Los dos 'paras' que terminaron como falsos positivos

Un nuevo controvertido fallo en los casos de los llamados falsos positivos volvió a presentarse. Se trata de una condena a 40 años de prisión contra el teniente Giovanny Botero y los soldados Luis Hernando Lemus Silva y Élver Chaviri Hernández, tres uniformados que fueron señalados como responsables de la muerte de dos hombres en Paz de Ariporo (Casanare) en octubre de 2007. Según el Juez del circuito de esta ciudad, los militares modificaron la escena del crimen y manipularon los cuerpos de las víctimas para hacer creer que fueron muertos en combate. Sin embargo, el togado también advirtió que los muertos tenían nexos con los paramilitares.

El juez indició que, si bien muchos pobladores del sector señalaron a Carlos Manuel Hurtado Mota y a Donaldo Adán Madera como dos exmiembros de las autodefensas que antes se dedicaban al cobro de extorsiones, lo que se estaba indagando en este proceso era definir si había existido o no combate con las autoridades. En la investigación se logró establecer que las versiones entregadas por los uniformados no concordaban con la verdad, ya que a pesar de que advirtieran que una fuente humana –dijeron que le pagaron una recompensa pero ésta no aparecía registrada– les había dado la ubicación de los dos supuestos criminales, todo apuntaba a que tanto Hurtado como Madera habían sido sacados de sus residencias a la fuerza.

Los hechos ocurrieron el 2 de octubre de 2007. Ese día, según constata un informe del teniente Botero, su pelotón (Acorazado 4) sostuvo un enfrentamiento con dos personas en la vereda La Candelaria en Paz de Ariporo después de haber recibido información de una tercera, en un retén, sobre la presencia de dos ‘bandidos’ que estaban en la carretera. Botero agregó que la información la recibió a las 5 de la tarde y cuando estaban haciendo el registro de la zona, sobre las 11:20 p.m., vieron a dos personas a las que les ordenaron detenerse. Supuestamente estas se negaron y dispararon contra los militares.

Otro de los implicados, el soldado Lemus Silva, aseguró que él fue quien vio a los dos hombres y les solicitó detenerse, pero que, al lanzar la proclama, uno de los hombres comenzó a dispararles: “Respondimos y le dimos de baja”. La otra víctima, según los militares, subió a una colina y sostuvo un combate con el Ejército hasta que cayó muerto después de ser impactado. El teniente Botero señaló en sus declaraciones que al hacer el registro de los cadáveres encontraron un revólver, una pistola, una escopeta y una granada de mano. Asimismo, aseguró que durante toda la noche se quedaron en la escena de los hechos esperando a que llegara el CTI de la Fiscalía.

En medio de las pesquisas, la Fiscalía recepcionó las declaraciones de Sandra Patricia Ávila y Ciro Alfonso Guarín, quienes fueron las personas que alertaron sobre el homicidio de Hurtado y Madera, de quienes eran jefes. El primero les colaboraba como jornalero y el segundo cuidaba de la finca de la mamá de Guarín.

Sandra Ávila, quien interpuso la denuncia, aseguró que el día de los hechos no se encontraba en Paz de Ariporo, pero que al regresar encontró en mal estado su propiedad y los animales de su finca estaban descuidados. Al preguntar por sus trabajadores nadie sabía de su paradero. Solamente supieron lo que había sucedido cuando su esposo (Ciro Guarín) tuvo que ir a la morgue a identificar los cadáveres.

Guarín le dijo a la Fiscalía que se había enterado de la muerte de estos dos hombres por un tercero. Recogió los cuerpos y pagó los funerales. Al regresar a su finca, junto a la familia de Hurtado Mota, se percató que de sus pertenecías había desaparecido una escopeta, la misma que, según el Ejército, había utilizado la víctima para atacar a los militares.

Sin embargo, el hecho que más le generó intriga fue una llamada anónima que recibió en la que le advertían que el ataque contra los dos jornaleros en realidad iba dirigido hacía él y su hermano y que había un hombre identificado como Luis Rojas que al parecer los quería muertos. Esta versión fue corroborada por su hermano Alexis Guarín, quien le dijo a las autoridades que durante esos días recibió una llamada de un soldado que le contó que Rojas los había mandado a matar.

Ciro Guarín reconoció que tiempo atrás habían tenido muchos problemas con Luis, quien supuestamente ya les había mandado a hacer tres atentados: dos con lo paramilitares y uno con el Ejército. En su defensa, Roja sostuvo que él nada tenía que ver con los hechos y que se enteró de la muerte de Hurtado y Madero por un trabajador de él.

Asimismo, al ver las fotografías de las víctimas dijo que conocía a Madero, a quien le decían el ‘Gallero’, ya que había trabajado para un paramilitar de la zona que se hacía llamar ‘Yimy’. Supuestamente, este jefe de las autodefensas lo había extorsionado en años pasados. Otros pobladores de la vereda, como Magda Pérez, indicaron que tanto Hurtado como Madero eran reconocidos criminales de la región.

