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Por medio de tres tutelas, Manuel, Miguel y Guido Nule, y su socio Mauricio Galofre, solicitaron ante el Tribunal Superior de Bogotá que se les reintegre su cocinero personal, las visitas entre semana y otros beneficios que gozaban desde hace más de un año en su celda fiscal en la cárcel La Picota.
Y es que vale recordar que los Nule perdieron estos beneficios, después del allanamiento hecho por agentes del Inpec a inicios de febrero y en el cual se les descubrió licor, dinero en efectivo, celulares, computadores, consolas de videojuegos, entre otros elementos no autorizados por el instituto penitenciario.
Ante esto, los polémicos empresarios señalaron en sus tutelas que requieren de una alimentación especial debido al riesgo que corren de ser envenenados con la comida de la prisión, hecho por el cual manifiestan que su derecho a la vida fue vulnerado por parte del Inpec y la Fiscalía.
"El señor Director Nacional (del Inpec general Gustavo Adolfo Ricaurte) ha vulnerado nuestros derechos al debido proceso y a la alimentación, y pone en serio riesgo nuestro derecho a la vida, pues ha prohibido que consumamos alimentos que provengan de un lugar seguro, para evitar el riesgo de amenaza contra nuestras vidas", precisa uno de los apartes de una de las tutelas.
Entre las otras solicitudes presentadas por los Nule se encuentra el restablecimiento de sus visitas de lunes a viernes, y no solo los fines de semana como las tienen desde hace un mes, con lo cual se ajustan al régimen carcelario de Colombia.
Ante esto, el Inpec ha asegurado que las visitas los fines de semana siguen en pie, puesto que los Nule perdieron sus beneficios debido a sus fallas en la disciplina del centro carcelario y a la violación de los compromisos pactados en marzo de 2011, cuando ingresaron a su celda especial.
Igualmente, el centro penitenciario aseguró que se tomaron medidas en el tema dla comida, como la grabación en video del proceso de preparación y entrega de los alimentos.
Los Nule ya fueron condenados a siete años y medio de prisión por el delito de peculado por apropiación dentro del proceso que se les adelanta por el llamado 'carrusel de la contratación', y todavía están pendientes de enfrentar el juicio por los cargos de concierto para delinquir, cohecho, fraude procesal y falsedad en documento privado.