Los hombres que salpicaron a Plazas Vega

 No en vano uno de los temas que más enfrentamientos generó en el proceso que se adelantó contra el coronel (r) Alfonso Plazas Vega por desapariciones forzadas en el marco del holocausto del Palacio de Justicia fueron los testigos del caso. Mientras la defensa del excomandante de la Escuela de Caballería del Ejército los señaló de ser falsos y amañados, la Fiscalía los presentó como la prueba irrefutable de la responsabilidad del oficial (r) por la desaparición de 11 personas. Se trata de Édgar Villamizar, Ricardo Gámez y Carlos Sánchez.

El caso de Villamizar fue una novela hasta su muerte en junio de este año. Cuando decidió hablar por primera vez, se identificó como miembro de la Séptima Brigada del Ejército con sede en Villavicencio para la época de los hechos. Según testificó, el 6 y 7 de noviembre hizo parte de un grupo que enviaron a Bogotá para apoyar la retoma del palacio. Al principio le dijo a la Fiscalía que durante su estadía en la Escuela de Caballería escuchó cómo miembros del Ejército torturaron a una mujer y a un hombre que habían salido con vida del Palacio. Al parecer, se trataba de la guerrillera Irma Franco y del administrador de la cafetería Carlos Rodríguez.

Tiempo después se retractó, manifestó que la declaración en poder del ente investigador era falsa y hasta señaló que la firma al final del documento no era la suya. Esto último, sin embargo, fue desmentido por una prueba grafológica del CTI, que confirmó que la firma que aparecía en la declaración sí correspondía a la de Édgar Villamizar (o Édgar Villarreal, que fue como en realidad firmó).

“Pude oir y pude darme cuenta de la tortura, vejámenes, no sé qué palabra colocar ahí, que estaban efectuándose a las personas que habían traído. Los colgaban de las manos, les daban golpes en el estómago, con cables les ponían electricidad en cualquier parte del cuerpo, tanto a los hombres como a las peladas. Yo me alcanzo a acordar bien, bien de la que primero se trajo, le rasgaron la blusa y le dejaron los senos a la intemperie”, dijo en su declaración.

Tras su retractación, el juez de primera instancia no le dio validez a su testimonio porque “resultaban evidentes las contradicciones e inconsistencias con su propio dicho”. Sin embargo, en segunda instancia la historia cambió, y el Tribunal Superior de Bogotá precisó que “cuando se involucran agentes estatales, los testigos de oídas cobran especial fuerza dada la forma clandestina y compartimentada de los responsables (…) Por tanto, cuando este militar narra que escuchó de boca de un par suyo lo que ocurría con algunos rehenes del Palacio de Justicia que fueron trasladados hasta la Escuela de Caballería, debe dárseles credibilidad a tales afirmaciones, porque encajan con todo el arsenal probatorio acopiado y que da cuenta clara de los hechos y de la responsabilidad del procesado”.

Frente al testigo Ricardo Gámez la situación fue más compleja. No fue tenido en cuenta en el juicio por lo que sus señalamientos perdieron fuerza. Además, fue deslegitimado por el Estado y la defensa de Plazas Vega al indicar que no perteneció a las Fuerzas Millitares. Sin embargo en la sentencia de la Corte Interamericana de Derecho Humanos (CIDH), el testimonio de Gámez fue validado. “El Estado no ha probado que el testigo tenga un interés en el litigio del presente caso ante la Corte Interamericana. Asimismo, tampoco es prueba suficiente para desvirtuar los dichos del testigo la alegada falta de vinculación del mismo con el Ejército”, fue uno de los argumentos del organismo internacional.

Sin embargo, la defensa de Plazas Vega logró refutar todo lo dicho por el testigo al advertir que Ricardo Gámez “se basó en la hipótesis de que en la cafetería del Palacio se habían escondido armas previamente al asalto y por ello ordenó torturar al señor (Carlos) Rodríguez por cómplice”, por lo que consideraba que, además de ser un falso testigo, construyó una hipótesis sin sentido sobre la toma del Palacio de Justicia. Entre las versiones que entregó Gámez a las autoridades, relató que él ingresó a la Policía en marzo de 1977, que fue agente de inteligencia y que durante su carrera pasó por varias estaciones de Policía en Bogotá.

