Los intentos de “Jorge 40” por anular su sentencia en Estados Unidos

Doce años después de ser extraditado a Estados Unidos por delitos de narcotráfico Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, todavía sigue intentando tumbar su condena. Aunque el propio excomandante del Bloque Norte de las Autodefensas aceptó haber conspirado para enviar cocaína a ese país, dice que lo hizo por el mal consejo de su abogado de entonces, el cubanoamericano Joaquín Pérez, quien también defendió a los exparas Salvatore Mancuso, Carlos Castaño, y a varios narcotraficantes. Sin mayor éxito, Jorge 40 intentó llevar su caso ante la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos y, ad-portas de su regreso a Colombia, sigue intentando anular su sentencia allí.

Doce años después de ser extraditado a Estados Unidos por delitos de narcotráfico Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, todavía sigue intentando tumbar su condena. Aunque el propio excomandante del Bloque Norte de las Autodefensas aceptó haber conspirado para enviar cocaína a ese país, dice que lo hizo por el mal consejo de su abogado de entonces, el cubanoamericano Joaquín Pérez, quien también defendió a los exparas Salvatore Mancuso, Carlos Castaño, y a varios narcotraficantes. Sin mayor éxito, Jorge 40 intentó llevar su caso ante la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos y, ad-portas de su regreso a Colombia, sigue intentando anular su sentencia allí.

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Los vastos capítulos del conflicto latinoamericano en los que ha aparecido Joaquín Pérez han dado para artículos periodísticos, un documental sobre su vida titulado El Abogado de los Diablos, y hasta para que Migración Colombia le restringiera el ingreso a nuestro país en 2018. Según le ha dicho Jorge 40 a la justicia de Estados Unidos, en documentos en poder de El Espectador, él conoció al abogado Pérez porque era “abogado, asesor y lobista de Carlos Castaño”, en ambos países, y que, cuando lo extraditaron a suelo norteamericano, contrató a Pérez porque se lo recomendó la familia del exparamilitar Hugues Rodríguez Fuentes, alias comandante Barbie.

Desde que Jorge 40 llegó a Estados Unidos en 2008, hasta que se acogió a un preacuerdo con la fiscalía en 2009, dice que se sintió presionado por el abogado Pérez. Y es que, para ese momento, el “abogado de los diablos” defendía también al narcotraficante colombiano Yuri Valdeblanquez, un capo de la costa caribe que se había comprometidoa testificar en contra del excomandante del Bloque Norte. Así reza un documento que allegó la defensa del expara a la justicia norteamericana: “Yuri Valdeblanquez tenía una orden de extradición en Colombia y Pérez le dijo a Tovar Pupo que testificaría diciendo que Tovar Pupo estaba intentando de esconder a Valdeblanquez”.

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Fue así, dice su defensa, como el exjefe para se sintió obligado a aceptar el preacuerdo, reconociendo responsabilidad de un delito que supuestamente no cometió. ¿Por qué dice él que no fue narcotraficante? Así se lo explicó a la justicia estadounidense: “El impuesto a los traficantes de droga era conocido como ‘impuesto de guerra’ por los grupos de Autodefensa. El impuesto de guerra se tasaba sobre cada cargamento de droga que pasaba por territorios controlados por los grupos de Autodefensa, que ofrecían además protección en contra de las Farc o el Eln. La verdad es que todos los que vivieran en un territorio controlado por las Autodefensas tenían que pagar el impuesto de guerra, incluyendo narcotraficantes, sin importar el destino de las drogas”.

En 2014, cinco años después de ser condenado, empezó el proceso para revertir su sentencia. Su otra abogada, Heather Shaner testificó que, en efecto, Jorge 40 le había manifestado que prefería ir a juicio porque no quería ser reconocido como un narcotraficante. El juez le preguntó por qué su defendido había aceptado cargos y Shaner respondió: “Creo que la forma en la que fue elaborado (el documento) daba a entender que, al cobrarles impuestos a los narcotraficantes y al mantener las carreteras despejadas, él estaba proveyendo un servicio a los narcotraficantes”.

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Mientras que, para la defensa Tovar Pupo, no se trató más que de una forma de extorsión. “En este caso, no hay absolutamente ninguna evidencia de que el apelante (Jorge 40) tuviera la intención de promover los objetivos de la conspiración antidrogas. Nunca habló de drogas. Nunca fue parte de la distribución de drogas. De hecho, no parece que haya visto drogas. Ciertamente no se benefició del narcotráfico”. Por el contrario, su defensa asegura que el abogado Pérez tenía a otros dos clientes que, como Valdeblanquez eran narcotraficantes puros y que podrían aplicar a beneficios judiciales en Estados Unidos si el exjefe paramilitar se allanaba a cargos.

