Los Nule, obligados a comparecer

Miguel, Guido y Manuel Nule, así como su socio Mauricio Galofre, parece que ya no podrán negarse más, al menos, a comparecer a las citaciones que les hagan los diferentes organismos de control que adelantan los diferentes procesos que se desprendieron del llamado carrusel de la contratación en Bogotá. Ayer, el Consejo de Estado ordenó su traslado a las instalaciones para que cumplan el llamado de los magistrados, para que declaren en el proceso de pérdida de investidura contra el senador Iván Moreno Rojas.

La orden de conducción que emitieron los magistrados obedece a que los confesos delincuentes, que están próximos a recibir la primera condena por peculado por apropiación en calidad de cómplices, se han negado a comparecer a las citaciones y a seguir declarando en los procesos judiciales, disciplinarios y fiscales que se adelantan por las presuntas irregularidades en contratación que se han descubierto en el Distrito Capital.

Sin embargo, el que los obliguen a asistir a la diligencia del Consejo de Estado o a cualquier otra diligencia judicial no garantiza que los Nule vayan a declarar. Ellos, quienes hasta hace unos meses eran los testigos claves en todo el proceso del carrusel, luego de reconocer su participación y de denunciar a los funcionarios que supuestamente participaron en varios delitos, se pueden amparar en el derecho que tienen los ciudadanos a no autoincriminarse.

Su silencio obedece a una especie de retaliación de los empresarios tras el fracaso del principio de oportunidad que negociaban con la Fiscalía y el cual esperaban como premio a lo que ellos llamaron como una colaboración eficaz con la justicia. Dicho beneficio consiste en que el ente acusador renuncia a procesarlos por algunos delitos a cambio de su colaboración. Los abogados de los Nule argumentan que ellos inicialmente ayudaron a la justicia, ya que fue por sus declaraciones que los organismos de control pudieron tener un camino expedito en las investigaciones por el descalabro en la construcción del tramo 4 de la Fase III de Transmilenio por la calle 26 y a través de las cuales se destaparon las posibles irregularidades.

El frustrado principio de oportunidad lo estaban negociando con el fiscal Germán Pabón Gómez, quien estructuró el proceso por el carrusel. Sin embargo, la fiscal general, Viviane Morales, declaró insubsistente a Pabón y el preacuerdo quedó en el limbo. Aunque la fiscal Morales expresó que el principio de oportunidad estaba en evaluación, hasta la fecha no se conoce una decisión definitiva que permita conocer si los Nule seguirán o no colaborando con la justicia.

Inocencio, la otra carta

De acuerdo con los abogados, el silencio de los Nule seguramente afectará el desarrollo de las investigaciones. Por eso, parece que la Fiscalía le apuesta a la “graduación” de Inocencio Meléndez, exjefe jurídico del IDU, como nuevo testigo clave en el proceso para continuar sus investigaciones contra otros funcionarios y empresarios que supuestamente conformaron toda una red de corrupción en Bogotá.

Meléndez se conformó con el preacuerdo con la Fiscalía y no se quedó esperando principio de oportunidad.  El preacuerdo fue radicado ante un juez de conocimiento, en el que el ente acusador sugirió una pena de 90 meses. Como Meléndez aceptó, obtendría una rebaja del 50% de la pena, con lo que quedaría en 45 meses y con esto obtendría la libertad condicional, al ser la condena inferior a cuatro años.

Meléndez, en sus largas declaraciones ante la Fiscalía, ha narrado hechos en los que señala al suspendido alcalde Samuel Moreno Rojas y a su hermano Iván Moreno como las dos cabezas de un grupo dedicado a manejar los contratos de obra y a solicitar comisiones. En parte, ha ratificado la versión de los Nule, aunque él ha negado haber tenido alguna responsabilidad.

Estas mismas declaraciones las ha rendido ante el procurador general. El testimonio de Meléndez también ha tomado importancia en el Ministerio Público y por eso han cuidado de que el trato sea especial, al punto que las irregularidades en un traslado de La Picota a las instalaciones de la Procuraduría para una declaración generó que le abrieran investigación disciplinaria al general Gustavo Adolfo Ricaurte, director del Inpec, y a Luis Francisco Gaitán Puentes, jefe jurídico de la entidad, según lo informó ayer la propia Procuraduría.

Por ahora, avanzan poco a poco los procesos del carrusel de la contratación.

Otra sanción a Pardo y Meléndez

Por nuevas irregularidades en contratos en el IDU, la Procuraduría profirió una nueva sanción disciplinaria contra la exdirectora Liliana Pardo y el exjefe jurídico Inocencio Meléndez. La primera, que fue a mediados de junio, consistió en destitución e inhabilidad por 18 años, por las irregularidades que cometieron en los contratos de obra para la Fase III de Transmilenio. La nueva sanción se conoció ayer y fue también inhabilidad por 11 años para ejercer cargos públicos. En esta oportunidad fue por los contratos de prestación de servicios profesionales de abogados entre 2007 y 2008, en los que pactó y canceló honorarios que sobrepasaban las tarifas máximas establecidas por el IDU. Además, por la cesión de un contrato de prestación de servicios por $700 millones. La decisión se puede apelar.