El polémico testigo, que fue desvirtuado por la defensa de Plazas Vega porque supuestamente se trataba de un desertor de las Fuerzas Armadas, indicó en su momento que “entre el 22 de diciembre de 1977 y el 3 de enero de 1978 se presumió que yo había cometido el delito de deserción, pero luego se comprobó que no lo hubo. Desde 1974 actué como informante de la Dipec (hoy Dijon). En ese momento me conocieron: el Capitán Julio Navarro Rozo (hoy teniente coronel y comandante del Departamento de Policía del Valle) y el Mayor Campos, jefe del Departamento de Estupefacientes (hoy ayudante de la Dirección General de la Policía). En 1978 pasé a trabajar con el Comando del Ejército”.

Ricardo Gámez, quien salió del país hace muchos años, añadió que temía por su seguridad ya que conocía los “métodos” que utilizaba la inteligencia del Estado y que por eso había decidido abandonar a su familia y a su trabajo. La declaración de Gámez advertía que para comprobar que él estuvo presente en los días de la toma del Palacio de Justicia podía relatar los siguentes hechos:

“La señora Ruth Mariela Zuluaga de Correa, secretaria del magistrado Carlos Medellín, fue sacada del Palacio y llevada con quemaduras graves al Hospital Simón Bolívar (...) El señor Carlos Augusto Rodríguez Vera, administrador de la cafetería del Palacio de Justicia, salió del Palacio y fué llevado a la Casa del Florero sin ninguna lesión. De allí fué enviado a la Escuela de Caballería por orden del coronel Alfonso Plazas Vega, quien dio las siguientes instrucciones: 'Me lo llevan, me lo trabajan y cada dos horas me dan informe'. El Coronel Plazas se basó en la hipótesis de que en la cafetería del Palacio se habían escondido armas previamente al asalto y por ello ordenó torturar al señor Rodríguez ‘por cómplice’. El señor Rodríguez Vera fue sometido a torturas durante cuatro días, sin suministrársele ningún alimento ni bebida. Fue colgado varias voces de los pulgares y golpeado violentamente en los testículos mientras colgaba; le introdujeron agujas en las uñas y luego le arrancaron las uñas. Siempre manifestó que no sabía nada de nada ni entendía lo que estaba ocurriendo. El señor Rodríguez murió durante las torturas. Su cadáver fué enterrado en secreto, probablemente en "los polvorines", cerca al sitio donde se hacen prácticas de polígono, en lo misma escuela”.

Este relato, junto a otra decena de supuestos hechos que narró en su declaración, fueron fundamentales en la sentencia de la CIDH contra el Estado colombiano. Sin embargo, en los juzgados y tribunales locales, el testimonio de Ricardo Gámez fue desestimado ya que no se logró comprobar que él hubiera estado el 6 y 7 de noviembre de 1985. Por esa razón, sus señalamientos contra el coronel (r) Plazas Vega quedaron en el limbo.

El último de los testigos que habló contra Plazas Vega fue César Sánchez Cuestas, un hombre que en 2007 le entregó las primeras declaraciones a la justicia y en la que manifestó que él vio salir al administrador de la cafetería, Carlos Rodríguez, con vida. Sánchez era un exfuncionario de la Alcaldía de Bogotá que almorzaba frecuentemente en el Palacio de Justicia y por esa razón conocía al administrador Rodríguez. Según testificó, el día de la toma a él le encomendaron la misión de reportarle al entonces alcalde de Bogotá, Julio César Sánchez, lo que sucedía en la Plaza de Bolívar y que por esa razón fue que identificó a Rodríguez entre los rescatados.

“!Me ubiqué a unos pocos metros de la casa del 20 de Julio y ahí lo identifiqué. ¡Salió con vida!. El 8 de noviembre me localizó la esposa del administrador de la cafetería, me dijo que (ella y su suegro) estaban muy inquietos. Los acompañé hasta el Cantón Norte (...) Cuando yo me identifiqué como asesor de la Alcaldía Mayor de Bogotá me quitaron el carné y me lo retuvieron aproximadamente una hora. Después me dijeron, palabras más palabras menos, que no molestara más y que dejara de andar indagando por personas que no valían la pena, porque eran unos guerrilleros y unos asesinos”, le contó Sánchez a las autoridades.

Agregó que el día que fue a buscar a Carlos Rodríguez, miembros del Ejército llegaron hasta su oficina indagando por sus funciones y manifestando que querían hablar con él. Asimismo, que horas más tarde, cuando llegó a su casa, los vigilantes del edificio le dijeron “que habían estado unos carros del Ejército, con personal uniformado, indagando por mí, que en qué piso vivía y que quién era yo”. Desde ese entonces Sánchez aseguró que comenzaron las intimidaciones hasta que decidió hablar con la entonces fiscal del caso Ángela Buitrago.