Así, bajo el argumento de que no tuvo una defensa eficiente y eficaz, Jorge 40 le pidió a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos en junio de 2018 que revisara su caso, según documentos en poder de este diario. La fiscalía se opuso a su petición y casi diez meses después, en marzo de 2019, el alto tribunal le negó la que era una de sus últimas cartas. “La petición de una orden de certiorari —equivalente en Colombia al recurso de casación— es denegada. El juez (Brett) Kavanaugh —nominado por Donald Trump— no participó en la consideración o decisión de esta petición”, se lee en un documento de la Corte, que no específica ni ahonda en las razones de esa decisión.

Aunque ya la más alta instancia de la justicia estadounidense le dijo que no, el intento del exjefe paramilitar por demostrar su inocencia sigue su curso en la corte de Columbia que lo condenó bajo la figura de una moción para corregir una sentencia. La corrección que pide su defensa es, en concreto, que los jueces ordenen nuevas pruebas y que, tras estudiarlas, lo declaren inocente del delito de conspiración para ingresar drogas a los Estados Unidos. Esto, pues el supuesto conflicto de intereses del abogado Pérez violó derechos de Jorge 40, ya que debió pedir que se anulara el proceso ante la supuesta falta de jurisdicción de los norteamericanos sobre extorsiones de paramilitares en Colombia.

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Para este proceso, la defensa de Tovar Pupo pidió que el abogado Pérez sea llamado a testificar y adjuntó un cuestionario de dos páginas con las preguntas precisas que deberían hacerle. Asimismo, Jorge 40 pidió que sean llamados a testificar sus excompañeros en armas, Salvatore Mancuso, Diego Vecino, El Alemán, y Hernán Giraldo; el exfiscal general colombiano Mario Iguarán; el periodista de Insight Crime Steve Dudley; el exvicepresidente y general en retiro Óscar Naranjo; así como varios oficiales norteamericanos de la CIA y otras agencias que tuvieron que, según Jorge 40, se reunieron con él en los noventa.

Mientras se especula de un posible regreso de Jorge 40 a Colombia el próximo 6 de septiembre, él sigue dando la pelea por que la justicia estadounidense no lo califique de narcotráficante. En una declaración juramentada ante la corte que estudia su solicitud, Tovar Pupo escribió:

“Me llevaron a los Estados Unidos por un decreto del presidente colombiano Uribe que permitió mi extradición. Yo era totalmente ignorante del Sistema Legal de los Estados Unidos y no entendía o hablaba inglés para poder entender lo que estaba pasando.

El Sr. Joaquín Pérez, un abogado cubano-estadounidense de Miami fue retenido por mi padre porque la familia de Hughes Rodríguez en Colombia se había puesto en contacto con mi padre por teléfono. Hughes Rodríguez era el cliente del Sr. Pérez.

“Desde que mi caso fue en Washington D.C., Pérez retuvo a la señora Shaner para que me representara en mi caso. Desde el principio protesté vehementemente mi inocencia od narcotráfico. Le dije al Sr. Pérez, a la Sra. Shaner, a la Fiscalía y a todas las personas involucradas en mi caso que no era culpable de tráfico de drogas y que nunca estaba tratando con drogas mientras era miembro del grupo de defensa en Colombia o en cualquier otro momento. Pérez lo sabía, los fiscales lo sabían, e incluso le informé al juez en mi caso de esto.

“Firmé la súplica bajo el personal de prensa y la coerción. Pérez estaba en un grave conflicto de intereses con mi defensa. Usó los nombres de Hughes Rodríguez, Salvatore Mancuso y otros, diciéndome que se perjudiquen en testimonio contra mí en juicio. Estaba cansada, confundida y coaccionada cuando firmé la declaración.

“Inmediatamente después de firmar la declaración, quería recuperarla. Nunca fui feliz con que lo des hecho de él y realmente quería ir a juicio para demostrar mi inocencia de los cargos de tráfico de drogas.

“Ya he estado en prisión durante 11 años, y sigo luchando contra esto y quiero retirar mi alegato porque es falso. Nunca aceptaría declararme culpable de narcotráfico porque nunca estuve involucrado en el narcotráfico”.