Los “paras” a la calle

 

No obstante, al margen de esos cálculos, lo cierto es que los jueces de la República ya empiezan a otorgar las primeras libertades, y muchas preguntas siguen rondando: ¿Está preparado el Estado para el retorno de estos exjefes paramilitares a las regiones que durante años violentaron? ¿Qué va a ocurrir en las regiones una vez estas personas recobren su libertad? ¿Cómo hacer para que las llamadas bandas criminales no terminen apoderándose de los ejércitos privados que controlaban hace apenas unos años?

 

El Espectador obtuvo varios reportes de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía sobre los hechos confesados, los bienes entregados y las verdades reveladas por 12 exjefes de las autodefensas que están en la ruta de recuperar su libertad. No hay duda de que muchos hechos criminales jamás habrían sido documentados de no ser por las confesiones de estos desmovilizados. Sin embargo, para muchos el sapo que se tragó Colombia fue demasiado grande. 

 

 

Jorge Iván Laverde Zapata entró a las autodefensas cuando apenas tenía 17 años. Inicialmente delinquió en Chocó, hasta que se hizo comandante del frente Fronteras del bloque Catatumbo, que operó en Norte de Santander. Desde allí coordinó la toma a sangre y fuego del paramilitarismo en una región con una fuerte presencia guerrillera y de cultivos de droga. Se desmovilizó en 2004 en Tibú, con 473 hombres.

 

Ha confesado cerca de 1.500 crímenes y aún no ha dado su versión sobre 5.000 más que tiene registrados. Entre sus confesiones reconoció que ordenó quemar decenas de cuerpos en hornos en el Catatumbo para que no pudieran ser encontrados y que ordenó varios homicidios en territorio venezolano. Hace dos meses un magistrado de Justicia y Paz le negó la libertad argumentando que no participó en actividades de resocialización durante sus primeros años en prisión. Su defensa apeló y “El Iguano” espera salir pronto.

 

 

A los 20 años, Manuel de Jesús Pirabán se hizo paramilitar y llegó a ser el comandante del bloque Héroes del Llano, que extendió su influencia a Boyacá y Cundinamarca. A comienzos de los 90 se ensañó con la Unión Patriótica, asesinó a varios de sus integrantes y en 1992 perpetró la masacre de Caño Sibao, en la que murieron la alcaldesa saliente y el alcalde electo del municipio de El Castillo (Meta) y otros tres funcionarios. Además fue protagonista de la guerra contra las Autodefensas Campesinas del Casanare, que dejó unos 3.000 muertos.

 

“Pirata” se desmovilizó en Puerto Lleras (Meta), en 2006, y ha sido imputado por más de 800 hechos delictivos e investigado por 2.000 más. Todavía no hay sentencia en su contra, aunque ya cumplió la pena de ocho años.

 

 

Arnubio Triana Mahecha fue parte de la escuela de paramilitares organizada por el mercenario israelí Yair Klein en los años 80 y financiada por Gonzalo Rodríguez Gacha, “El Mexicano”, socio del capo Pablo Escobar. Además, estuvo vinculado al narcotráfico en el Magdalena Medio durante al menos dos décadas. En 1991 se desmovilizó de las filas paramilitares y tres años después reingresó a la organización, se convirtió en comandante de las Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá y negoció el control del Magdalena Medio con Ramón Isaza.

 

“Botalón” ha confesado más de 400 hechos delictivos, entre ellos 89 homicidios y 112 desapariciones forzadas. Ya solicitó su libertad y está a la espera de la decisión del juez.

 

 

Édgar Ignacio Fierro, mano derecha de “Jorge 40”, fue capturado en marzo de 2006 y los secretos contenidos en su computador dieron lugar a las primeras pesquisas de la parapolítica. Su centro de operación fue Soledad (Atlántico), desde donde ordenó homicidios y desarrolló una estrategia para establecer puentes con políticos de la región. Fue el primer excomandante paramilitar en solicitar la libertad, pero también resultó envuelto en el sonado caso de la exrectora de la Universidad Autónoma del Caribe Silvia Gette. Una juez le revocó la pena alternativa al considerar que no pidió perdón públicamente a sus víctimas. Está condenado a 40 años.