A ella le dijo que recibía llamadas intimidantes a su celular y que sospechaba que era víctima de seguimientos ilegales. Sánchez reveló que por esa situación solicitó una entrevista con el comandante de la Escuela de Caballería: el coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega. “Cuando yo le dije lo que estaba tratando de indagar me recibió solo. Yo intenté que entrara a acompañarme el papá de Carlos y me dijeron que no, que la cita era sólo para mí”, recordó Sánchez, quien le comunicó a Plazas Vega que tenía información de que Carlos Rodríguez, administrador de la cafetería del Palacio de Justicia, estaba en poder de los militares, quienes querían interrogarlo. “Palabras más palabras menos, me dijo que por mi bien y como amigo me recomendaba que dejara de andar metiéndome en esas cuestiones, indagando por personas por quienes no tenía que andar indagando”, afirmó Sánchez en su narración.

Finalmente explicó que ese mismo día le contó al coronel (r) Plazas Vega que los estaban amenazando. “Me dijo que él se iba a encargar de eso (...) Para sorpresa mía, las amenazas y constantes llamadas telefónicas que me hacían eran insistentes, mañana, tarde, noche, disminuyeron totalmente. Lo que sí no desapareció, los mantuvieron como por cuatro meses más, fueron los seguimientos”. César Sánchez terminó su declaración en la Fiscalía afirmando que en sus intentos de averiguaciones jamás pudo establecer qué sucedió con Carlos Rodríguez: “A partir de ese día nunca supe más nada de él, nunca más nos dieron una razón”

Para la defensa del coronel retirado, no tenía sentido que César Sánchez recordara más en detalle lo que había pasado en el Palacio en 2007, cuando volvió a rendir declaración, que en 1986, que fue cuando habló por primera vez. Al final, sin embargo, los jueces encontraron el testimonio de Sánchez Cuesta consistente con otros de familiares de los desaparecidos, cargados de intimidaciones y amenazas para la época en que empezaron a buscar los suyos.

 No en vano uno de los temas que más enfrentamientos generó en el proceso que se adelantó contra el coronel (r) Alfonso Plazas Vega por desapariciones forzadas en el marco del holocausto del Palacio de Justicia fueron los testigos del caso. Mientras la defensa del excomandante de la Escuela de Caballería del Ejército los señaló de ser falsos y amañados, la Fiscalía los presentó como la prueba irrefutable de la responsabilidad del oficial (r) por la desaparición de 11 personas. Se trata de Édgar Villamizar, Ricardo Gámez y Carlos Sánchez.

El caso de Villamizar fue una novela hasta su muerte en junio de este año. Cuando decidió hablar por primera vez, se identificó como miembro de la Séptima Brigada del Ejército con sede en Villavicencio para la época de los hechos. Según testificó, el 6 y 7 de noviembre hizo parte de un grupo que enviaron a Bogotá para apoyar la retoma del palacio. Al principio le dijo a la Fiscalía que durante su estadía en la Escuela de Caballería escuchó cómo miembros del Ejército torturaron a una mujer y a un hombre que habían salido con vida del Palacio. Al parecer, se trataba de la guerrillera Irma Franco y del administrador de la cafetería Carlos Rodríguez.

Tiempo después se retractó, manifestó que la declaración en poder del ente investigador era falsa y hasta señaló que la firma al final del documento no era la suya. Esto último, sin embargo, fue desmentido por una prueba grafológica del CTI, que confirmó que la firma que aparecía en la declaración sí correspondía a la de Édgar Villamizar (o Édgar Villarreal, que fue como en realidad firmó).

“Pude oir y pude darme cuenta de la tortura, vejámenes, no sé qué palabra colocar ahí, que estaban efectuándose a las personas que habían traído. Los colgaban de las manos, les daban golpes en el estómago, con cables les ponían electricidad en cualquier parte del cuerpo, tanto a los hombres como a las peladas. Yo me alcanzo a acordar bien, bien de la que primero se trajo, le rasgaron la blusa y le dejaron los senos a la intemperie”, dijo en su declaración.

