A mediados de 2000, los medios de comunicación informaron una nueva y cruel modalidad de secuestro de las Farc: el collar-bomba. A doña Elvia Cortés, una acomodada campesina de Chiquinquirá, la guerrilla le puso en el cuello un tubo con explosivos, operado a control remoto, y entregó un casete con instrucciones para pagar a la organización $15 millones. El insólito y cruel caso dio la vuelta al mundo mientras los generales, el Ministro de Defensa y el obispo de ese municipio confirmaron la responsabilidad de las Farc.
Un técnico de explosivos y la víctima ‘volaron’ al intentar desactivar el mecanismo ante las cámaras de la televisión, que transmitían en vivo el brutal acontecimiento. El país reaccionó indignado y con ira y los militares reiteraron el señalamiento contra las Farc. El presidente Pastrana canceló una reunión entre la guerrilla y delegados extranjeros inclinados a reconocer su estatus de beligerancia, y repudió una “acción de la que hasta las bestias se arrepentirían”. Pero las Farc rechazaron la acusación y Marulanda se paró furioso de la mesa de negociaciones en el Caguán.
Pero Inteligencia de la Policía, pese a la opinión de su director, abrió con mesura otra hipótesis: delincuencia común. Dos semanas después, el consejero de Paz Camilo Gómez admitió que “las Farc no fueron las autoras del collar-bomba”. A pesar de las excusas que el Gobierno le presentó muy discretamente a la guerrilla, la acusación tuvo consecuencias políticas en la negociación, sin duda, calculadas por los “enemigos agazapados de la paz”, como años atrás los calificó Otto Morales Benítez en relación con los acuerdos de la Uribe firmados entre el Gobierno y las Farc.
El juicio y la condena mediáticos pueden determinar el proceder de jueces y magistrados. Actuar a contracorriente del fallo emitido por los medios de comunicación es aventurado y peligroso. La opinión pública se moldea con facilidad, pero difícilmente modifica su juicio una vez se incrusta. Así, cualquier sospechoso puede ser acusado, juzgado y condenado antes de ser oído por jueces que, en algunas ocasiones, son incapaces de confrontar ese ‘jurado’ de conciencia manipulado en la opinión pública.
Caso Transmilenio
El 29 de diciembre del año pasado ocurrió el asesinato de Javier Pulido en Bogotá, en el Portal de la 170 de Transmilenio. Imágenes tomadas por las cámaras de la estación dejaron ver el recorrido de dos muchachos que se bajaron de una flota de Zipaquirá, se pararon a orinar en la zona de pasajeros, cómo otros reaccionaron en su contra, la pelea que tuvo lugar en el túnel que comunica las plataformas, y luego, la fuga de los agresores y la muerte Javier, uno de los muchachos que habían llamado la atención a los que orinaron en público.
Las cámaras mostraron el desconcierto de la Policía, la improvisación de Transmilenio, la indiferencia y morbosa curiosidad de la gente. La ambulancia tardó 40 minutos en llegar, el mismo tiempo que duraron el desangre y la solitaria agonía de Javier. Dos días más tarde, la Policía mostró a los asesinos, que se habían presentado voluntariamente y fueron condenados a ocho años. El padre de uno de ellos, convencido de la inocencia de su hijo, apeló a la Defensoría del Pueblo, que trasladó el caso a la recién inaugurada Unidad Forense.
Un equipo técnico asumió el proceso. Observó el video que sirvió a la Fiscalía para acusar a los dos muchachos —obreros de la construcción— y al juez para condenarlos. Examinó cuadro a cuadro la película y formuló una hipótesis: sólo uno de los dos agresores era culpable. Realizó un riguroso trabajo de campo en el portal, tomó medidas y fotografías, recogió testimonios y pasó toda la información a los computadores, que mostraron que la distancia y la posición de uno de los acusados le impedía haber apuñalado a la víctima.
Hubo una recomposición del crimen hecha con ayuda de los equipos técnicos de la Defensoría —distanciómetro láser, brújula, software autocad y un programa de infografía de última tecnología—, la cual, desde febrero de 2007, asumió una función legal de la que carecía: la investigación forense. Hasta entonces sólo Medicina Legal tenía potestad en esta materia y sus dictámenes eran prácticamente incuestionables.
Todo litigio judicial discurría sobre un plano exclusivamente jurídico, apoyado, en el mejor de los casos, sobre técnicas probatorias muy precarias. Hoy la Defensoría puede controvertir científicamente las pruebas aportadas por la Fiscalía, la cual, por ley, ejercía un monopolio que la hacía aún más poderosa en el sistema oral, y al ciudadano más vulnerable a una equivocación o a la parcialización de un juez.
El caso del fútbol
Los estadios deportivos cumplen un papel similar al de los púlpitos cuando la religión dominaba a sus fieles. Hoy, los juegos de fútbol la sustituyen. En Colombia, las guerras civiles comenzaban por un par de terratenientes, eran legitimadas por facciones políticas, luego los partidos, y al final, armas alzadas por un arzobispo o por el Gran Maestre de la masonería. Los empresarios de fútbol, que ganan millones de dólares, sostienen que las justas deportivas diluyen las luchas políticas, con la aclaración de que lo que se jugaba antes en una guerra civil ahora se lo embolsan los accionistas de esas multimillonarias empresas. La sangre ahora la ponen los hinchas.
El 12 de mayo de 2005 se enfrentaron en El Campín Santa Fe y América, en el torneo de apertura de la Copa Mustang, otro socio del negocio. Las hinchadas, que se inflaman de pasión por las transmisiones radiales, estaban predispuestas a ganar como barras en las graderías lo que sus equipos pierden en la cancha. Al final del partido las barras estaban enloquecidas y armadas, y la Policía no encontró la manera de contrarrestarlas.
