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El pasado 20 de diciembre el Juzgado Quince de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad ordenó que Ramiro Suárez Corzo fuera trasladado desde la cárcel La Picota a un hospital, bajo estricta vigilancia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC). El Juzgado tomó esta decisión debido al grave estado de salud que atraviesa el exalcalde de Cúcuta, según un análisis realizado por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Sin embargo, dicho traslado no se ha llevado a cabo.
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Según fuentes oficiales del INPEC, la medida que ordenó reclusión hospitalaria será cumplida, pero antes tanto el director encargado de esta entidad como el director de La Picota deben analizar el lugar al cual será enviado. También informaron que las demoras en el traslado se deberían a que el exalcalde tiene que precisar algunos detalles con su EPS. Sin embargo, el abogado de Suárez insiste en que es la cárcel La Picota la que no han autorizado su salida.
La decisión que tomó el Juzgado se basó en el informe de Medicina Legal, el cual llegó a la conclusión de que el estado de salud del exalcalde era tan grave que era incompatible con la vida en reclusión formal, es decir, dentro de la cárcel. También ordenaron por segunda vez tanto al director de la cárcel, como al director del INPEC, informar “cuáles son las instalaciones con las cuales cuenta para la privación de la libertad de personas con discapacidad o disminución física, en aras de garantizarle a estas personas la dignidad humana y su derecho a la salud”.
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El exalcalde de Cúcuta se encuentra recluido en la cárcel La Picota de Bogotá, condenado por un homicidio que ocurrió en el año 2003. La Defensoría del pueblo ya se había pronunciado sobre las condiciones de Salud de Suárez. En este centro penitenciario tendría condiciones tan pésimas que, dice, le toca arrastrarse para ir al baño. También habían dejado algunas recomendaciones para preservar la salud de Suárez.
Ramiro Suárez Corzo fue condenado a 28 años de prisión por su participación en los hechos que rodearon el homicidio del exasesor de la Alcaldía de la capital nortesantandereana, Enrique Flórez Ramírez, el 16 de octubre de 2003. El asesinato fue perpetrado por paramilitares que delinquían en la región atendiendo una orden del mandatario.
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