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Visite aquí el especial completo de COVID-19 en las cárceles
En las cárceles de América Latina ya se vivía una grave situación de derechos humanos desde antes de la pandemia del COVID-19. Uno de los factores que ha agravado las condiciones de las prisiones en la región es la política de drogas, ya que un gran porcentaje de los reclusos del continente terminan en esa condición por delitos relacionados con las drogas.
¿Qué se ha hecho para solucionar este problema o cuáles son las claves de política pública que podrían solucionar este problema? ¿Cómo aliviar el hacinamiento carcelario en tiempos de COVID-19 y qué ha pasado durante la pandemia con las personas recluidas por delitos con drogas? Expertos de México, Perú, Ecuador, Bolivia y Brasil exponen algunas perspectivas.
Escuche aquí todo el panel:
Moderadora Catalina Pérez Correa (México): Profesora e Investigadora de la División de Estudios Jurídicos del CIDE. Maestra y Doctora en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Stanford en California. Estudia temas como la procuración de justicia en México, el funcionamiento del sistema de justicia penal, la política de drogas en América Latina, la observancia de normas sociales y legales, y el castigo penal y sus efectos.
Ha sido investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, profesora en la facultad de Derecho de la UNAM e investigadora visitante en la Universidad de Georgetown. Actualmente es integrante del PPD y Coordinadora del Colectivo de Estudios Drogas y Derecho (CEDD). Además, es miembro del consejo editorial consultivo del Periódico El Universal.
Ricardo Soberón (Perú): Abogado peruano, Master of Arts en Política Internacional y Estudios de Seguridad de la Universidad de Bradford, Inglaterra. Director del Centro de Investigación Drogas y Derechos Humanos. Ex Director de la Oficina de Drogas del Perú, DEVIDA, 2011-2012. Asesor Principal Comisión Investigadora de Infiltración del Narcotráfico en la Política, 2014-2015
Jorge Paladines (Ecuador): Profesor de la Universidad Central del Ecuador y miembro del Colectivo de Estudios Drogas y Derechos (CEDD). Abogado por la Universidad de Guayaquil. Máster en Derecho y también en Estudios Políticos. Docente invitado por el Instituto de Altos Estudios Nacionales del Ecuador (IAEN), Ruhr Universität Bochum y otras universidades y centros de estudio.
Autor de artículos, investigaciones y monografías sobre Derecho penal, Criminología Crítica y Sociología Jurídico-Penal. Ex asesor de la Defensoría Pública del Ecuador (2012-2017). Promotor de la reforma dogmática (COIP), litigio estratégico y excarcelación de personas detenidas por delitos relacionados con las drogas. Articulista invitado de Página 12 (Argentina).
En la actualidad es investigador de Parametría sobre la relación de la war on drugs en el Pacífico sudamericano, así como Promovend de la Universität Bremen.
Gloria Rose Achá (Bolivia): Licenciada en Ciencias Jurídicas y Políticas y especialización en derechos de la niñez y adolescencia. 25 años de experiencia en el trabajo en el ámbito de la política de drogas, el sistema de justicia y el sistema penitenciario, impulsando cambios de abajo hacia arriba y utilizando como una de las herramientas de incidencia al litigio estratégico. Es directora de Acción Andina - Bolivia y coordinadora del Programa Libertas, así como integrante del Colectivo de Estudios Drogas y Derecho (CEDD). Ha sido coordinadora del Programa Latinoamericano de Justicia Penal Juvenil, de Defensa de Niños y Niñas Internacional y profesora de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional (EGPP).
Luciana Boiteux de Figueiredo (Brasil): Licenciada en Derecho y Maestra en Derecho de la Ciudad por la Universidad del Estado de Rio de Janeiro. Doctora en Derecho Penal por la Universidad de São Paulo, y desde 2007 profesora de Derecho Penal en la Facultad de Derecho de la Universidad Federal de Rio de Janeiro, es coordinadora del Grupo de Investigación Política de Drogas y Derechos Humanos de la misma universidad. Estudia temas como la política de drogas y tratados internacionales de derechos humanos, y la relación entre leyes de drogas y sistemas penitenciarios, y sentencias judiciales en casos criminales. Es miembro de consejos consultivos de varias asociaciones y sociedades profesionales en Brasil.
