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Los Nule siguen en espera de fallo

En una accidentada audiencia ante el juez 38 Penal del Circuito de Bogotá, el miércoles comenzó a definirse el futuro inmediato de los controvertidos primos Miguel, Guido y Manuel Nule, así como de su socio Mauricio Galofre.

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El Espectador
03 de agosto de 2011 - 10:59 p. m.
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Aunque se esperaba que se diera a conocer el fallo por su confesa culpabilidad en el delito de peculado por apropiación, la diligencia fue suspendida después de varios incidentes entre quienes asistieron a ella.

Como víctimas de los Nule estuvieron el IDU, la Contraloría, la Veeduría Distrital y la firma Segurexpo. Y se presentó el primer debate porque los abogados de los Nule y Galofre expresaron su inconformidad, especialmente por la presencia de la aseguradora, al argumentar que no tienen ningún daño que demostrar. El juez 38 Penal del Circuito se negó a aceptar las razones expuestas, sobre todo por un supuesto conflicto de intereses.

La segunda discusión se dio al definir la cuantía del delito de peculado fijado por la Fiscalía (para los Nule en $66.661 millones y para Galofre en $21.900). Según los Nule, esa cuantía se había reducido porque ellos habían reintegrado dineros al IDU. Entonces intervino la Fiscalía para decir que no había razones para detenerse en ese tema. La Procuraduría, en cambio, argumentó que sí era necesario estudiar el asunto. Tuvo que darse un receso y ya estaba casado el tercer dilema de la audiencia.

Los acusados no aceptaron los mismos cargos que asumieron en abril, cuando el caso lo llevaba el fiscal Germán Pabón. La discusión siguió concentrada en los tres escenarios: los cargos, las víctimas y la cuantía del delito. Cuando todo apuntaba a que se conociera un primer fallo contra los Nule, la audiencia fue suspendida hasta que el Tribunal Superior de Bogotá aclare quiénes pueden acreditarse como víctimas en este caso.

La audiencia se dio en momentos en que trascendió que la Superintendencia de Sociedades se apresta a decretar la prohibición a los Nule y a sus socios para ejercer actividades comerciales durante 10 años. La idea es aplicar una ley vigente que determina que, en razón a la malversación de dineros al punto de que fue obligatoria su liquidación judicial, podría aplicarse que sólo manejen cuentas individuales y créditos personales.

Por El Espectador

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