Tras su retractación, el juez de primera instancia no le dio validez a su testimonio porque “resultaban evidentes las contradicciones e inconsistencias con su propio dicho”. Sin embargo, en segunda instancia la historia cambió, y el Tribunal Superior de Bogotá precisó que “cuando se involucran agentes estatales, los testigos de oídas cobran especial fuerza dada la forma clandestina y compartimentada de los responsables (…) Por tanto, cuando este militar narra que escuchó de boca de un par suyo lo que ocurría con algunos rehenes del Palacio de Justicia que fueron trasladados hasta la Escuela de Caballería, debe dárseles credibilidad a tales afirmaciones, porque encajan con todo el arsenal probatorio acopiado y que da cuenta clara de los hechos y de la responsabilidad del procesado”.

Frente al testigo Ricardo Gámez la situación fue más compleja. No fue tenido en cuenta en el juicio por lo que sus señalamientos perdieron fuerza. Además, fue deslegitimado por el Estado y la defensa de Plazas Vega al indicar que no perteneció a las Fuerzas Millitares. Sin embargo en la sentencia de la Corte Interamericana de Derecho Humanos (CIDH), el testimonio de Gámez fue validado. “El Estado no ha probado que el testigo tenga un interés en el litigio del presente caso ante la Corte Interamericana. Asimismo, tampoco es prueba suficiente para desvirtuar los dichos del testigo la alegada falta de vinculación del mismo con el Ejército”, fue uno de los argumentos del organismo internacional.

Sin embargo, la defensa de Plazas Vega logró refutar todo lo dicho por el testigo al advertir que Ricardo Gámez “se basó en la hipótesis de que en la cafetería del Palacio se habían escondido armas previamente al asalto y por ello ordenó torturar al señor (Carlos) Rodríguez por cómplice”, por lo que consideraba que, además de ser un falso testigo, construyó una hipótesis sin sentido sobre la toma del Palacio de Justicia. Entre las versiones que entregó Gámez a las autoridades, relató que él ingresó a la Policía en marzo de 1977, que fue agente de inteligencia y que durante su carrera pasó por varias estaciones de Policía en Bogotá.

El polémico testigo, que fue desvirtuado por la defensa de Plazas Vega porque supuestamente se trataba de un desertor de las Fuerzas Armadas, indicó en su momento que “entre el 22 de diciembre de 1977 y el 3 de enero de 1978 se presumió que yo había cometido el delito de deserción, pero luego se comprobó que no lo hubo. Desde 1974 actué como informante de la Dipec (hoy Dijon). En ese momento me conocieron: el Capitán Julio Navarro Rozo (hoy teniente coronel y comandante del Departamento de Policía del Valle) y el Mayor Campos, jefe del Departamento de Estupefacientes (hoy ayudante de la Dirección General de la Policía). En 1978 pasé a trabajar con el Comando del Ejército”.

Ricardo Gámez, quien salió del país hace muchos años, añadió que temía por su seguridad ya que conocía los “métodos” que utilizaba la inteligencia del Estado y que por eso había decidido abandonar a su familia y a su trabajo. La declaración de Gámez advertía que para comprobar que él estuvo presente en los días de la toma del Palacio de Justicia podía relatar los siguentes hechos:

“La señora Ruth Mariela Zuluaga de Correa, secretaria del magistrado Carlos Medellín, fue sacada del Palacio y llevada con quemaduras graves al Hospital Simón Bolívar (...) El señor Carlos Augusto Rodríguez Vera, administrador de la cafetería del Palacio de Justicia, salió del Palacio y fué llevado a la Casa del Florero sin ninguna lesión. De allí fué enviado a la Escuela de Caballería por orden del coronel Alfonso Plazas Vega, quien dio las siguientes instrucciones: 'Me lo llevan, me lo trabajan y cada dos horas me dan informe'. El Coronel Plazas se basó en la hipótesis de que en la cafetería del Palacio se habían escondido armas previamente al asalto y por ello ordenó torturar al señor Rodríguez ‘por cómplice’. El señor Rodríguez Vera fue sometido a torturas durante cuatro días, sin suministrársele ningún alimento ni bebida. Fue colgado varias voces de los pulgares y golpeado violentamente en los testículos mientras colgaba; le introdujeron agujas en las uñas y luego le arrancaron las uñas. Siempre manifestó que no sabía nada de nada ni entendía lo que estaba ocurriendo. El señor Rodríguez murió durante las torturas. Su cadáver fué enterrado en secreto, probablemente en "los polvorines", cerca al sitio donde se hacen prácticas de polígono, en lo misma escuela”.

