Los males que hicieron crecer el COVID-19 en la cárcel de Ternera

La cárcel de Ternera es la más grande de Bolívar

“Esta pandemia avanza muy rápido y las respuestas han sido muy lentas”, así resume el personero de Cartagena para asuntos penales, Marino Castellanos, la situación que se vive en la cárcel de Ternera, la más grande de Bolívar, con 2.326 personas privadas de la libertad, en donde ya hay, por lo menos, 566 internos con COVID-19. Las autoridades locales se reúnen semanalmente para encontrar soluciones, pero coinciden en que la implementación real depende del Inpec; de su unidad de contratación, Uspec, y de la fiduciaria que maneja el dinero de la salud de los reclusos, Fiduprevisora. A las tres, concluyen varias fuentes, les ha faltado celeridad en atender este penal.

La cárcel de Ternera, que funciona desde 1955 en un barrio cartagenero que lleva el mismo nombre, se ha convertido en el tercer centro de reclusión con más contagios del nuevo coronavirus en el país. Y, mientras en la cárcel de Villavicencio, que ocupa el primer lugar (con 886 casos), aseguran estar pasando la página, en la capital de Bolívar el drama apenas comienza, pues desde que se confirmó el primer caso, el 15 de mayo pasado, la curva de contagios va para arriba. En el penal, además, hay un hacinamiento del 63 porciento y 155 reclusos tienen patologías preexistentes, como VIH, diabetes o hipertensión, que los hacen más vulnerables si llegaran a contraer el COVID-19.

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La directora (e) del Departamento Administrativo de Salud de la ciudad (Dadis), Johana Bueno, le explicó a El Espectador que el Distrito de Cartagena solo les puede dar asistencia técnica a las entidades encargadas de las cárceles, pues hasta ahí llega su competencia. En la práctica eso traduce que la entidad que ella encabeza envía circulares, cartas y organiza reuniones para definir la ruta a seguir en la cárcel, pero el Inpec, la Uspec y la Fiduprevisora se demoran mucho en atender sus órdenes. “Al principio fue muy difícil, pero en las últimas semanas han acatado cada vez más nuestras recomendaciones”, agregó la funcionaria.

Dice que el reciente cambio de actitud en las autoridades penitenciarias obedece a que “se dieron cuenta de que no estaban haciendo las cosas de acuerdo con el deber ser”. De hecho, el pasado 8 de junio, Bueno les envió una circular a estas tres entidades evidenciando la gravedad del asunto: “Los altos índices de hacinamiento y el no cumplimiento de los lineamientos y directrices impartidas por el Dadis, aunado a que no cuentan con la estructura física ni con la dotación necesaria para prestar los servicios de salud en óptimas condiciones, ni garantizar el aislamiento obligatorio de los positivos de COVID-19, propician contagios masivos tanto en las celdas como en las instalaciones sanitarias”.

Los contagios, hasta ahora, se han confirmado en los patios 1 y 3 y están priorizando descartar casos en el patio 7, donde hay 80 personas mayores de 60 años. No obstante, Bueno agrega en el mismo documento: “Se advierte de la necesidad de realizar con urgencia toma de muestras a la totalidad de la población privada de la libertad, debido al aumento de casos en el penal en atención al no acatamiento de los lineamientos y directrices emitidos por el Dadis”. A pesar de las órdenes, que incluyen un jalón de orejas, un interno de Ternera le dijo a El Espectador que, en su patio, el 2, todavía no les toman las pruebas, aunque ya hay reclusos con fuertes dolores de cabeza y fiebres altas. “¿Será que a este patio nos llegó fue otro virus?”, se pregunta con ironía.

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Según un documento del Inpec del 18 de mayo, en poder de este diario, la dirección del establecimiento dispuso desde entonces cuatro zonas de la cárcel para aislar a los casos positivos: la capilla católica, la iglesia evangélica, el pasillo del tercer piso del patio 7 y una carpa medicalizada en la cancha de fútbol que hay en medio del penal. En total, en los cuatro espacios, cabrían 230 internos con coronavirus, menos de la mitad de los casos que ya hay confirmados. Con un agravante, que anotó el Dadis en su reciente circular: “Las áreas de aislamiento no están adecuadas como lo establece el plan de contingencia”, responsabilidad que recae en la Uspec.