Según el juez, Wilfredo Méndez Barrera, presidente de la junta de acción comunal, sostuvo que el ‘Gallero’ y Hurtado eran “dos pícaros, dos malandros que estaban haciendo daño a la comunidad. Que los distinguía desde años atrás y sabía muchas cosas que habían hecho. Uno era de los morichales (Hurtado) y otro era escolta de ‘Yimy’. Que a él el ‘Gallero’ lo extorsionaba. Que luego se entregaron pero volvieron a hacer un grupito y andaban armados”. Y es que el mismo Ciro Guarín reconoció que a Madero lo había conocido cuando era escolta de ‘Yimy’, que en un principio se había negado a darle trabajo, pero que por insistencia de Nury Cardozo (excompañera sentimental del jefe paramilitar y en esa época pareja de su hermano) lo contrató.

Sin embargo, el juez sostuvi que a pesar de que eran criminales, sus muertes no se dieron en medio de un combate, por lo que lo sucedido era un homicidio en persona protegida. Entre las pruebas que se encontraron fue que la ropa con la que fueron encontrados los cadáveres estaba totalmente limpia y no daban muestras de combate. Asimismo, a Madero, quien era talla 38 en zapatos, le encontraron puestas las botas de Hurtado que eran de talla 42. Según Ciro Guarín, además de la escopeta, se robaron otras de sus pertenencias como una linterna, una tula, un freno de caballo y una grabadora.

Otro de los principales testimonios fue el del hermano de Hurtado, quien le contó a la Fiscalía que el día de los hechos vio a su hermano por la tarde con una ropa totalmente diferente a la que tenía en las fotos cuando murió. Y es que cuando hicieron el registro de la casa de Hurtado Mota, su hermano, junto a Sandra Ávila, encontraron la camiseta y el pantalón que tenía la víctima ese día. Según los informes de necropsia, los impactos que se encontraron en los cuerpos no coincidían con las trayectorias balísticas y además, los disparos los habrían hecho cuando los hombres estaban tirados en el piso.

“La versión del enfrentamiento, cruce de disparos o combate, sostenida por los procesados resulta a todas luces inusitado, la evidencia física es concluyente, ni más ni menos que esas armas no permitían un uso sostenido, sino que requería de maniobras externas y complejas del operador del arma para permitir su funcionamiento continuado, lo cual nos permite concluir que la decisión de enfrentarse con ellas a un grupo de militares era una medida suicida”, concluyó el juez del caso.

Los militares ahora tendrán que pagar su pena, y a pesar de que su defensa fue insistente en advertir que tanto Hurtado como Madero eran criminales, se demostró que sus muertes se dieron por fuera de un combate y correspondieron a una ejecución extrajudicial.

Un nuevo controvertido fallo en los casos de los llamados falsos positivos volvió a presentarse. Se trata de una condena a 40 años de prisión contra el teniente Giovanny Botero y los soldados Luis Hernando Lemus Silva y Élver Chaviri Hernández, tres uniformados que fueron señalados como responsables de la muerte de dos hombres en Paz de Ariporo (Casanare) en octubre de 2007. Según el Juez del circuito de esta ciudad, los militares modificaron la escena del crimen y manipularon los cuerpos de las víctimas para hacer creer que fueron muertos en combate. Sin embargo, el togado también advirtió que los muertos tenían nexos con los paramilitares.

El juez indició que, si bien muchos pobladores del sector señalaron a Carlos Manuel Hurtado Mota y a Donaldo Adán Madera como dos exmiembros de las autodefensas que antes se dedicaban al cobro de extorsiones, lo que se estaba indagando en este proceso era definir si había existido o no combate con las autoridades. En la investigación se logró establecer que las versiones entregadas por los uniformados no concordaban con la verdad, ya que a pesar de que advirtieran que una fuente humana –dijeron que le pagaron una recompensa pero ésta no aparecía registrada– les había dado la ubicación de los dos supuestos criminales, todo apuntaba a que tanto Hurtado como Madera habían sido sacados de sus residencias a la fuerza.

Los hechos ocurrieron el 2 de octubre de 2007. Ese día, según constata un informe del teniente Botero, su pelotón (Acorazado 4) sostuvo un enfrentamiento con dos personas en la vereda La Candelaria en Paz de Ariporo después de haber recibido información de una tercera, en un retén, sobre la presencia de dos ‘bandidos’ que estaban en la carretera. Botero agregó que la información la recibió a las 5 de la tarde y cuando estaban haciendo el registro de la zona, sobre las 11:20 p.m., vieron a dos personas a las que les ordenaron detenerse. Supuestamente estas se negaron y dispararon contra los militares.

Otro de los implicados, el soldado Lemus Silva, aseguró que él fue quien vio a los dos hombres y les solicitó detenerse, pero que, al lanzar la proclama, uno de los hombres comenzó a dispararles: “Respondimos y le dimos de baja”. La otra víctima, según los militares, subió a una colina y sostuvo un combate con el Ejército hasta que cayó muerto después de ser impactado. El teniente Botero señaló en sus declaraciones que al hacer el registro de los cadáveres encontraron un revólver, una pistola, una escopeta y una granada de mano. Asimismo, aseguró que durante toda la noche se quedaron en la escena de los hechos esperando a que llegara el CTI de la Fiscalía.