 

 

Freddy Rendón Herrera, apodado “El Alemán” por su obsesión con el orden y la disciplina, se vinculó a las Auc a los 22 años y siguió los pasos de Carlos Castaño, nacido en Amalfi (Antioquia) como él. Empezó como informante del grupo paramilitar La 70 y escaló en la organización hasta llegar a ser el comandante del bloque Élmer Cárdenas, donde tuvo 1.534 hombres bajo su mando. Su influencia se extendió por Córdoba, Antioquia, Boyacá y Cundinamarca, pero se concentró especialmente en el Urabá chocoano, donde se apoderó del negocio de la explotación maderera.

 

Tuvo gran poder político en esos territorios a través de su proyecto “Urabá grande, unido y en paz”, por el cual se dictó en 2010 medida de aseguramiento a 23 dirigentes políticos del Urabá antioqueño. Además de hablar largo sobre parapolítica, ha declarado acerca de la relación entre la Fuerza Pública y los paramilitares, especialmente en el episodio de la operación Génesis, en 1997, por lo cual resultó condenado el general (r) Rito Alejo del Río. Se lo investiga, junto a otros 27 desmovilizados, por 2.700 crímenes. En marzo de 2015 se le otorgó la libertad a prueba, pero aún tiene varias investigaciones en curso.

 

 

“El Viejo” tiene su alias bien puesto. Su historia como paramilitar comenzó en los años 70, en Puerto Triunfo (Antioquia), donde formó un pequeño grupo de hombres para defenderse, según él, de los guerrilleros que extorsionaban y asediaban la zona. Su área de influencia se extendió por todo el Magdalena Medio. Como comandante de las autodefensas le declaró la guerra a Pablo Escobar en los 90 y amplió su poder a principios de siglo hasta la Comuna 13 de Medellín, a través del frente José Luis Zuluaga.

 

Se desmovilizó en febrero de 2006 con 990 hombres a su cargo. La desmovilización estuvo al borde del fracaso porque alias “McGiver” y “El Gurre”, comandantes a su cargo (su yerno e hijo adoptivo, respectivamente), se negaban a dejar las armas. Se le contabilizan más de 5.000. En mayo de 2014 se profirió sentencia en su contra, junto a otros cuatro subalternos, por 100 hechos delictivos de toda índole. Ha solicitado en dos ocasiones la sustitución de medida de aseguramiento, pero se le ha negado por no cumplir a cabalidad con la entrega de bienes.

 

 

El 22 de mayo de este año, Rodrigo Pérez Alzate se convirtió en el primer exjefe paramilitar en recobrar la libertad. El bloque Central Bolívar, que comandó y en el que tuvo más de 1.000 hombres a su cargo, estuvo muy implicado en el negocio de la coca. Sus zonas de influencia en los Llanos, Antioquia, Bolívar, Boyacá y Cundinamarca coincidían con las de mayor presencia del cultivo. Fue requerido en extradición por Estados Unidos por 21 cargos relacionados con tráfico de estupefacientes.

 

Se le señala de haber participado en más de 20 masacres, dirigidas en su mayoría contra trabajadores vinculados a Sincotrainder, que agremia a los transportadores de Santander, y a la Unión Sindical Obrera. Entre las 280 conductas delictivas por las que se le condenó, las más recurrentes son homicidios, desaparición y desplazamiento forzado.

 

 

Luis Eduardo Cifuentes Galindo fue militante de la Juventudes Comunistas de Cundinamarca hasta que en 1986, según sus propias confesiones, miembros de las autodefensas le pusieron un ultimátum: o se unía a los “paras” o lo asesinaban. Así dio el primer paso en esa organización, en la que llegó a ser comandante del bloque Cundinamarca, creado en 1997 y del que se desmovilizó con 148 hombres. Se le recuerda por acordar un pacto de no agresión con las Farc en ese departamento, el cual, tras su ruptura en 2003, dio paso a violentos enfrentamientos que dejaron un centenar de muertos.

