En 2020, el Gobierno aseguró que el hacinamiento se redujo el hacinamiento carcelario del 55 al 19,9%. Dicha cifra solo recoge 132 establecimientos carcelarios más no tiene en cuenta la situación en centros de detención transitoria, estaciones de Policía y Unidades de Reacción Inmediata (URI) en donde también se viven condiciones indignas. Así por lo menos lo dejó ver una bridada médica realizada por la Defensoría del Pueblo entre noviembre y diciembre de 2020 en 11 centros de detención transitoria que se hizo en coordinación con las Secretarías de Salud Municipal de Quibdó, Leticia, Valledupar, Tumaco, Neiva, Atlántico, Ibagué, Antioquia, Santander.
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Según la Defensoría, en estaciones de Policía en el país hay un hacinamiento del 194 % pues en 1.206 de ellas, con capacidad para 5.942 personas, hay 17.478 entre los cuales hay 1.243 extranjeros, 828 mujeres y 21 de la comunidad LGTBI. De estas personas, 14.950 son imputados y 2.528 condenados. El reporte señala. Entre tanto, en las URI el hacinamiento es del 42% con 1.815 personas detenidas, de los cuales 337 son condenados, 139 mujeres y 2 de la comunidad LGTBI. En total, en estos centros de detención hay 19.293 personas.
¿Qué se encontró? Por ejemplo, en la Estación de Policía “La Permanente” de Valledupar hay un hacinamiento del 2.245 % lo cual “hace que sea imposible sostener condiciones dignas de reclusión para un lugar que está diseñado para albergar a máximo 20 personas durante un periodo máximo de 36 horas”. El informe de este plan piloto de brigadas de salud, en poder de El Espectador, asegura que “las pésimas condiciones de salubridad y los escases de baterías sanitarias hace que exista una flagrante violación a todos los derechos humanos de las personas allí privadas de la libertad”.
“Se ese aspira contar con la ayuda constante de la Defensoría Regional, al Secretaria de Seguridad y de Salud Municipal para disminuir, en la medida de lo posible, la afectación a sus derechos fundamentales. Adicional a ello se destacan los siguientes aspectos: la población migrante no está debidamente identificada, en consecuencia, no tiene acceso a ningún tipo de afiliación en salud. No existe lugar de aislamiento, cuando se presenta un sospechoso de COVID-19 lo ponen en la oficina de los guardias”.
En Putumayo la visita fue al centro transitorio llamado “Casa de Justicia”, un espacio de 160 metros cuadrados, con siete celdas apenas en las que hay 87 personas privadas de la libertad, incluidos tres condenados que ya deberían estar en una cárcel a disposición del Inpec. “No reciben alimentación conforme a las directrices señaladas por el INPEC y la USPEC. El día de la visita se logró comprobar que les fue brindado el desayuno a eso de las once y media de la mañana. No reciben atención médica y odontológica de manera oportuna. No cuentan con acceso al servicio de agua en condiciones de necesidad, accesibilidad disponibilidad”, dice el informe.
Dicho lugar, además apenas cuenta con tres inodoros para que sean usados por los 87 internos, no tiene espacios para que estas personas puedan tener la asesoría con sus abogados y tampoco tiene línea telefónica o medios tecnológicos para ello. La Brigada encontró que los detenidos no tenían elementos básicos de bioseguridad para la previsión del COVID-19 y que en todo 2020 no habían recibido una jornada de atención en salud.
Luego de la visita a la estación de Policía de Leticia (Amazonas), la Secretaría de Gobierno Municipal se comprometió a entregar finalizado el contrato de alimentación para los reclusos pues hacía falta, mientras que la Defensoría prometió hacer Mesas Penitenciarias de seguimiento cada 15 días frente a las problemáticas de alimentación, salud e infraestructura. Se encontró, por ejemplo, que allí permanece una persona ya condenada que el Inpec se niega a recibir por falta del documento completo de la sentencia.
En Tumaco (Nariño) se visitó la Estación de Guardacostas de Tumaco y se encontró que allí, por las particularidades de la zona, los detenidos que apenas son sindicados de algún hecho delictivo están bajo custodia y vigilancia de integrantes de la Fuerza Pública lo cual no hace parte de sus deberes. Según la Defensoría, el Inpec se comprometió a recibir de manera inmediata a “las personas condenadas, mujeres y personas con alto perfil criminal en el establecimiento”.
En el caso de la Estación de Policía “La Victoria” y “1500” de Quibdó (Chocó), la brigada evidenció ausencia de equipos de cómputo e internet suficientes para realizar audiencias públicas de los detenidos que, además, son esposados 24 horas al día. Se encontró además que el tanque de agua necesita tratamiento, que los detenidos no tienen adecuada comunicación con defensores públicos, entre otros. Por eso, se buscaron acuerdos para solucionar estas problemáticas. En la estación de La Victoria se le entregaron a 49 detenidos elementos de aseo personal, de bioseguridad y se les dio atención médica.
“Ese grupo de personas llevaba rato solicitando ser llevados al médico por diferentes afecciones, siendo las más comunes dolores en la columna, dolor de cabeza severo, dolores en las extremidades superiores, dolor de muela, afecciones o salpullidos en la piel al parecer por causa del servicio de agua”, dice el informe. En Huila se visitaron centros de detención transitoria en Pitalito y La Plata, así como el de la Fiscalía de Neiva, en donde se encontraron falencias en la entrega de medicamentos y que se necesitan más médicos tratantes.
“Uno de los principales retos fue la disposición de las Secretarias de Salud municipales en algunas de las ciudades visitadas para atender las jornadas en los centros transitorios, teniendo en cuenta que las mismas se caracterizan por la falta de recursos y de personal médico profesional para cumplir esta tarea, máxime cuando el país se encuentra en medio de la pandemia por el COVID-19. (...) Sin duda alguna, para poder darle continuidad a esta estrategia y poder llegar a un mayor número de personas privadas de la libertad, se requiere contar con presupuesto autónomo que permita la realización de estas visitas, acompañado de los elementos de bioseguridad requeridos para evitar el contagio de nuestros funcionarios”, dice el informe
