Los magistrados 'rebeldes' de la Corte Suprema

Casi todos, el Gobierno, el Senado y gran parte de la Rama Judicial esperaban la renuncia del magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, por los supuestos ofrecimientos hechos al representante legal de Fidupetrol, Víctor Pacheco, para al parecer fallar una tutela a su favor; sin embargo, al final quienes renunciaron fueron dos reconocidos miembros de la Corte Suprema de Justicia: los magistrados María del Rosario González y Jesús Vall de Ruten Ruiz.

Los magistrados adujeron motivos “personales” para su partida; sin embargo, fuentes consultadas por El Espectador señalaron que uno de los detonantes de su retiro fue el ambiente que se vive en el Palacio de Justicia gracias a la controversia suscitada al interior de la Corte Constitucional por el caso Fidupetrol.

Sin mencionar el caso, el alto tribunal sostuvo que “comparte la profunda preocupación de todos los servidores de la Rama Judicial frente al generalizado clima de desconfianza que se observa en Colombia hacia la justicia” e hizo un llamado urgente a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes y a la Fiscalía para que “ejerzan sus funciones con la celeridad, rigor, eficacia que demanda este caso, dado el impacto negativo que está ocasionando a la credibilidad del sistema judicial en su conjunto”. Se espera que la Corte Suprema decide si avala o no las renuncias al regresar de Semana Santa.

Durante su tiempo en la Corte, Vall de Ruten, de la Sala Civil, y González, de la Sala Penal, actuaron casi que en llave. De hecho, junto con el exmagistrado Mauricio Solarte, rechazaron en su momento el proceso mediante el cual ese alto tribunal eligió a Alejandro Ordóñez como su candidato a procurador general, con los resultados ya sabidos.

La anunciada ‘rendición’

Mientras tanto, en la Corte Constitucional, se realizó la anunciada rendición de cuentas con la que el alto tribunal espera atajar la crisis suscitada por el supuesto tráfico de influencias protagonizado por el magistrado Pretelt. En la audiencia, a la que no tuvieron acceso ni la ciudadanía ni los medios de comunicación, la presidenta encargada del alto tribunal, la magistrada María Victoria Calle Correa, hizo un pormenorizado informe sobre la labor realizada por el alto tribunal entre 2009, año en el que el magistrado Pretelt fue elegido para la Corte Constitucional, y el 2015.

Luego los magistrados Jorge Iván Palacio, Luis Ernesto Vargas, Luis Guillermo Guerrero, y Mauricio González Cuervo (quien denunció el supuesto tráfico de influencias ante la Comisión), explicaron cada uno los avances de la Corte en cuanto a cinco temas puntuales: hacinamiento carcelario, desplazamiento, pensiones, salud y la reforma interna que viene adelantando al alto tribunal para hacerle frente a la mayor crisis de la Corte en su historia. Hoy se vence el plazo para enviar –al correo informedegestion@corteconstitucional.gov.co– las preguntas que los magistrados han de responder antes del 17 de abril.
Por su parte, ayer se dio a conocer que la Dirección Ejecutiva de la Rama Judicial, mediante un apoderado, le solicitó a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes que reconozca como parte civil, como víctima, a la Rama Judicial y, sobre todo, a la Corte Constitucional dentro del proceso que se adelanta contra el magistrado Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Se esperaba que el hasta hace poco presidente de la Corte Constitucional rindiera indagatoria ayer; no obstante, la misma fue aplazada para el 30 de marzo por solicitud del mismo Pretelt debido a que su abogado, Abelardo de la Espriella, no se encuentra en Colombia.

El representante a la Cámara, Julián Bedoya, quien dirige el proceso contra Pretelt dijo que “si llegada la fecha y la hora para la realización de la indagatoria ésta no se llevase a cabo porque el doctor Pretelt no hiciese presencia en esta Comisión, (...) se procederá al emplazamiento, se declara como persona ausente al magistrado Pretelt y se le designa un defensor de oficio para así poder continuar con la diligencia”. El gobierno y la misma Rama Judicial ya han anunciado varias medidas para hacerle frente a este impasse.

El gobierno ha hecho cinco propuestas que hacen parte de la ponencia de la Ley de Equilibrio de Poderes: “asegurarnos de que la política no participe en la selección de magistrados y jueces”; reemplazar a la Comisión de Acusación por un Tribunal de Aforados “con más facultades, con más dientes para hacer su tarea”; eliminar el Consejo Superior de la Judicatura y sustituirlo “por un nuevo modelo de administración en el que se conserva la presencia de las altas Cortes en un órgano colegiado que fijará las políticas de la Rama”; acabar con la llamada ‘puerta giratoria’ en que los magistrados saltan de una corte a otra, y aumentar a 20 años el requisito de experiencia profesional para ser elegido magistrado.

Estas medidas, pese a que han sido bien recibidas por algunos sectores, han sido criticadas por otros. Por ejemplo, el procurador Alejandro Ordóñez dijo ayer que está de acuerdo en que se debe romper, de una vez por todas, el cordón umbilical entre la política y la justicia, pero que cree que el presidente no debe tener facultades para hacer ternas, por ejemplo, para fiscal y magistrados de la Corte Constitucional.

“Esa facultad debe suprimirse para realmente romper el cordón umbilical. El presidente también es un político, es el jefe de los políticos (…) Hay decisiones de órganos judiciales que tienen ese ‘saborcillo’ a judicialización de la política. Para blindarnos y para fortalecer nuestra institucionalidad, es indispensable que el presidente no tenga la facultad para hacer la terna del fiscal general de la Nación”.

Sostuvo igualmente que mantener las funciones judiciales del Congreso “es un cambio meramente cosmético que prorroga la impunidad” y que es “necesario defender la independencia y autonomía de la Corte Constitucional. Es necesario defenderla e impedir que se convierta en una cortesana”. Luego dijo vehemente que “no es cierto que exista auténtica separación de poderes”.

“¿Acaso no oyó el país la semana anterior dramáticas denuncias sobre el ‘lobby’ que se hizo para la aprobación del Marco Jurídico para la Paz por parte del gobierno y de la Fiscalía? (…) Es frecuente oír también de ‘lobby’ sobre determinadas leyes que le interesarían al gobierno Nacional, por ejemplo: las decisiones que tenían que ver con las pensiones de jubilación”, dijo el procurador desde Cartagena.