En medio de las pesquisas, la Fiscalía recepcionó las declaraciones de Sandra Patricia Ávila y Ciro Alfonso Guarín, quienes fueron las personas que alertaron sobre el homicidio de Hurtado y Madera, de quienes eran jefes. El primero les colaboraba como jornalero y el segundo cuidaba de la finca de la mamá de Guarín.

Sandra Ávila, quien interpuso la denuncia, aseguró que el día de los hechos no se encontraba en Paz de Ariporo, pero que al regresar encontró en mal estado su propiedad y los animales de su finca estaban descuidados. Al preguntar por sus trabajadores nadie sabía de su paradero. Solamente supieron lo que había sucedido cuando su esposo (Ciro Guarín) tuvo que ir a la morgue a identificar los cadáveres.

Guarín le dijo a la Fiscalía que se había enterado de la muerte de estos dos hombres por un tercero. Recogió los cuerpos y pagó los funerales. Al regresar a su finca, junto a la familia de Hurtado Mota, se percató que de sus pertenecías había desaparecido una escopeta, la misma que, según el Ejército, había utilizado la víctima para atacar a los militares.

Sin embargo, el hecho que más le generó intriga fue una llamada anónima que recibió en la que le advertían que el ataque contra los dos jornaleros en realidad iba dirigido hacía él y su hermano y que había un hombre identificado como Luis Rojas que al parecer los quería muertos. Esta versión fue corroborada por su hermano Alexis Guarín, quien le dijo a las autoridades que durante esos días recibió una llamada de un soldado que le contó que Rojas los había mandado a matar.

Ciro Guarín reconoció que tiempo atrás habían tenido muchos problemas con Luis, quien supuestamente ya les había mandado a hacer tres atentados: dos con lo paramilitares y uno con el Ejército. En su defensa, Roja sostuvo que él nada tenía que ver con los hechos y que se enteró de la muerte de Hurtado y Madero por un trabajador de él.

Asimismo, al ver las fotografías de las víctimas dijo que conocía a Madero, a quien le decían el ‘Gallero’, ya que había trabajado para un paramilitar de la zona que se hacía llamar ‘Yimy’. Supuestamente, este jefe de las autodefensas lo había extorsionado en años pasados. Otros pobladores de la vereda, como Magda Pérez, indicaron que tanto Hurtado como Madero eran reconocidos criminales de la región.

Según el juez, Wilfredo Méndez Barrera, presidente de la junta de acción comunal, sostuvo que el ‘Gallero’ y Hurtado eran “dos pícaros, dos malandros que estaban haciendo daño a la comunidad. Que los distinguía desde años atrás y sabía muchas cosas que habían hecho. Uno era de los morichales (Hurtado) y otro era escolta de ‘Yimy’. Que a él el ‘Gallero’ lo extorsionaba. Que luego se entregaron pero volvieron a hacer un grupito y andaban armados”. Y es que el mismo Ciro Guarín reconoció que a Madero lo había conocido cuando era escolta de ‘Yimy’, que en un principio se había negado a darle trabajo, pero que por insistencia de Nury Cardozo (excompañera sentimental del jefe paramilitar y en esa época pareja de su hermano) lo contrató.

Sin embargo, el juez sostuvi que a pesar de que eran criminales, sus muertes no se dieron en medio de un combate, por lo que lo sucedido era un homicidio en persona protegida. Entre las pruebas que se encontraron fue que la ropa con la que fueron encontrados los cadáveres estaba totalmente limpia y no daban muestras de combate. Asimismo, a Madero, quien era talla 38 en zapatos, le encontraron puestas las botas de Hurtado que eran de talla 42. Según Ciro Guarín, además de la escopeta, se robaron otras de sus pertenencias como una linterna, una tula, un freno de caballo y una grabadora.

Otro de los principales testimonios fue el del hermano de Hurtado, quien le contó a la Fiscalía que el día de los hechos vio a su hermano por la tarde con una ropa totalmente diferente a la que tenía en las fotos cuando murió. Y es que cuando hicieron el registro de la casa de Hurtado Mota, su hermano, junto a Sandra Ávila, encontraron la camiseta y el pantalón que tenía la víctima ese día. Según los informes de necropsia, los impactos que se encontraron en los cuerpos no coincidían con las trayectorias balísticas y además, los disparos los habrían hecho cuando los hombres estaban tirados en el piso.

“La versión del enfrentamiento, cruce de disparos o combate, sostenida por los procesados resulta a todas luces inusitado, la evidencia física es concluyente, ni más ni menos que esas armas no permitían un uso sostenido, sino que requería de maniobras externas y complejas del operador del arma para permitir su funcionamiento continuado, lo cual nos permite concluir que la decisión de enfrentarse con ellas a un grupo de militares era una medida suicida”, concluyó el juez del caso.

Los militares ahora tendrán que pagar su pena, y a pesar de que su defensa fue insistente en advertir que tanto Hurtado como Madero eran criminales, se demostró que sus muertes se dieron por fuera de un combate y correspondieron a una ejecución extrajudicial.