Los contratos por los que la Procuraduría investiga al gobernador de Arauca

Dentro de las investigaciones que adelantan las autoridades para encontrar los contratos que fueron suscritos para combatir la pandemia por el COVID-19 y que, aparentemente, fueron suscritos irregularmente, está la que tiene el actual gobernador de Arauca José Facundo Castillo. El Espectador conoció detalles del proceso que adelanta la Procuraduría en contra el mandatario regional por presuntas irregularidades en el contrato con relación a la compra de kit alimentario para 33.437 familias del departamento con ocasión de la crisis sanitaria.

Le Podría interesar: Fiscalía imputará cargos a 10 alcaldes por supuestas irregularidades en contratos COVID-19

La gobernación de Arauca adelantó el proceso de contratación que tenía por objeto “suministro, logística y entrega de kits de ayuda alimentaria a la población afectada o damnificada por la emergencia sanitaria por la propagación acelerada del virus COVID – 19”, para ser ejecutado en todos los municipios del departamento, con un plazo de ejecución de un mes. Los elementos que integraban el kit eran aceite vegetal, arroz, azúcar, café, chocolate, frijol, harina de maíz, leche en polvo, lentejas, lomo de atún, panela, pasta y sal.

Según la Procuraduría, para determinar el valor estimado del contrato, la Secretaría de Gobierno y Seguridad Ciudadana y la Secretaría de Desarrollo Social realizaron el estudio del mercado sustentado en los precios promedio de tres cotizaciones entregadas por las empresas Compañía Soluciones Arauca S.A.S, Fundación Innovación Continua y Distrimargarita Arauca S.A.S. En cuanto al transporte y embalaje de los kits alimentarios se estableció en el estudio previo que lo mismos serían asumidos por la empresa contratada.

Teniendo en cuenta dicho estudio se estableció como presupuesto oficial del negocio $4.999 millones. Luego, de acuerdo al acta de cierre del contrato, la gobernación recibió una sola oferta, la cual fue presentada por la empresa Multiservicios Mael S.A.S., que fue evaluada el 6 de abril de 2020. Ese mismo día, Heivind Palomino Gutiérrez, gerente de contratación de la gobernación suscribió la resolución que le daba luz verde al contrato con dicha empresa. A ese convenio también le puso su firma el gobernador Castillo con un plazo de ejecución de un mes y por valor de $ 4.463 millones.

Teniendo en cuenta los documentos remitidos por el procurador regional de Arauca, la procuradora segunda para la contratación estatal, Gloria Quintero, como se sabe, resolvió abrirle investigación disciplinaria contra el propio gobernador Castillo; Luís Medardo Tovar Altuna, secretario de gobierno y seguridad ciudadana; Carolina Muriel Zea, secretaria de desarrollo social; Heivind Palomino Gutiérrez, gerente de contratación y Edwar Enrique Portillo, coordinador de gestión del riesgo del departamento de Arauca, con el fin de verificar si hubo irregularidades en el trámite del proceso de selección del contrato para la atención alimentaria de la población de ese departamento.

El segundo proceso que afronta Castillo y que ya culminó la etapa de juicio, está relacionado con el contrato que este suscribió en plena pandemia para la realización de eventos y actividades artísticas en el municipio de Cravo Norte, por $570 millones. El Ministerio Público le reprocha la “inconveniencia” de la suscripción del contrato cuyo objeto era “apoyo a la difusión de la cultura, mediante la realización de eventos y actividades artísticas en el departamento de Arauca (evento cultural municipio de Cravo Norte)”, al parecer sin tener en cuenta la situación de emergencia sanitaria decretada, vulnerando el principio de planeación de la contratación estatal.

El organismo encabezado por Fernando Carillo dice que el gobernador podría haber “desconocido o ignorado” las herramientas legales para determinar “la inconveniencia” de celebrar el contrato, el cual no estaba destinado para hacerle frente a la crisis por el nuevo coronavirus sino que, por el contrario, contemplaba la realización de un evento masivo que era a todas luces imposible llevarlo a cabo en marzo y abril pasados a raíz de las medidas de distanciamiento social que aún se aplican en todo el país.

La defensa del Gobernador de Arauca le dijo a Caracol Radio que la investigación iniciada por el Ministerio Público por irregularidades en la contratación en medio del coronavirus es "infundada" y que este ente disciplinario no logró demostrar la responsabilidad del mandatario en esos hechos. Héctor Carvajal, su abogado, señaló que el mandatario regional no participó en la etapa precontractual pero que sí firmó el contrato. También señaló que Castillo expidió la suspensión de todas las fiestas por la emergencia del coronavirus y que decretó el aislamiento preventivo.

“El hecho jamás existió, jamás existió el contrato porque ese contrato perdió fuerza ejecutoria por partida de vigencia y es un contrato que jamás nació en la vía jurídica en la etapa de ejecución que es las que podría existir alguna sujeción de deber por parte del gobernador”, le dijo Carvajal a la cadena radial. También agregó que “el gobernador no tuvo la intención de ejecutar el contrato en época de pandemia y no se ejecutó el contrato. Por eso, pidió absolverlo de los cargos y archivar la investigación”.