 

“El Águila” fue condenado en 2014 por 128 homicidios, 29 desapariciones forzadas y un centenar más de crímenes. Su solicitud de libertad fue negada por el Tribunal Superior de Bogotá.

 

Actualmente la Fiscalía lo investiga por posibles delitos cometidos después de su desmovilización, entre ellos homicidio agravado y secuestro extorsivo, que de probarse supondrían su exclusión de Justicia y Paz y penas muy superiores a la alternativa que ofrece la Ley 975 de 2005.

 

 

Jesús Ignacio Roldán Pérez fue reclutado para trabajar en una finca de los hermanos Castaño Gil cuando tenía 17 años. Se ganó su confianza y terminó de escolta y jefe de seguridad del clan, lo que lo convirtió en testigo y partícipe de la fundación de las Autodefensas Unidas de Colombia. Además de ocuparse de la seguridad de los Castaño, administraba algunas de sus fincas y negocios en Urabá y Córdoba. “Monoleche” confesó su participación en el asesinato del jefe político de las Auc, Carlos Castaño, por orden de su hermano Vicente Castaño, en abril de 2004.

 

Se desmovilizó junto con el bloque Calima, ha confesado 78 crímenes y en diciembre de 2014 fue condenado parcialmente por homicidio en persona protegida, desaparición forzada, hurto calificado y concierto para delinquir. En la misma sentencia, el Tribunal Superior de Medellín le concedió libertad a prueba, pero la decisión fue apelada ante la Corte Suprema de Justicia.

 

 

La mayoría de jefes paramilitares transitaron de las armas a la política. Iván Roberto Duque Gaviria, alias “Ernesto Báez”, lo hizo a la inversa. Abogado de profesión, llegó a ser alcalde de La Merced (Caldas), empleado de las Empresas Públicas de Manizales y secretario de Gobierno de Boyacá. Sus primeros roces con el paramilitarismo se dieron de la mano de Henry Pérez, fundador de las autodefensas del Magdalena Medio.

 

Terminó como comandante político del poderoso bloque Central Bolívar, que en su apogeo tuvo cerca de 5.500 hombres y 29 frentes en 10 departamentos. Desde que se desmovilizó, su alias ha figurado constantemente en los titulares de prensa, pues ha sido testigo en casos como el magnicidio de Luis Carlos Galán, con múltiples señalamientos por falso testimonio. Incluso rindió declaración en el caso del magistrado de la Corte Constitucional Jorge Pretelt. Aparte de las investigaciones por su pasado paramilitar, que lo involucran en 1.600 delitos, hay varias por falso testimonio, fraude procesal y cohecho propio. Hace poco le fue negada la solicitud de libertad porque, según el magistrado a cargo, durante sus primeros años en prisión “Báez” no se esforzó por resocializarse.

 

 

Este viernes 12 de junio una jueza de Justicia y Paz le otorgó libertad condicional por pena cumplida a Édward Cobos Téllez, alias “Diego Vecino”, quien fue el artífice de la masacre de Mampuján. Su paso por este corregimiento de María La Baja (Bolívar), en marzo de 2000, en compañía de “Juancho Dique” y “Cadena”, dejó 12 muertos y 180 familias desplazadas.

 

“Vecino”, en ese entonces comandante del bloque Montes de María, se desmovilizó en julio de 2005 junto con 594 paramilitares bajo su mando. La Fiscalía le ha imputado más de 400 delitos y, por lo ocurrido en Mampuján, el Tribunal Superior de Bogotá lo condenó en 2010 a ocho años de prisión. Además se le vinculó con otros delitos, como homicidio en persona protegida, desaparición forzada, tortura, despojo de tierras, acceso carnal violento y secuestro, entre otros.

 

 

Como comandante del frente Canal del Dique, del bloque Montes de María, Úber Enrique Bánquez Martínez secundó a “Diego Vecino” en su cruel paso por Mampuján. Se desmovilizó en La Ceja (Antioquia), en 2005, como miembro del bloque comandado por “Vecino”, y, al igual que su jefe, en junio de 2010 fue condenado como coautor de la masacre.

