El próximo 1° de enero, Luis Gilberto Murillo Urrutia se posesionará como nuevo gobernador del Chocó. Sus opositores políticos, sin embargo, insisten en reclamar que Murillo no estaba habilitado para lanzarse como candidato a la Gobernación y aún esperan que alguna autoridad les dé la razón. Este caso navega entre varios pronunciamientos de jueces y de entidades electorales, apoyados en minucias legales, y empieza en 1997, cuando el Tribunal Superior de Quibdó condenó a Murillo a seis meses de prisión.
El dirigente político fue sentenciado también a pagar una indemnización de $5 millones a la Corporación Nacional para el Desarrollo del Chocó (Codechocó), entidad que dirigía y cuyos recursos utilizó para hacer reparaciones en una escuela de Andagoya. Lo acusaron de destinar recursos para obras no autorizadas previamente. Murillo defendió su decisión por el impacto ambiental que tuvo en la zona y fue absuelto en primera instancia por una jueza penal de Quibdó. Pero el Tribunal Superior de Quibdó no encontró los beneficios ambientales que Murillo alegaba y lo condenó por el delito de peculado por aplicación oficial diferente.
Murillo Urrutia volvió a apelar la decisión en 2007, esta vez ante el Juzgado de Ejecución de Penas de Quibdó. Expuso que bajo el nuevo Código Penal su delito ya no existía, pero el Juzgado concluyó que el delito sólo había sido reemplazado. “Yo seguiré peleando en el tema penal, porque para mí esto es cuestión de dignidad”, le dijo Murillo a este diario. Asimismo, la ley de presupuesto estipula que nadie que “haya sido condenado en cualquier época por sentencia judicial a pena privativa de la libertad” puede ser gobernador y, al menos hasta el 2 de noviembre pasado, esa anotación figuraba en la Procuraduría como causal de inhabilidad para Murillo.
Quien se meta a la página del Ministerio Público hoy, no obstante, no encontrará esta información. En agosto de este año, dos ciudadanos demandaron ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) la candidatura de Murillo a la Gobernación del Chocó por cuenta de la condena que había recibido en 1997. Pero el CNE, en concepto emitido el 20 de septiembre y ratificado el 8 de noviembre, manifestó que Murillo estaba habilitado para las elecciones regionales de octubre.
Reinaldo Chavarro Buriticá, exconsejero de Estado y abogado de Murillo, argumentó que el Consejo de Estado ya tenía un precedente en este tema: el caso de Miguel Ángel Bermúdez, gobernador de Boyacá habilitado por ese alto tribunal a pesar de haber sido condenado en primera y segunda instancias por el delito de peculado por aplicación oficial diferente, el mismo por el que fue acusado Murillo. El CNE encontró este fundamento irrefutable y permitió que Murillo siguiera adelante con su campaña, hasta ser elegido el pasado 30 de octubre por 50.206 votos.
“Mis oponentes usaron esto en mi campaña, pero con todo y eso el pueblo me respaldó”, dice Murillo. Quienes se oponen a esta elección radicaron una acción popular en el Tribunal de Cundinamarca, con la esperanza de cambiar el rumbo político que tomó Chocó.