Dentro de las investigaciones que adelantan las autoridades para encontrar los contratos que fueron suscritos para combatir la pandemia por el COVID-19 y que, aparentemente, fueron suscritos irregularmente, está la que tiene el actual gobernador de Arauca José Facundo Castillo. El Espectador conoció detalles del proceso que adelanta la Procuraduría en contra el mandatario regional por presuntas irregularidades en el contrato con relación a la compra de kit alimentario para 33.437 familias del departamento con ocasión de la crisis sanitaria.

Le Podría interesar: Fiscalía imputará cargos a 10 alcaldes por supuestas irregularidades en contratos COVID-19

La gobernación de Arauca adelantó el proceso de contratación que tenía por objeto “suministro, logística y entrega de kits de ayuda alimentaria a la población afectada o damnificada por la emergencia sanitaria por la propagación acelerada del virus COVID – 19”, para ser ejecutado en todos los municipios del departamento, con un plazo de ejecución de un mes. Los elementos que integraban el kit eran aceite vegetal, arroz, azúcar, café, chocolate, frijol, harina de maíz, leche en polvo, lentejas, lomo de atún, panela, pasta y sal.

Según la Procuraduría, para determinar el valor estimado del contrato, la Secretaría de Gobierno y Seguridad Ciudadana y la Secretaría de Desarrollo Social realizaron el estudio del mercado sustentado en los precios promedio de tres cotizaciones entregadas por las empresas Compañía Soluciones Arauca S.A.S, Fundación Innovación Continua y Distrimargarita Arauca S.A.S. En cuanto al transporte y embalaje de los kits alimentarios se estableció en el estudio previo que lo mismos serían asumidos por la empresa contratada.

Teniendo en cuenta dicho estudio se estableció como presupuesto oficial del negocio $4.999 millones. Luego, de acuerdo al acta de cierre del contrato, la gobernación recibió una sola oferta, la cual fue presentada por la empresa Multiservicios Mael S.A.S., que fue evaluada el 6 de abril de 2020. Ese mismo día, Heivind Palomino Gutiérrez, gerente de contratación de la gobernación suscribió la resolución que le daba luz verde al contrato con dicha empresa. A ese convenio también le puso su firma el gobernador Castillo con un plazo de ejecución de un mes y por valor de $ 4.463 millones.

Teniendo en cuenta los documentos remitidos por el procurador regional de Arauca, la procuradora segunda para la contratación estatal, Gloria Quintero, como se sabe, resolvió abrirle investigación disciplinaria contra el propio gobernador Castillo; Luís Medardo Tovar Altuna, secretario de gobierno y seguridad ciudadana; Carolina Muriel Zea, secretaria de desarrollo social; Heivind Palomino Gutiérrez, gerente de contratación y Edwar Enrique Portillo, coordinador de gestión del riesgo del departamento de Arauca, con el fin de verificar si hubo irregularidades en el trámite del proceso de selección del contrato para la atención alimentaria de la población de ese departamento.

El segundo proceso que afronta Castillo y que ya culminó la etapa de juicio, está relacionado con el contrato que este suscribió en plena pandemia para la realización de eventos y actividades artísticas en el municipio de Cravo Norte, por $570 millones. El Ministerio Público le reprocha la “inconveniencia” de la suscripción del contrato cuyo objeto era “apoyo a la difusión de la cultura, mediante la realización de eventos y actividades artísticas en el departamento de Arauca (evento cultural municipio de Cravo Norte)”, al parecer sin tener en cuenta la situación de emergencia sanitaria decretada, vulnerando el principio de planeación de la contratación estatal.

El organismo encabezado por Fernando Carillo dice que el gobernador podría haber “desconocido o ignorado” las herramientas legales para determinar “la inconveniencia” de celebrar el contrato, el cual no estaba destinado para hacerle frente a la crisis por el nuevo coronavirus sino que, por el contrario, contemplaba la realización de un evento masivo que era a todas luces imposible llevarlo a cabo en marzo y abril pasados a raíz de las medidas de distanciamiento social que aún se aplican en todo el país.

La defensa del Gobernador de Arauca le dijo a Caracol Radio que la investigación iniciada por el Ministerio Público por irregularidades en la contratación en medio del coronavirus es "infundada" y que este ente disciplinario no logró demostrar la responsabilidad del mandatario en esos hechos. Héctor Carvajal, su abogado, señaló que el mandatario regional no participó en la etapa precontractual pero que sí firmó el contrato. También señaló que Castillo expidió la suspensión de todas las fiestas por la emergencia del coronavirus y que decretó el aislamiento preventivo.

“El hecho jamás existió, jamás existió el contrato porque ese contrato perdió fuerza ejecutoria por partida de vigencia y es un contrato que jamás nació en la vía jurídica en la etapa de ejecución que es las que podría existir alguna sujeción de deber por parte del gobernador”, le dijo Carvajal a la cadena radial. También agregó que “el gobernador no tuvo la intención de ejecutar el contrato en época de pandemia y no se ejecutó el contrato. Por eso, pidió absolverlo de los cargos y archivar la investigación”.