Este relato, junto a otra decena de supuestos hechos que narró en su declaración, fueron fundamentales en la sentencia de la CIDH contra el Estado colombiano. Sin embargo, en los juzgados y tribunales locales, el testimonio de Ricardo Gámez fue desestimado ya que no se logró comprobar que él hubiera estado el 6 y 7 de noviembre de 1985. Por esa razón, sus señalamientos contra el coronel (r) Plazas Vega quedaron en el limbo.

El último de los testigos que habló contra Plazas Vega fue César Sánchez Cuestas, un hombre que en 2007 le entregó las primeras declaraciones a la justicia y en la que manifestó que él vio salir al administrador de la cafetería, Carlos Rodríguez, con vida. Sánchez era un exfuncionario de la Alcaldía de Bogotá que almorzaba frecuentemente en el Palacio de Justicia y por esa razón conocía al administrador Rodríguez. Según testificó, el día de la toma a él le encomendaron la misión de reportarle al entonces alcalde de Bogotá, Julio César Sánchez, lo que sucedía en la Plaza de Bolívar y que por esa razón fue que identificó a Rodríguez entre los rescatados.

“!Me ubiqué a unos pocos metros de la casa del 20 de Julio y ahí lo identifiqué. ¡Salió con vida!. El 8 de noviembre me localizó la esposa del administrador de la cafetería, me dijo que (ella y su suegro) estaban muy inquietos. Los acompañé hasta el Cantón Norte (...) Cuando yo me identifiqué como asesor de la Alcaldía Mayor de Bogotá me quitaron el carné y me lo retuvieron aproximadamente una hora. Después me dijeron, palabras más palabras menos, que no molestara más y que dejara de andar indagando por personas que no valían la pena, porque eran unos guerrilleros y unos asesinos”, le contó Sánchez a las autoridades.

Agregó que el día que fue a buscar a Carlos Rodríguez, miembros del Ejército llegaron hasta su oficina indagando por sus funciones y manifestando que querían hablar con él. Asimismo, que horas más tarde, cuando llegó a su casa, los vigilantes del edificio le dijeron “que habían estado unos carros del Ejército, con personal uniformado, indagando por mí, que en qué piso vivía y que quién era yo”. Desde ese entonces Sánchez aseguró que comenzaron las intimidaciones hasta que decidió hablar con la entonces fiscal del caso Ángela Buitrago.

A ella le dijo que recibía llamadas intimidantes a su celular y que sospechaba que era víctima de seguimientos ilegales. Sánchez reveló que por esa situación solicitó una entrevista con el comandante de la Escuela de Caballería: el coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega. “Cuando yo le dije lo que estaba tratando de indagar me recibió solo. Yo intenté que entrara a acompañarme el papá de Carlos y me dijeron que no, que la cita era sólo para mí”, recordó Sánchez, quien le comunicó a Plazas Vega que tenía información de que Carlos Rodríguez, administrador de la cafetería del Palacio de Justicia, estaba en poder de los militares, quienes querían interrogarlo. “Palabras más palabras menos, me dijo que por mi bien y como amigo me recomendaba que dejara de andar metiéndome en esas cuestiones, indagando por personas por quienes no tenía que andar indagando”, afirmó Sánchez en su narración.

Finalmente explicó que ese mismo día le contó al coronel (r) Plazas Vega que los estaban amenazando. “Me dijo que él se iba a encargar de eso (...) Para sorpresa mía, las amenazas y constantes llamadas telefónicas que me hacían eran insistentes, mañana, tarde, noche, disminuyeron totalmente. Lo que sí no desapareció, los mantuvieron como por cuatro meses más, fueron los seguimientos”. César Sánchez terminó su declaración en la Fiscalía afirmando que en sus intentos de averiguaciones jamás pudo establecer qué sucedió con Carlos Rodríguez: “A partir de ese día nunca supe más nada de él, nunca más nos dieron una razón”

Para la defensa del coronel retirado, no tenía sentido que César Sánchez recordara más en detalle lo que había pasado en el Palacio en 2007, cuando volvió a rendir declaración, que en 1986, que fue cuando habló por primera vez. Al final, sin embargo, los jueces encontraron el testimonio de Sánchez Cuesta consistente con otros de familiares de los desaparecidos, cargados de intimidaciones y amenazas para la época en que empezaron a buscar los suyos.