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El próximo domingo, 30 de abril, finalizan todos los contratos de vehículos convencionales y blindados que tiene la Unidad Nacional de Protección (UNP) para el transporte de protegidos y de sus esquemas de seguridad. Aunque ya están firmados los nuevos contratos, ya empezaron a llegar denuncias no menores: los contratistas entrantes todavía no entran en funcionamiento y algunos de los protegidos señalan que las empresas ya han recogido los vehículos salientes y que están quedando sin garantías de seguridad para movilizarse. Las empresas de carros convencionales (los no blindados) explican que lo hacen porque la entidad les $49 mil millones, que equivale a cinco meses de funcionamiento.
Uno de los casos que más preocupa es el de los excombatientes de las FARC que hacen su proceso de reincorporación en los departamentos de Meta y Guaviare. Marleny*, una firmante de Paz del ETCR Mariana Páez en el municipio de Mesetas (Meta), señala que tiene que movilizarse en transporte público o en moto con sus dos escoltas por todo el departamento desde el pasado 21 de abril, pese a que fue categorizada como una persona con riesgo extraordinadio. Ese día, la empresa Salmotors S.A.S. decidió recoger el carro que tenía asignado su esquema cuando llegó a un taller de mantenimiento preventivo.
Aunque en el estudio de seguridad la UNP la categorizó como una persona con riesgo extraordinario, apenas alcanzó a utilizar el vehículo que le asignaron durante poco más de un mes. “A través de un trámite de emergencia me asignaron el vehículo convencional el 17 de marzo. Era la primera vez que tenía acceso al beneficio y me dijeron que tenía que llevar el carro a mantenimiento preventivo a fin de mes en Villavicencio. Cuando llegamos, nos dijeron que el vehículo tenía orden de ser recogido y que quedaba inmediatamente suspendido. Luego llegó una grúa y se llevaron la camioneta. Nos tuvimos que devolver en bus con los dos escoltas”, contó.
Un funcionario de la empresa Salmotors S.A.S., explicó que el contrato que tenían con la entidad finalizó el 16 de abril y que, desde hace una semana, enviaron a la UNP un derecho de petición pidiendo que salden la deuda que tienen pendiente con ellos y con la empresa Calmori S.A.S., ambas encargadas de vehículos convencionales de 350 protegidos en todo el país. Según el, en ese mismo documento le anunciaron a la entidad que comenzarían a recoger los vehículos de manera gradual, así no esté en funcionamiento el nuevo contrato con otras empresas, pero aún no han obtenido respuesta formal.
Este diario conoció que la secretaría general de la UNP se comprometió a abonar el 50 % de la deuda que tienen con los contratistas salientes este viernes 28 de abril, que sería de $49 mil millones, para los que tienen carros convencionales, y de $117 mil millones, con los operadores de vehículos blindados.
En los contratos se establece que entre una empresa y otra debe haber un período de transición de entre 30 y 45 días. Es decir que los contratistas a quienes se les terminó su contrato no pueden retirar los vehículos antes de ese tiempo, para que pueda darse un empalme con los nuevos carros para no interrumpir el servicio. Sin embargo, la realidad es otra. Gabriel Esteban López, abogado de firmantes de paz, explicó que esos problemas administrativos están poniendo en riesgo a los protegidos. “Hemos radicado 20 tutelas por casos en los que no se está garantizando la seguridad de los excombatientes. Uno de los temas que más nos preocupa es el esquema colectivo del ETCR de Mesetas”.
En ese espacio territorial, donde viven cerca de 200 familias de exFARC, se conoció un ultimátum de las disidencias del Estado Mayor Central, en la primera semana de marzo. En esa amenaza, se les presionaban a desplazarse en un plazo de 30 días. El 8 de abril llegó hasta esa zona el presidente Gustavo Petro, acompañado de altos funcionarios del gobierno, como el comisionado de Paz, Danilo Rueda; la directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, Gloria Cuartas; la directora de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), Alejandra Miller; el director de derechos humanos del Ministerio del Interior, Franklin Castañeda; y el director de la Agencia de Renovación del Territorio (ART), Raúl Delgado.
Aunque intentaron convencerlos de no desplazarse del ETCR y les propusieron comprar el predio que ocupa ese espacio territorial, los exguerrilleros insistieron en salir de allí por las amenazas de las disidencias. Su situación de seguridad es crítica. Andrés*, otro firmante de paz, señala que también ha recibido advertencias de que las camionetas blindadas que pertenecen al esquema colectivo -y otros casos individuales- también están en riesgo de ser recogidas antes de que les entreguen las nuevas. “Eso nos dejaría en un escenario de desprotección absoluto ante el grupo que nos ha venido amenazando”, agregó.
