Los hermanos Moreno en el radar del FBI

El carrusel de la contratación en Bogotá ya tiene un capítulo en los Estados Unidos. Fiscales y agentes federales tienen en el radar a varios políticos y empresarios colombianos que, al parecer, lavaron miles de dólares de sobornos en bancos norteamericanos. En un informe especial de Noticias Caracol, se explica que las alarmas norteamérica se prendieron hace tres años, cuando agentes del FBI comenzaron a rastrear millonarias transacciones en Estados Unidos de protagonistas e intermediarios del cartel de la contratación en Bogotá.

Según la información de la investigación, serían giros efectuados desde Colombia, Panamá e Islas Vírgenes que terminaron en la banca norteamericana, los que llamaron la atención de las autoridades. Entre las transacciones, dos nombres sobresalieron por encima de los demás: Samuel e Iván Moreno Rojas.

Hace seis meses, una comisión de fiscales y agentes federales llegó a Bogotá. Su primera misión fue la de escarbar en el expedientes por el saqueo a Bogotá, cruzaron datos y revisaron cuentas y propiedades de los implicados. Una vez posesionado el fiscal Néstor Humberto Martínez, en agosto pasado, le notificaron que las autoridades estadounidenses estaban en el país adelantando una investigación y, en total confidencialidad, fiscales gringos y colombianos se reunieron en el búnker de la Fiscalía, en la Embajada de Estados Unidos y Residencias Tequendama.

De acuerdo con el informe de Noticias Caracol, además de Samuel e Iván Moreno, condenados por este caso a 18 y 14 años de prisión respectivamente, y quienes además tienen nacionalidad gringa, hay por lo menos cuatro nombres más que están en el radar de los investigadores de Estados Unidos. Por ejemplo, aparece el exgobernador de Cundinamarca, Ávaro Cruz, condenado también, el excongresista Germán Olano y el abogado y exasesor de los Moreno, Álvaro Dávila.

También figuran los primos Miguel, Manuel y Guido Nule, así como el contratista Julio Gómez, el exconcejal Andrés Camacho y el exsecretario de movilidad, Fernando Álvarez, quien está en la mira de la Fiscalía por los cuestionados contratos de recaudo y servicio del Sistema Integrado de Transporte de Bogotá. La lista es más larga: también aparecen el expresidente de Conalvías, Andrés Jaramillo, ad portas de una imputación por tres delitos, y dos poderosos empresarios que hasta hoy no han sido tocados por la Fiscalía colombiana porque, en criterio de os investigadores, tienen mucho por explicar en Estados Unidos.

Se trata de un rompecabezas judicial que tararon tres años en armar en Nueva York y Washington y cuyos coletazos se empezarán a ver muy pronto en Colombia. ¿Cómo funcionaba el supuesto lavado de dineros fruto del saqueo a Bogotá? A cambio de un porcentaje, cuatro empresas colombianas ponían a circular en Estados Unidos el dinero de las coimas pagadas en el saqueo al Distrito. De acuerdo con la información divulgada por Noticias Caracol, los federales ya identificaron varias firmas de abogados con sede en Los Ángeles, Houston y Nueva York que sirvieron para montar un entramado de fachadas para recibir lo millonarios giros.

Fiscales de la Unidad de Lavado de Activos de Estados Unidos están contra el tiempo pues, según la ley norteamericana, este delito prescribe cinco años después de los hechos. No obstante, aunque la mayoría de las transacciones ocurrieron durante la alcaldía de Samuel Moreno, entre 2008 y 2011, dicho dinero ha seguido circulando en distintas cuentas y bienes inmuebles adquiridos por intermediarios del cartel y por eso, el caso seguiría vigente.

El fiscal Martínez, por su parte, ha emprendido una cruzada judicial inédita: extraditar a los corruptos que se enriquecieron a cambio de penas irrisorias en Colombia. Empresario y políticos dispuestas a pagar condenas mínimas mientras sus fortunas pasaban de agache en paraísos fiscales. “Esa guachafita se acabó”, sostuvo una persona allegada al caso. Hoyy, todo los hallazgos del fiscal Juan Vicente Valbuena, el investigador del carrusel, se conoce en Estados Unidos. El expediente en ese país termina de afinar las evidencias y el carrusel de la extradición, está por comenzar.