“Édison Garzón, de 20 años, falleció cuando era trasladado de urgencia al Hospital San Ignacio, luego de ser apuñalado en los pasillos del estadio por un aficionado del América”, dijo un canal de televisión. Esa misma ardiente tarde, Jéison Ruiz fue golpeado y lanzado de la parte superior de la tribuna por hinchas del América camuflados como miembros de su propia barra, la Guardia Albirroja Sur, decía la información.
Jéison sufrió gravísimas lesiones cerebrales y la Fiscalía, basada en videos de los noticieros de televisión, acusó a dos hinchas por tentativa de homicidio y lesiones personales. El juez falló y los condenó a más de 20 años de cárcel. El padre de uno de ellos acudió a la Defensoría porque, mirando los videos, no vio que Jéison estuviera al alcance físico de su hijo, que tenía puesta una camiseta amarilla.
Las indagaciones del Centro de Prueba Forense de la Defensoría establecieron que el muchacho de camisa amarilla no fue quien apuñaló y empujó de la gradería a Jéison, sino otro, desconocido también, pero con una camiseta amarilla que en vez rayas negras las tenía rojas. La Defensoría mostró, además, que el acusado del crimen no había podido saltar por encima de las bancas y además herir a Jéison, por la distancia y altura del obstáculo. Hoy, el caso está en revisión.
La Fiscalía es un ente congestionado de casos sobre los que debe pronunciarse en tiempos determinados por el Código de Procedimiento Penal. A medida que el sistema oral y las políticas de seguridad se amplían y más y más ciudadanos caen bajo sospecha, la Fiscalía tiene menos posibilidades de acertar y los ciudadanos, menos garantías de una efectiva justicia. Con la Unidad Forense, cuyos equipos fueron donados por la Unión Europea, la Defensoría ha roto el monopolio de Medicina Legal, un departamento de la Fiscalía que, en cierto sentido, actuaba como juez y parte.
En legítima defensa
Un último ejemplo de casos que tomó bajo su tutela la Defensoría es el del ex alcalde de Guepsa (Santander), un pueblo de tradición panelera donde, desde niños, los hombres andan con revólver. Luzardo Zárate es un político tradicional y fue alcalde entre julio de 1992 y diciembre de 1994. En los días en que sucedió el caso, tenía 70 años y su mujer era una buenamoza de 25. Un día llegó al pueblo Eladio Zapata Hincapié, contratado como escolta por un hombre rico de la región y quien se enamoró de la mujer de Zárate. Descubierto, el ex mandatario lo amenazó.
Una noche de junio de 2007, pasaba el escolta frente al Café Hornillas, donde el viejo conversaba con sus amigos. Sin más ni más, éste llamó al escolta por su nombre. Fue como una escena de película, un duelo en el que el primero que dispara la tiene asegurada. Y lo hizo don Lizardo. La Fiscalía lo acusó de homicidio agravado, pero la Defensoría concluyó, con base en un estudio de campo, pruebas balísticas y dictamen médico, que el hecho debía ser juzgado como legítima defensa, pues el escolta también andaba armado, sólo que fue más lento que el viejo funcionario.
La Defensoría probó que la necropsia de la Policía, ilustrada en una silueta plana, estaba equivocada al ser trasladada a una tridimensional animada: los cuatro tiros sólo eran tres y el primero había sido recibido de frente y los otros dos aparecían en la espalda porque Eladio se volteó para tratar de huir. Sobre esta versión, el juez falló que el ex alcalde había actuado en legítima defensa.
El apoyo de un grupo especializado de investigadores y peritos, con dedicación exclusiva para la defensa, es una experiencia singular en el contexto jurídico mundial, aunque la figura de defensa pública esté vigente en todos los países que han adoptado el sistema acusatorio oral. Dadas la impunidad, la congestión y la tradición en la aplicación de nuestra justicia, el esfuerzo de la Defensoría es un gran avance en favor del debido proceso.
La justicia mediática es uno de los resultados del “Estado de opinión”. En el caso del collar-bomba, la noticia fue montada con el claro propósito de interferir los acercamientos entre Pastrana y Marulanda. Los otros casos buscaban chivos expiatorios fáciles para ser condenados. No es que los medios dicten sentencia, sino que preparan el tribunal y lo predisponen. Y la Fiscalía, arrinconada por el número creciente de crímenes que debe atender como ente acusador, con un presupuesto limitado, con presiones extrapoladas del sistema de recompensas que se traducen en sobornos, con un Instituto de Medicina Legal no ajeno a todo lo anterior, está expuesta a fallos parcializados e incompletos.
La Defensoría ya tiene con qué enfrentar todo lo que desvirtúa la justicia, con pruebas sólidas que pueden controvertir a jueces y fiscales. Al comienzo, comenta un técnico del Centro de Prueba Forense, “tuvimos bastantes problemas en el encontronazo científico con la Fiscalía, pero hemos ido teniendo éxito en los estrados, lo que contribuye a que ella mejore y perfeccione sus procedimientos”. El defensor del pueblo, Vólmar Pérez, cree que en el futuro la investigación defensorial debe ser un servicio al que tengan derecho todos los colombianos y no sólo aquellos ciudadanos que, como hoy, no están en capacidad de contratar un abogado particular. La igualdad ante la ley sería así un hecho cumplido.
Por Alfredo Molano Bravo / Especial para El Espectador
