La fallida aspiración presidencial de Daniel Quintero no fue impedimento para que el exalcalde de Medellín siga en el tablero de la política y de las personas afines al presidente Gustavo Petro. Esta semana se conoció que su hoja de vida fue publicada para ocupar el cargo de superintendente de Salud, después de la renuncia de Bernardo Camacho, el pasado 14 de abril. El exmandatario de la capital antioqueña llegará a ese cargo en medio de investigaciones penales y disciplinarias por su posible participación en escándalos de corrupción.
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No en vano, más de 50 personas que trabajaron en la administración de Quintero cuando fue alcalde de Medellín hoy están investigadas por la Fiscalía y la Procuraduría. Los expedientes están relacionados con temas diversos: desde presuntas irregularidades en el manejo de predios en poder de la Alcaldía de Medellín, hasta investigaciones por posibles manejos irregulares de la caja menor de la administración, de la cual se habrían financiado costosas cenas, con carnes finas, pulpo y vinos que la administración de la capital paisa no debería asumir.
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Ahora las preocupaciones de Quintero no estarán centradas solo en los procesos penales y disciplinarios que se adelantan en su contra y en contra de personas de su círculo cercano. También tendrá que asumir la vigilancia de un sistema de salud que, como lo dijeron esta semana delegados de la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría durante una sesión técnica de la Corte Constitucional contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, está en cuidados intensivos por cuenta de la opacidad en sus cuentas que cada vez cuadran menos.
Al tiempo que Quintero asume ese rol de vigilancia, tendrá que estar atento a la acusación en su contra por el sonado caso del predio Aguas Vivas, que se resolverá el próximo 29 de abril y lo tiene a un paso de ser llamado a juicio. El exalcalde está imputado por su presunta responsabilidad en los delitos de peculado por apropiación, prevaricato por acción e interés indebido en la celebración de contratos. Además, la Procuraduría ya le formuló pliego de cargos disciplinarios por el mismo expediente. Estos son algunos de los escándalos que lo rodean.
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El capítulo de Aguas Vivas en la Fiscalía
Uno de los casos más sonados en contra de Daniel Quintero es el expediente de Aguas Vivas. Un millonario negocio relacionado con un predio de la Alcaldía de Medellín que tiene al exmandatario a un paso de ir a juicio. Aunque en septiembre de 2025 la Fiscalía radicó el escrito de acusación en contra del exalcalde, en un caso por el cual también están siendo procesados ocho exfuncionarios de su administración y tres civiles, la acusación no se ha formalizado. La defensa del exalcalde ha interpuesto distintos recursos alegando su ilegalidad.
La nuez de este caso está en una escritura pública firmada el 27 de diciembre de 2019 por la Alcaldía de Medellín, a menos de una semana de que Federico Gutiérrez, entonces alcalde en su primer periodo, le entregara su despacho a Quintero en el Centro Administrativo La Alpujarra. Esa escritura fue firmada entre la administración, las empresas IDC Inversiones, Técnicas Constructivas y el ciudadano Juan Manuel Villegas. Ese día, estos últimos le entregaron a la ciudad el predio Aguas Vivas, ubicado en la zona alta de El Poblado y Las Palmas.
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El motivo de esa cesión fue una compensación de obligaciones urbanísticas. En otras palabras, las constructoras le entregaron a la Alcaldía de Medellín ese predio, avaluado en COP 2.700 millones, como una indemnización para poder adelantar proyectos arquitectónicos en la ciudad y en zonas de interés público. Sin embargo, en 2020 llegó la pandemia de Covid-19 y ninguna de las partes que habían cedido el predio adelantaron ningún proyecto en Medellín, por lo que argumentaron que el predio seguía siendo de ellos y lo reclamaron.
