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El área de coca detectada en 2009 equivalía al 0,1% del territorio nacional, pero su dispersión o movilidad afectarían a una décima parte. El narcotráfico habría contribuido con la tala de 800 mil hectáreas de bosque desde 1981 y con una quinta parte de la deforestación del país en la última década. La coca es fuente de ingresos de una población vulnerable estimada en 180 mil familias, que ni siquiera ganan un salario mínimo.
Estas son apenas algunas conclusiones del libro Las nuevas dimensiones del narcotráfico en Colombia, una documentada investigación del economista Ricardo Rocha que será presentada hoy por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y el Ministerio de Justicia. Entre sus conclusiones el estudio dice, por ejemplo, que “la desnarcotización de un país es un proceso tan demorado y doloroso como lo puede ser la desintoxicación de un adicto”.
En ese contexto, Rocha no sólo analiza cómo mutaron los carteles de la droga que exacerbaron el narcoterrorismo en los años ochenta y noventa, y cómo se insertaron progresivamente las guerrillas, los paramilitares, las bandas criminales y el pandillismo, sino que advierte que el tráfico de drogas seguirá siendo un problema a mediano plazo en Colombia, “pues a pesar de la caída en la producción exportable de cocaína, en el mercado internacional persiste la ventaja comparativa para la oferta y la demanda se ha reacomodado”.
La investigación reconoce que el consumo de drogas psicoactivas en Colombia es aún incipiente, en comparación con el vecindario y con Europa, aunque resalta que el fenómeno de violencia y el patrocinio del crimen organizado transnacional sí han significado un enorme desgaste para las instituciones en las últimas cuatro décadas. La península ibérica, África occidental, Holanda y los Balcanes concentran el mercado predilecto de la droga que exporta el vecindario.
El estudio encontró, siguiendo la metodología de contabilidad del producto interno bruto (PIB), que mientras la producción de cocaína en Colombia “era del 0,9% del PIB en 2001”, para 2009 descendió al 0,2%. De este dinero, que sigue siendo una fortuna, el 80% de las utilidades se queda en manos de “los empresarios del narcotráfico”. La reducción en estos números sobre la cadena de negocio y eslabones de las mafias de la droga se debe, entre otras razones, al aumento de las incautaciones de narcóticos y a las operaciones de la fuerza pública para judicializar a las organizaciones ilegales.
La investigación, además, señala que durante la última década “la reducción del narcotráfico facilitó una expansión de la economía equivalente al 3,5% en el PIB, permitiendo aprovechar la internacionalización, el fortalecimiento institucional y el progreso de la educación”. No obstante, los costos en esta lucha han sido altos para el Estado. Nada más el desastre ambiental del negocio de la droga es absurdo. Provocar la quinta parte de la deforestación del país es una cifra sencillamente aberrante.
Todo ello sumado al gasto relacionado con el llamado Plan Colombia, que pasó del 3,7% del PIB en 1999 a 4,2% una década después. En síntesis, el libro presenta en detalle el impacto del negocio de la droga sobre la economía colombiana, sus efectos colaterales y el diagnóstico de los fenómenos de violencia que encarna. Precisamente en momentos en que se sabe que las llamadas bandas criminales, herederas del narcoparamilitarismo, hacen presencia en 350 municipios del país y se constituyen en el nuevo desafío de las autoridades y la justicia.