En esa zona del Meta no hay presión únicamente de las disidencias del Estado Mayor Central, sino también de un grupo denominado Autodefensas Unidas Colombianas, que el pasado 5 de abril, entregaron panfletos en zona rural del municipio de La Julia donde amenazan a líderes sociales, presidentes de juntas de acción comunal, alcaldes y “personas mensajeras de la guerrilla”. Aún con ese panorama, los vehículos ya están siendo retirados y, como dijo el abogado López, “la seguridad de los excombatientes se quedó sin doliente”.
Marleny, la excombatiente a quien le retiraron el esquema el pasado 21 de abril, explicó que este problema de los contratos la deja en triple riesgo. “Ahora no sólo tengo que pensar en mi seguridad individual sino en la de los dos escoltas, que sin vehículo, se tienen que montar conmigo en buses, chivas o mototaxis estando armados. Nadie nos quita la mirada de encima en el transporte público”.
Aunque este diario consultó a la Unidad Nacional de Protección para conocer su versión sobre las deudas que reclaman los contratistas y la vulnerabilidad de las personas a quienes le han retirado los vehículos, hasta la publicación de este artículo no se obtuvo respuesta.
El cuestionado empresario que volvió a ganar la licitación
La empresa Salmotors S.A.S., que llevaba seis años contratando con la UNP en los procesos de vehículos convencionales y quienes tenían los contratos para proteger a los exFARC en todo el país, se quedó por fuera de la licitación este año. El 12 de abril de 2023, la entidad emitió la resolución en la que se asignan $67.469 millones para la contratación de vehículos convencionales por seis meses.
Uno de los contratistas que fue elegido nuevamente es Alan Perlman Katz, representante legal de Neorenting S.A.S., una empresa de alquiler de vehículos convencionales y de Neosecurity LTDA, una empresa de blindaje de automóviles. Lo curiosa de la reaparición de este empresario es que Perlman fue denunciado por la misma UNP el 4 de noviembre del 2022. El propio director de la entidad, Augusto Rodríguez, emitió un comunicado explicando que ese contratista ponía en riesgo la vida de 25 protegidos, después de apagar e inmovilizar vehículos -algunos estando en movimiento- cuando su contrato todavía estaba vigente.
“Llamamos la atención al señor Alan Perlman Katz a no incurrir en esta práctica que pone en riesgo la vida de las personas y conlleva a inducir pánico y terror, y esto hace que algunos sindicatos y organizaciones de derechos humanos terminan instrumentalizados por quienes hacen del riesgo un negocio”, decía el comunicado de prensa de la UNP sobre el caso.
Este diario ya había denunciado el caso de Gabriel Ángel Quintero, un exguerrillero del EPL y líder de restitución de tierras en Norte de Santander, que fue víctima de un atentado, cuando su vehículo de protección habría quedado varado por fallas mecánicas. El carro en el que se transportaba pertenecía a la empresa Neostar Seguridad de Colombia (o Neosecurity), la empresa de Perlman.
Pasaron 35 días y un atentado para que la UNP le asignara un nuevo vehículo para su seguridad. Además de esos hechos, el director Augusto Rodríguez denunció, en diciembre del año pasado, que el empresario no respondió a las múltiples solicitudes que le hicieron llegar por la situación de riesgo en la que estaba Gabriel Ángel Quintero. En este caso, la entidad tampoco sancionó a la empresa por incumplir el contrato.
Lea: Irregularidades y corrupción en UNP: los casos en los que no se protegió a líderes
Ahora, y a la luz de todas esas presuntas irregularidades, Perlman Katz quedó encargado de la seguridad de las personas con vehículos convencionales en los departamentos de Arauca, Casanare, Guaviare, Meta, Vichada, Guainía, Vaupés, Caquetá, Huila, Valle del Cauca y Cauca. Ambos contratos suman $23.176 millones. Aunque la contratación de los vehículos blindados en el país todavía no se resuelve, la empresa Neosecurity LTDA, también de Perlman, presentó una propuesta.
Estas no son las únicas denuncias contra el empresario. En 2019 fue mencionado en un supuesto cartel de falsos blindajes en los vehículos de su empresa Neosecurity LTDA. El primer caso fue denunciado por un primo del expresidente Álvaro Uribe Vélez y el entonces consejero presidencial para la Seguridad Nacional, Rafael Guarín, quienes advirtieron que sus vehículos no contaban con el blindaje exigido por a UNP.
El Espectador confirmó que, a pesar de las denuncias y supuestas irregularidades, el empresario no tiene ninguna inhabilidad o restricción actual para seguir contratando con el Estado. Mientras se terminan de resolver los empalmes con los nuevos contratistas, los exFARC siguen exigiendo un mínimo de vigilancia por parte del Estado para que, ante una situación tan grave de seguridad como la de los excombatientes que están en Mesetas, esta no sea todavía más crítica por un tema administrativo y contractual.
*Nombres cambiados por seguridad de las fuentes.
