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Poco a poco se sigue agitando en los estrados judiciales la pelea entre el fiscal general, Eduardo Montealegre, y la excontralora Sandra Morelli. El más reciente capítulo es el anuncio del ente investigador de llamar a audiencia de imputación de cargos a seis de los colaboradores más cercanos de Morelli. Se trata de tres secretarios privados y tres gerentes de Gestión Administrativa y Financiera de la Contraloría que están enredados por firmar los contratos de prestación de servicios de una secretaría y dos conductores que, según las pesquisas, ganaban el doble que los funcionarios de planta que cumplían las mismas funciones.
El Espectador conoció los contratos de Samuel Bejarano Beltrán y José Manuel Sánchez Méndez, quienes trabajaron como conductores del despacho de la contralora general durante los cuatro años que Morelli estuvo en la entidad. Para la Fiscalía, los contratos de Bejarano y Sánchez presentaron una serie de irregularidades que permitirían inferir que se incurrió en los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado en favor de terceros.
La Fiscalía procesará a Manuel Antonio Díaz Jimeno, Sara Moreno Nova, Daniel Moreno Guavita y Luz María Arbeláez (en calidad de encargada), quienes entre 2011 y 2014 fueron secretarios privados de Morelli. Según los investigadores, ellos hicieron y firmaron los estudios y documentos previos con los que se acreditó la necesidad de contratar a dos personas que fueran de entera confianza de Morelli que tuvieran más de 10 años de experiencia como conductores y tuvieran “habilidades y destrezas en seguridad”.
Por ejemplo, en enero de 2012, Sara Moreno precisó que, dada la investidura de la contralora, se manejaba información con un alto nivel de reserva y por la complejidad “la circulación de la información requiere de un manejo, custodia y cuidado (...) de tal forma que se permita neutralizar y minimizar cualquier posible situación de vulnerabilidad o riesgo (...) se requiere del apoyo de conductores con suficientes conocimientos en el desempeño de labores asistenciales para que un vehículo asignado a éste apoye desplazamientos y traslados de documentos, bienes, que por su naturaleza requieran trámite especial”.
Para la Fiscalía, en pocas palabras, se solicitó contratar por prestación de servicios a dos personas que fueran los mensajeros privados de Morelli, a pesar de que en la entidad existían vacantes en las que podían ser nombrados y no les tuvieran que pagar un salario de $7’000.000 —en 2011 y 2012 los pagos eran por $6’348.000— mensuales cada uno. La hipótesis del ente investigador es que se violaron los principios de transparencia y objetividad, porque las funciones de conducción y escolta las podían realizar otras personas de la entidad e inclusive de otras entidades como la Policía; que no hubo claridad en los estudios previos; y que bajo el pretexto de que eran funcionarios de confianza, se fijaron salarios arbitrariamente.
Entre los estudios previos existen algunas diferencias. Mientras en 2011 se estableció que el perfil del contratista debía validar “experiencia específica por más de 10 años como agente secreto y/o detective de entidades de seguridad y/o escoltas y/o desempeñando labores de servicios especiales, con estudios que lo acrediten”, en 2014 simplemente se requería “experiencia mínima de 10 años. Se entiende por experiencia los conocimientos, las habilidades y las destrezas adquiridas mediante el ejercicio de una profesión”.
Quienes terminaron por firmar estos contratos, que tenían una duración de 11 meses y medio —en 2014 sólo fueron siete, hasta la salida de Morelli en agosto de ese año— fueron los exgerentes de Gestión Administrativa y Financiera de la Contraloría Raimundo José Vélez Cabrales, Carlos Eduardo Umaña Lizarazo y Luz Marina Arbeláez Gálvez. Esta última tuvo la particularidad de que en 2014 hizo el estudio previo y firmó los contratos.
Fuentes cercanas al proceso advirtieron que a pesar de que Bejarano y Sánchez tenían más de 10 años de experiencia como conductores y tenían cursos de escolta y conducción, no eran los más idóneos para ocupar los cargos, ya que su edad era avanzada —eran pensionados— y no tenían estudios de bachillerato. Asimismo, se conoció que, al parecer, tanto Bejarano como Sánchez declararon que su trabajo, más allá de transportar información confidencial, se centró en ser los conductores del hijo de Sandra Morelli y de responder a sus necesidades personales.
Las autoridades indagan si los contratos de Bejarano y Sánchez no correspondían a una necesidad de la Contraloría sino al interés de Morelli de ayudarlos porque, al parecer, cuando ella trabajó en la Federación Nacional de Cafeteros, ellos fueron sus conductores. Otra de las aristas que investigan son los contratos firmados con Amanda González, quien laboró como secretaria y se ganaba casi $7 millones.
Toda esta situación se derivó de un proceso de responsabilidad fiscal que adelantó la Auditoría General contra la administración de Morelli. La conclusión fue que mientras los conductores ganaban $3’601.562 más que funcionarios de su misma categoría, la secretaria recibía $2’475.052 más. Por ahora, solo queda esperar que sean presentados ante un juez los seis exdirectivos.
smartinezh@elespectador.com
Por Santiago Martínez Hernández