El carrusel de la contratación en Bogotá ya tiene un capítulo en los Estados Unidos. Fiscales y agentes federales tienen en el radar a varios políticos y empresarios colombianos que, al parecer, lavaron miles de dólares de sobornos en bancos norteamericanos. En un informe especial de Noticias Caracol, se explica que las alarmas norteamérica se prendieron hace tres años, cuando agentes del FBI comenzaron a rastrear millonarias transacciones en Estados Unidos de protagonistas e intermediarios del cartel de la contratación en Bogotá.

Según la información de la investigación, serían giros efectuados desde Colombia, Panamá e Islas Vírgenes que terminaron en la banca norteamericana, los que llamaron la atención de las autoridades. Entre las transacciones, dos nombres sobresalieron por encima de los demás: Samuel e Iván Moreno Rojas.

Hace seis meses, una comisión de fiscales y agentes federales llegó a Bogotá. Su primera misión fue la de escarbar en el expedientes por el saqueo a Bogotá, cruzaron datos y revisaron cuentas y propiedades de los implicados. Una vez posesionado el fiscal Néstor Humberto Martínez, en agosto pasado, le notificaron que las autoridades estadounidenses estaban en el país adelantando una investigación y, en total confidencialidad, fiscales gringos y colombianos se reunieron en el búnker de la Fiscalía, en la Embajada de Estados Unidos y Residencias Tequendama.

De acuerdo con el informe de Noticias Caracol, además de Samuel e Iván Moreno, condenados por este caso a 18 y 14 años de prisión respectivamente, y quienes además tienen nacionalidad gringa, hay por lo menos cuatro nombres más que están en el radar de los investigadores de Estados Unidos. Por ejemplo, aparece el exgobernador de Cundinamarca, Ávaro Cruz, condenado también, el excongresista Germán Olano y el abogado y exasesor de los Moreno, Álvaro Dávila.

También figuran los primos Miguel, Manuel y Guido Nule, así como el contratista Julio Gómez, el exconcejal Andrés Camacho y el exsecretario de movilidad, Fernando Álvarez, quien está en la mira de la Fiscalía por los cuestionados contratos de recaudo y servicio del Sistema Integrado de Transporte de Bogotá. La lista es más larga: también aparecen el expresidente de Conalvías, Andrés Jaramillo, ad portas de una imputación por tres delitos, y dos poderosos empresarios que hasta hoy no han sido tocados por la Fiscalía colombiana porque, en criterio de os investigadores, tienen mucho por explicar en Estados Unidos.

Se trata de un rompecabezas judicial que tararon tres años en armar en Nueva York y Washington y cuyos coletazos se empezarán a ver muy pronto en Colombia. ¿Cómo funcionaba el supuesto lavado de dineros fruto del saqueo a Bogotá? A cambio de un porcentaje, cuatro empresas colombianas ponían a circular en Estados Unidos el dinero de las coimas pagadas en el saqueo al Distrito. De acuerdo con la información divulgada por Noticias Caracol, los federales ya identificaron varias firmas de abogados con sede en Los Ángeles, Houston y Nueva York que sirvieron para montar un entramado de fachadas para recibir lo millonarios giros.

Fiscales de la Unidad de Lavado de Activos de Estados Unidos están contra el tiempo pues, según la ley norteamericana, este delito prescribe cinco años después de los hechos. No obstante, aunque la mayoría de las transacciones ocurrieron durante la alcaldía de Samuel Moreno, entre 2008 y 2011, dicho dinero ha seguido circulando en distintas cuentas y bienes inmuebles adquiridos por intermediarios del cartel y por eso, el caso seguiría vigente.

El fiscal Martínez, por su parte, ha emprendido una cruzada judicial inédita: extraditar a los corruptos que se enriquecieron a cambio de penas irrisorias en Colombia. Empresario y políticos dispuestas a pagar condenas mínimas mientras sus fortunas pasaban de agache en paraísos fiscales. “Esa guachafita se acabó”, sostuvo una persona allegada al caso. Hoyy, todo los hallazgos del fiscal Juan Vicente Valbuena, el investigador del carrusel, se conoce en Estados Unidos. El expediente en ese país termina de afinar las evidencias y el carrusel de la extradición, está por comenzar.