejó una vez llegó al mandato el expresidente Iván Duque. Ahora, tanto Pablo Beltrán como el canciller Álvaro Leyva, el senador Iván Cepeda y el comisionado Danilo Rueda, avanzan a toda marcha para concretar el inicio de esa negociación que es diferente al sometimiento y desmantelamiento de bandas criminales.

Según los cálculos de los autores del proyecto, el borrador estaría a un paso de ser una propuesta en firme. En cuanto tenga el visto bueno del presidente Petro, el documento pasará a debatirse en el Congreso en donde, desde ya, se avecina un álgido debate sobre hasta qué punto se les pueden otorgar beneficios a organizaciones criminales que durante años han sembrado el terror en el país, a cambio de que dejen las armas.

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