Los descalabros judiciales del caso de los periodistas ecuatorianos asesinados

El 26 de marzo de 2018 secuestraron al equipo periodístico de El Comercio en la frontera Colombo-Ecuatoriana. Luego fueron asesinados.

El secuestro y posterior homicidio del equipo periodístico del diario El Comercio, de Ecuador, conformado por el fotógrafo Paúl Rivas, el periodista Javier Ortega y el conductor Efraín Segarra fue un hecho desgarrador para el gremio periodístico de Latinoamérica. En cuanto se conoció la noticia, los medios de comunicación se volcaron a registrar la tragedia que vistió de luto a la prensa colombiana y ecuatoriana, y encendió las alarmas sobre la violencia desmedida y desgarradora que el Frente Oliver Sinisterra (FOS), al mando de alias Guacho, infundía en la frontera entre ambos países. Los gobiernos no se quedaron atrás, pusieron la cara y prometieron a las familias de las víctimas celeridad en las investigaciones, todo el peso de la justicia para los responsables y el esclarecimiento de los hechos.

Ya han pasado más de dos años desde que se reportó el asesinato del equipo periodístico el 6 de abril de 2018 y los Estados no han cumplido lo que anunciaron. Por el contrario, la información más reciente del proceso penal que se adelanta en Colombia da cuenta de que dos de los tres capturados fueron dejados en libertad por vencimiento de términos. Es decir, lejos de obtener justicia, el sentir de las víctimas es de “decepción e impunidad”. En su evaluación del proceso, la abogada de la FLIP, que representa los intereses de los familiares de las víctimas, Ángela Caro, considera que “hay falta de compromiso por parte de Estado en solucionar graves violaciones de derechos humanos, como las agresiones a la prensa. Hemos evidenciado que las promesas parecen asumirse en el momento, pero con el paso del tiempo se desvanecen en las investigaciones”.