Para entonces, Quintero ya era alcalde de Medellín y su administración había decidido desarrollar allí una iniciativa de ciencia y tecnología que se llamaría “Valle del Software”. Cuando los empresarios que le habían entregado los predios a la Alcaldía de Medellín reclamaron de nuevo sus títulos, la administración de Quintero llegó a un acuerdo con ellos, anularon la cesión gratuita para devolverlos y dejaron la puerta abierta para que la ciudad les pudiera comprar de nuevo el terreno de Aguas Vivas y seguir adelante con su proyecto.
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Pero ese negocio, en apariencia sencillo, es para la Fiscalía el punto central de su expediente. El ente investigador argumenta que Quintero y su equipo habrían modificado ilegalmente el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de la ciudad mediante actos administrativos con los que, además, el predio fue avaluado en un precio mucho mayor al original: COP 40.500 millones. Para los funcionarios del búnker, esas movidas de devolver el predio, cambiar su destinación y aumentar su valor para comprarlo, habrían representado un grave detrimento patrimonial.
La Fiscalía busca comprobar si, con esa movida, Quintero y su equipo de trabajo habrían intentado beneficiar de forma deliberada a los empresarios con los que se había negociado el predio Aguas Vivas. Lo que la defensa del exalcalde ha argumentado es que el trabajo liderado por la fiscal Yarlecy Mena no ha logrado reunir la información completa para llevar al exmandatario a juicio. Incluso, en una audiencia en 2025 argumentaron que en el caso “no hay hecho jurídicamente relevante”. Pero el próximo 29 de abril eso lo resolverá un juez.
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Aguas Vivas y el expediente en la Procuraduría
El caso sobre el predio Aguas Vivas no solo transcurre en la Fiscalía. También tiene su capítulo en lo disciplinario. El 21 de noviembre de 2025, la Procuraduría le formuló pliego de cargos disciplinarios a Daniel Quintero y a cinco exfuncionarios de su administración por presuntas irregularidades administrativas en el cambio del uso del suelo de ese lote de unos 145.000 metros. Para el Ministerio Público, con sus movidas, los exfuncionarios de la Alcaldía de Medellín habrían cometido una falta gravísima a título de dolo.
Los otros exfuncionarios llamados a juicio disciplinario son la exdirectora del Departamento Administrativo de Planeación, Jasblleidy Pirazán García, y los exsecretarios de Desarrollo Económico, Mauricio Valencia Escobar; de Educación, Juan David Agudelo Restrepo; de Innovación Digital, Rivier Hernando Gómez Cuevas, y General de la Alcaldía, Fabio Andrés García Trujillo. Todos, según la Procuraduría, habrían tenido relación con los actos administrativos que se habrían expedido de forma irregular desde la administración.
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“La administración municipal habría excedido el ejercicio de su potestad reglamentaria al expedir el decreto 412 de 2023, en el que incorporó usos del suelo y actividades contrarias a lo establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de la ciudad, así como asignó normas de aprovechamiento urbanístico, altura e índice de ocupación, con lo que se habrían atribuido competencias que no tenía el ente distrital”, señaló el Ministerio Público en su formulación de pliego de cargos disciplinario contra Quintero y sus exfuncionarios.
Igual que frente al proceso que se adelanta en la jurisdicción penal, el exalcalde Quintero se ha defendido del proceso activo en la Procuraduría y ha insistido en que todo se trata de una estrategia por haber ido en contra de “las mafias” cuando estuvo al frente de la Alcaldía de Medellín. Por su parte, el alcalde actual de la capital antioqueña, Federico Gutiérrez, ha dicho que, tras el empalme con Quintero, han hecho unos 650 hallazgos de presunta corrupción. “(Daniel Quintero) no tiene hoja de vida, lo que tiene es un prontuario criminal”, dijo Gutiérrez.
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Quintero y la sanción por “el cambio en primera”
Siendo alcalde de Medellín, Daniel Quintero se hizo también a una sanción de la Procuraduría por participación indebida en política. En un video publicado en sus redes sociales se ve al exmandatario al volante de un vehículo expresando una frase puntual: “El cambio en primera”. El problema no fue la frase, sino el contexto en el que la dijo: en plena campaña presidencial del año 2022. Para el Ministerio Público, con la publicación, Quintero participó de forma directa e indebida en política, pues para esa fecha era funcionario público y la ley se lo prohibía.
