Los lavadores de yenes

Una mano lastimada en el trapiche en el que estaba oculta puso a Yahra Acuña Ayala de nuevo en el radar de las autoridades. Un mes atrás, un grupo especial del CTI que trabaja para la Unidad de Lavado de Activos había recibido la misión de hallarla; de ella no había rastro. Pero su mano se enredó en la máquina, se tuvo que afiliar a una EPS para recibir tratamiento, sus huellas quedaron registradas en el Ministerio de Protección Social, y así fue como la Fiscalía capturó el pasado jueves 7 de marzo a esta mujer de 40 años, un recordatorio de que el episodio de los colombianos que lavaron dinero para las mafias japonesas no se ha cerrado del todo.

Acuña llevaba poco más de siete años prófuga, escondida en la finca de su padre, quien falleció hace casi cuatro semanas. Fue condenada en 2009 a ocho años de prisión por hacer parte de una red de colombianos que prestaban sus cuentas bancarias para que otros colombianos, relacionados con las mafias japonesas, blanquearan yenes que provenían de hurtos, trata de personas, robo de joyas y narcotráfico. Ella recibía en cuentas en Pereira y Armenia el dinero que su novio de entonces —y padre del bebé que esperaba— consignaba desde Japón. Acuña alegó que no sabía nada del origen de los recursos.

El novio de Yahra, al igual que otros implicados en el caso, como el esposo de Marleny Fandiño, Guillermo Nieto, alegaron que su fuente de ingreso era la prostitución. La justicia, sin embargo, concluyó en el caso de Fandiño que “si su esposo trabajaba en un bar debió, como profesional y periodista, suponer que un mesero, estríper, bailarín y trabajador sexual no podía devengar solo en un mes $69 millones, tiempo que perduró en Japón”. Este proceso, que comenzó en 2003, se hizo bastante conocido en su momento porque Fandiño era la directora del programa de farándula Sweet.

Yahra Acuña se encuentra ahora en la cárcel de mujeres de Bogotá El Buen Pastor. A la finca de su padre, ubicada en la vereda La Ceja de Güepsa (Santander), llegaron el jueves pasado tres agentes del CTI. No tenían orden de allanamiento, así que iban rogando por que Yahra estuviera en la parte externa de la finca. Si ella hubiera estado adentro, habrían tenido que esperar hasta el domingo para capturarla, día en que salía a la plaza de mercado. Querían, sin embargo, evitar ese escenario: “La Policía de Güepsa nos había advertido que allá la gente responde con machete”, le contó uno de los agentes a este diario.

La Unidad de Lavado de Activos trabaja por capturar a la última persona en fuga vinculada con este caso —cuyo nombre se reserva este diario—, para cerrar así este episodio de los colombianos relacionados con las mafias japonesas.

Los procesos judiciales de Yahra Acuña y 14 personas más en el marco de la operación ‘Sol de Oriente’ tuvieron como punto de partida la llamada de un ciudadano de Armenia (Quindío) a la Policía, el 22 de julio de 2003, para denunciar que una mujer estaba siendo atracada en un cajero. La Policía llegó al lugar para encontrar que a la mujer, María Eugenia Gutiérrez, la custodiaban mientras hacía lo usual: retirar de alguna de las nueve cuentas a las que tenía acceso dinero enviado desde Japón. La registraron y le encontraron una libreta y una tarjeta internacional del país nipón.

Detrás de la sospecha que esto generó vinieron las interceptaciones, las indagaciones, las capturas y las condenas. Gutiérrez trabajaba con Sandra Toro, esposa del ciudadano japonés Masayoshi Kojima. Toro admitió su participación en la red de lavado de activos en la que estaba involucrado también su hermano, Sandro Toro, condenado en Japón por tentativa de homicidio y porte de armas. Carlos Alberto Quinche le giraba a su madre, María Cecilia Castro, millonarias sumas que quiso respaldar con su trabajo de estríper en la discoteca japonesa Latin Lover.

Eresbei Ruiz Moreno aseguró que sus dos hermanos comercializaban mercancía en Japón y desde allí le hacían giros para pagar deudas en Colombia, pero, de nuevo, las cuentas no daban. En el caso de Yahra Acuña, las autoridades hallaron 14 tarjetas débito y crédito, 5 talonarios, 10 cheques y 5 pasaportes de diferentes personas, incluido el suyo. Ella sostuvo que el dinero era de su trabajo como comerciante, pero en su cuenta había movimientos de más de $200 millones que no pudo sustentar. Eric Martínez, exempleado de Servibanca, fue condenado por indicarle a la red cómo retirar plata y evadir controles para no alertar a las autoridades.

Marleny Fandiño (exdirectora de Sweet) señaló que su único pecado había sido prestarle su cuenta a Guillermo Nieto, su esposo “en papel”, con quien nunca había vivido. Estuvo tres años en la cárcel, obtuvo libertad condicional en 2009 y en noviembre del año pasado la organización Gacetas de Colombia, en uno de los salones del Capitolio Nacional, la destacó como una de “Los mejores de nuestro país”, junto con Luis Carlos Villegas y Rodolfo Llinás, entre otros. El reconocimiento vino un mes y medio después de que la Corte Suprema rechazara el recurso de casación presentado por ella y otra de las implicadas en el proceso, Yohana Munca. Fandiño siempre reiteró su inocencia, pero la justicia esgrimió lo contrario.

