Este año fue histórico para las víctimas tras la aprobación de la ley que las define, las protege y busca, sobre todo, que se les devuelvan las tierras que les rapó la violencia. El año próximo, sin embargo, será una verdadera prueba de fuego. Desde la aprobación de la Ley de Justicia y Paz, las reparaciones se han convertido en un símbolo de desagravio. Las restituciones irían por el mismo camino. Lo que no se discutió en detalle fue cómo sobrevivirá el Fondo de Reparación de Víctimas cuando la mayoría de los predios que entregan los paramilitares fueron arrebatados y, por ende, deben utilizarse para restituir a sus dueños originales.
Desde hace unos años se viene advirtiendo en el Fondo un serio problema de recursos. Las restituciones deben comenzar a hacerse efectivas en corto tiempo y en ese sentido, según le confirmaron a este diario fuentes del Fondo, éste se está desfinanciando. Casi un 33% de los bienes que ellos manejaban se han remitido a procesos de devolución de tierras y los números siguen subiendo. El lío radica en que, dado que el Estado ha sido históricamente deficiente para identificar predios robados, la reparación y la restitución dependen de lo que se reintegra en Justicia y Paz. Así las cosas, los recursos para desagraviar a las víctimas provendrían de un mismo origen. Y, posiblemente, no serían suficientes.
No es claro aún cómo se lidiará con este asunto, pues la Unidad de Reparación de Víctimas, que se hará cargo de reparaciones y de restituciones, no ha comenzado a funcionar. No obstante, a la riña que podrían presentar ambas áreas se ha sumado otro elemento: la incapacidad de cumplir con las sentencias. Hace 18 meses la Unidad de Justicia y Paz celebró que, finalmente, dos jefes ‘paras’ recibieran condena —hasta la fecha, la única en firme—: Diego Vecino y Juancho Dique, comandantes del bloque Héroes de los Montes de María. Pero lo que el Fondo podrá hacer para reparar a sus víctimas, con base en los inmuebles entregados, será poco.
Lo que la justicia encontró es que las actuaciones de esos hombres dejaron 1.443 víctimas de delitos como homicidio, desplazamiento y secuestro. Para cada crimen se tasó un promedio de indemnización, y la cifra total de dinero que debe ser entregado por el Fondo a estas víctimas es de $31.876 millones. Pero, a pesar de ser un requisito obligatorio para beneficiarse de Justicia y Paz, Juancho Dique no entregó nada para reparación, y los bienes de Diego Vecino han sido valorizados en $578 millones. Faltan más de $31 mil millones para que la sentencia se haga realidad.
A las víctimas de Salvatore Mancuso, al parecer, les espera un panorama más oscuro. Los bienes entregados por éste se han cotizado en $7.178 millones, pero unas 72 mil personas se han acreditado como víctimas del exjefe paramilitar. Si se tiene en cuenta cómo se tasaron los promedios en la condena de Dique y Vecino, en donde se estimó que una víctima de desplazamiento debe ser indemnizada por unos $20 millones, mientras que una de homicidio debe recibir unos $47 millones, la cifra total podría alcanzar los $2 billones. En el Fondo de Víctimas esta potencial sentencia genera pavor: no saben con qué responder.
En medio de tantas aristas que le han aparecido a la reparación, la Subunidad de Bienes dentro de la Unidad de Justicia y Paz, creada en mayo pasado, ha adquirido gran relevancia. Es tarea suya identificar qué bienes se pueden destinar para reparación o restitución. No obstante, fuentes de esa área indicaron que, por una parte, la entrega de bienes sí ha sido insuficiente. Y, por otra, que la identificación del origen y la situación actual de los propiedades han sido extremamente dificultosas. Muchos de los inmuebles se hallan en zonas rurales, donde el orden público es complejo o, peor aún, a nombre de testaferros.
La Unidad de Justicia y Paz tiene el desafío no sólo de recuperar la verdad y los dineros para indemnizar a las miles de víctimas. También tiene que ponerle coto a desmovilizados que aparentemente se colaron en el proceso, tal como lo documentó un juez de Bogotá al concluir que la dejación de armas del grupo del guerrillero y gestor de paz Olivo Saldaña, supuestos integrantes de las Farc, resultaron siendo falsos desmovilizados, y por esa razón la Consejería para la Reintegración les quitó sus privilegios.
Los tribunales y el Fondo para la Reparación buscan no sólo que los bienes devueltos por los ‘paras’ no se devalúen sino que además sean bien vendidos. Un magistrado de Justicia y Paz, por ejemplo, concluyó que la venta de un predio entregado por José Baldomero Linares, alias Guillermo Torres, iba a ser negociado por la quinta parte de su valor. Una cifra tan escandalosa que obligó al magistrado a pedirle a la Fiscalía un tercer estudio sobre el predio y a impedir cualquier transacción posible. Los primeros dos análisis los elaboraron Corpoica y la fundación Mariano Ospina Pérez, a petición del Gobierno.
Por Diana Carolina Durán Núñez