El 3 de julio de 2024 la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores de Elección Popular de la Procuraduría emitió fallo de primera instancia y sancionó con una suspensión e inhabilidad por seis meses para ocupar cargos públicos. En su concepto, el alcalde incurrió en un “el uso de expresiones veladas a favor del Pacto Histórico, con la finalidad de obtener apoyo a la aspiración de llegar a la Presidencia en la primera vuelta electoral”, publicando “contenido con claras inclinaciones partidistas que no podía manifestar al ostentar un cargo de elección popular”.
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Al video del “cambio en primera”, el Ministerio Público sumó otras expresiones del entonces alcalde que daban cuenta de su participación indebida en política, como fotografías en las que se veía el tarjetón de la consulta del Pacto Histórico y videos refiriéndose “de manera explícita” a las elecciones de 2022 y a su apoyo a Petro. “Las publicaciones deben ser vistas como una unidad, no como piezas individuales con sentidos distintos, en las que hizo manifestaciones que no le estaba dado emitir por el cargo que ocupaba”, dijo la Procuraduría.
Esa sanción quedó en firme el 21 de noviembre de 2025, cuando el procurador Gregorio Eljach determinó que, en efecto, Quintero había hecho campaña política siendo funcionario público y a pesar de que la ley se lo prohibía: “Con la conducta desplegada, en su condición de alcalde de Medellín, afectó la función, al vulnerar la prohibición de participación en política establecida en la Constitución, afectando así el equilibrio democrático, al tomar partido en la contienda electoral y comprometer la confianza pública en la neutralidad de la administración”.
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Otros escándalos de la administración de Quintero
La lista de investigaciones relacionadas con presuntos casos de corrupción e irregularidades cuando Daniel Quintero fue alcalde de Medellín es larga. A los casos de Aguas Vivas y “el cambio en primera”, en los cuales está inmerso él directamente, se suman las otras investigaciones que adelantan las autoridades en contra de personas que hicieron parte de su círculo cercano durante su administración. Muchas de ellas hoy imputadas por la Fiscalía o llamadas a juicio disciplinario por parte de la Procuraduría.
Uno de ellos es el expediente sobre Metroparques relacionado con el mantenimiento de jardines y zonas verdes en la capital antioqueña. Ese trabajo antes estaba a cargo del Jardín Botánico de Medellín, pero la administración de Quintero le quitó el contrato para entregárselo a Metroparques, una empresa pública que subcontrató con la firma Reforestadora El Líbano, concentrando el negocio en un mismo grupo de personas interesadas. Tres exfuncionarios de la alcaldía de Quintero fueron sancionados por la Procuraduría por este caso.
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La misma empresa Metroparques firmó durante la administración de Quintero tres contratos con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, por COP 17.450 millones, para el mantenimiento del Parque de las Aguas. Las obras terminaron tercerizadas por parte de las firmas Comercializadora JPino SAS, 1 Soluciones SAS y Estructuras Zafiro SAS. La Fiscalía encontró presuntos sobrecostos de al menos COP 1.500 millones en los contratos que, para su concepto, fueron entregados a dedo por parte de la Alcaldía de Medellín.
Se suma el escándalo del programa Buen Comienzo, que se encargaba de la atención integral de la primera infancia en Medellín. Según las pistas de la Fiscalía, la exsecretaria de Educación de Medellín, Alexandra Agudelo, y la exdirectora del programa social, Lina Gil, habrían direccionado contratos a dedo hacia la Corporación Colombia Avanza, que habrían representado un detrimento patrimonial de unos COP 2.333 millones. La Fiscalía ya radicó escrito de acusación en su contra y ambas, igual que el exalcalde Quintero, están a un paso de ir a juicio.
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Por Gustavo Montes Arias