Una mano lastimada en el trapiche en el que estaba oculta puso a Yahra Acuña Ayala de nuevo en el radar de las autoridades. Un mes atrás, un grupo especial del CTI que trabaja para la Unidad de Lavado de Activos había recibido la misión de hallarla; de ella no había rastro. Pero su mano se enredó en la máquina, se tuvo que afiliar a una EPS para recibir tratamiento, sus huellas quedaron registradas en el Ministerio de Protección Social, y así fue como la Fiscalía capturó el pasado jueves 7 de marzo a esta mujer de 40 años, un recordatorio de que el episodio de los colombianos que lavaron dinero para las mafias japonesas no se ha cerrado del todo.

Acuña llevaba poco más de siete años prófuga, escondida en la finca de su padre, quien falleció hace casi cuatro semanas. Fue condenada en 2009 a ocho años de prisión por hacer parte de una red de colombianos que prestaban sus cuentas bancarias para que otros colombianos, relacionados con las mafias japonesas, blanquearan yenes que provenían de hurtos, trata de personas, robo de joyas y narcotráfico. Ella recibía en cuentas en Pereira y Armenia el dinero que su novio de entonces —y padre del bebé que esperaba— consignaba desde Japón. Acuña alegó que no sabía nada del origen de los recursos.

El novio de Yahra, al igual que otros implicados en el caso, como el esposo de Marleny Fandiño, Guillermo Nieto, alegaron que su fuente de ingreso era la prostitución. La justicia, sin embargo, concluyó en el caso de Fandiño que “si su esposo trabajaba en un bar debió, como profesional y periodista, suponer que un mesero, estríper, bailarín y trabajador sexual no podía devengar solo en un mes $69 millones, tiempo que perduró en Japón”. Este proceso, que comenzó en 2003, se hizo bastante conocido en su momento porque Fandiño era la directora del programa de farándula Sweet.

Yahra Acuña se encuentra ahora en la cárcel de mujeres de Bogotá El Buen Pastor. A la finca de su padre, ubicada en la vereda La Ceja de Güepsa (Santander), llegaron el jueves pasado tres agentes del CTI. No tenían orden de allanamiento, así que iban rogando por que Yahra estuviera en la parte externa de la finca. Si ella hubiera estado adentro, habrían tenido que esperar hasta el domingo para capturarla, día en que salía a la plaza de mercado. Querían, sin embargo, evitar ese escenario: “La Policía de Güepsa nos había advertido que allá la gente responde con machete”, le contó uno de los agentes a este diario.

La Unidad de Lavado de Activos trabaja por capturar a la última persona en fuga vinculada con este caso —cuyo nombre se reserva este diario—, para cerrar así este episodio de los colombianos relacionados con las mafias japonesas.

Los procesos judiciales de Yahra Acuña y 14 personas más en el marco de la operación ‘Sol de Oriente’ tuvieron como punto de partida la llamada de un ciudadano de Armenia (Quindío) a la Policía, el 22 de julio de 2003, para denunciar que una mujer estaba siendo atracada en un cajero. La Policía llegó al lugar para encontrar que a la mujer, María Eugenia Gutiérrez, la custodiaban mientras hacía lo usual: retirar de alguna de las nueve cuentas a las que tenía acceso dinero enviado desde Japón. La registraron y le encontraron una libreta y una tarjeta internacional del país nipón.

Detrás de la sospecha que esto generó vinieron las interceptaciones, las indagaciones, las capturas y las condenas. Gutiérrez trabajaba con Sandra Toro, esposa del ciudadano japonés Masayoshi Kojima. Toro admitió su participación en la red de lavado de activos en la que estaba involucrado también su hermano, Sandro Toro, condenado en Japón por tentativa de homicidio y porte de armas. Carlos Alberto Quinche le giraba a su madre, María Cecilia Castro, millonarias sumas que quiso respaldar con su trabajo de estríper en la discoteca japonesa Latin Lover.

Eresbei Ruiz Moreno aseguró que sus dos hermanos comercializaban mercancía en Japón y desde allí le hacían giros para pagar deudas en Colombia, pero, de nuevo, las cuentas no daban. En el caso de Yahra Acuña, las autoridades hallaron 14 tarjetas débito y crédito, 5 talonarios, 10 cheques y 5 pasaportes de diferentes personas, incluido el suyo. Ella sostuvo que el dinero era de su trabajo como comerciante, pero en su cuenta había movimientos de más de $200 millones que no pudo sustentar. Eric Martínez, exempleado de Servibanca, fue condenado por indicarle a la red cómo retirar plata y evadir controles para no alertar a las autoridades.

Marleny Fandiño (exdirectora de Sweet) señaló que su único pecado había sido prestarle su cuenta a Guillermo Nieto, su esposo “en papel”, con quien nunca había vivido. Estuvo tres años en la cárcel, obtuvo libertad condicional en 2009 y en noviembre del año pasado la organización Gacetas de Colombia, en uno de los salones del Capitolio Nacional, la destacó como una de “Los mejores de nuestro país”, junto con Luis Carlos Villegas y Rodolfo Llinás, entre otros. El reconocimiento vino un mes y medio después de que la Corte Suprema rechazara el recurso de casación presentado por ella y otra de las implicadas en el proceso, Yohana Munca. Fandiño siempre reiteró su inocencia, pero la justicia esgrimió lo contrario.