En el mismo documento se explican las medidas que ha implementado el Inpec para contener la propagación del virus. Por ejemplo, están tomando la temperatura de cada funcionario que ingresa con un termómetro digital, fumigaron todo el penal con hipoclorito, solo están remitiendo a internos a audiencias judiciales virtuales y cualquier paquete que llegue a la cárcel debe estar en cuarentena cinco días, entre otras. Asimismo, aseguran que en el área de sanidad del penal, donde atienden a los más de 2.000 internos, hay tres enfermeras, siete auxiliares de enfermería y cinco médicos, uno de los cuales fue contratado recientemente para el turno nocturno.

El Inpec también registra en el documento que conocimos que la dirección general de la entidad le asignó recursos a la cárcel para adquirir elementos de bioseguridad a los guardias —a quienes ya han dotado tres veces— y que la Gobernación de Bolívar les donó implementos de aseo a los internos. Además, la ministra de Justicia, Margarita Cabello, y el viceministro Javier Sarmiento estuvieron en Cartagena el pasado 19 de junio dando un balance y coordinando acciones con la Gobernación y la Alcaldía. Sin embargo, según el personero Castellanos, no son suficientes. De hecho, hay dos tutelas en estudio en juzgados de Cartagena que piden una mayor atención a la situación de la cárcel. “Una la interpuso la Procuraduría haciendo requerimientos en defensa de los internos y otra la interpuso el sindicato de guardias y la coadyuvamos nosotros”, explica el personero.

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Castellanos agrega que “una de las cosas que se pide en la tutela que apoyamos es el acuartelamiento de los guardias, porque indudablemente el virus entró a la cárcel por un guardia. Ya se determinó que eso fue así, pero va a ser así hasta que limitemos las salidas de los guardias”. El personero tiene fe en que las órdenes judiciales que salgan de las tutelas destraben los trámites administrativos, pero a la par ya el Ministerio Público les solicitó a los jueces que agilicen las solicitudes de libertad para que, por lo menos, el hacinamiento se reduzca, y radicó una queja contra Fiduprevisora ante la Superintendencia de Salud por las fallas que han detectado en el servicio.

El Dadis también ha tenido roces con la fiduciaria. “Cuando se presentó el primer contagio tuvimos dificultades con Fiduprevisora, porque se negó a cumplir nuestra recomendación de llevar al interno a un hospital y nos tocó a nosotros coordinar el traslado”, comentó Bueno. El otro episodio se presentó tras la muerte de un recluso por “causas naturales”, según dijo entonces el director del penal. La familia del recluso se rehusaba a llevarse el cuerpo hasta que le hicieran una necropsia, con lo que el Dadis le ordenó primero a la fiduciaria hacer una prueba de COVID-19, que salió positiva. Todo el trámite de aquí para allá hizo que el cuerpo estuviera más de doce horas en la cárcel.

A todo lo anterior se suma una tercera acción de tutela que radicó el personero Castellanos justo la semana pasada, en la que se puso del lado del Inpec en su eterna pelea para que los entes territoriales se hagan cargo de los internos que aún no han sido condenados. Según el Código Penitenciario, los sindicados son responsabilidad de alcaldías y gobernaciones, quienes deben velar por su atención. No obstante, a la fecha, la Alcaldía de Cartagena no ha dotado con mascarillas, jabón antibacterial ni elementos de protección similares a los internos que todavía no han sido condenados y están recluidos en Ternera.

Desde sus celdas, porque ellos también están cumpliendo una estricta cuarentena, los reclusos no se quedan quietos. Hicieron una colecta entre ellos y, recogiendo de a $1.000, lograron comprarse tapabocas para todos. También el director del penal les ayudó a ingresar estufas a cada patio y todas las tardes se sirven agua de panela con limón, convencidos de que les va a ayudar a subir las defensas. “Yo cerré el patio, solo le abro por una hora a cada pasillo, de los cuatro que hay. Y del patio solo pueden salir el compañero que nos trae los alimentos y el que saca la basura”, explicó otro interno sobre el sistema que se instauró en su pabellón. Dice que aunque el coronavirus solo les ha complicado la vida, no quieren que continúe causando más estragos.

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