 

Además de Mampuján se le atribuyen ocho masacres, entre ellas las de El Salado y Chengue. “Juancho Dique”, el primer exjefe paramilitar condenado en Justicia y Paz, está recluido pese a que el Tribunal de Barranquilla le otorgó la sustitución de medida de aseguramiento en enero de este año, pues aún tiene pendientes trámites de acumulación de penas. Tiene 40 sentencias por distintos crímenes.

 

 

 

jflorez@elespectador.com

 

No obstante, al margen de esos cálculos, lo cierto es que los jueces de la República ya empiezan a otorgar las primeras libertades, y muchas preguntas siguen rondando: ¿Está preparado el Estado para el retorno de estos exjefes paramilitares a las regiones que durante años violentaron? ¿Qué va a ocurrir en las regiones una vez estas personas recobren su libertad? ¿Cómo hacer para que las llamadas bandas criminales no terminen apoderándose de los ejércitos privados que controlaban hace apenas unos años?

 

El Espectador obtuvo varios reportes de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía sobre los hechos confesados, los bienes entregados y las verdades reveladas por 12 exjefes de las autodefensas que están en la ruta de recuperar su libertad. No hay duda de que muchos hechos criminales jamás habrían sido documentados de no ser por las confesiones de estos desmovilizados. Sin embargo, para muchos el sapo que se tragó Colombia fue demasiado grande. 

 

 

Jorge Iván Laverde Zapata entró a las autodefensas cuando apenas tenía 17 años. Inicialmente delinquió en Chocó, hasta que se hizo comandante del frente Fronteras del bloque Catatumbo, que operó en Norte de Santander. Desde allí coordinó la toma a sangre y fuego del paramilitarismo en una región con una fuerte presencia guerrillera y de cultivos de droga. Se desmovilizó en 2004 en Tibú, con 473 hombres.

 

Ha confesado cerca de 1.500 crímenes y aún no ha dado su versión sobre 5.000 más que tiene registrados. Entre sus confesiones reconoció que ordenó quemar decenas de cuerpos en hornos en el Catatumbo para que no pudieran ser encontrados y que ordenó varios homicidios en territorio venezolano. Hace dos meses un magistrado de Justicia y Paz le negó la libertad argumentando que no participó en actividades de resocialización durante sus primeros años en prisión. Su defensa apeló y “El Iguano” espera salir pronto.

 

 

A los 20 años, Manuel de Jesús Pirabán se hizo paramilitar y llegó a ser el comandante del bloque Héroes del Llano, que extendió su influencia a Boyacá y Cundinamarca. A comienzos de los 90 se ensañó con la Unión Patriótica, asesinó a varios de sus integrantes y en 1992 perpetró la masacre de Caño Sibao, en la que murieron la alcaldesa saliente y el alcalde electo del municipio de El Castillo (Meta) y otros tres funcionarios. Además fue protagonista de la guerra contra las Autodefensas Campesinas del Casanare, que dejó unos 3.000 muertos.

 

“Pirata” se desmovilizó en Puerto Lleras (Meta), en 2006, y ha sido imputado por más de 800 hechos delictivos e investigado por 2.000 más. Todavía no hay sentencia en su contra, aunque ya cumplió la pena de ocho años.

 

 

Arnubio Triana Mahecha fue parte de la escuela de paramilitares organizada por el mercenario israelí Yair Klein en los años 80 y financiada por Gonzalo Rodríguez Gacha, “El Mexicano”, socio del capo Pablo Escobar. Además, estuvo vinculado al narcotráfico en el Magdalena Medio durante al menos dos décadas. En 1991 se desmovilizó de las filas paramilitares y tres años después reingresó a la organización, se convirtió en comandante de las Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá y negoció el control del Magdalena Medio con Ramón Isaza.

 

“Botalón” ha confesado más de 400 hechos delictivos, entre ellos 89 homicidios y 112 desapariciones forzadas. Ya solicitó su libertad y está a la espera de la decisión del juez.

 

 

Édgar Ignacio Fierro, mano derecha de “Jorge 40”, fue capturado en marzo de 2006 y los secretos contenidos en su computador dieron lugar a las primeras pesquisas de la parapolítica. Su centro de operación fue Soledad (Atlántico), desde donde ordenó homicidios y desarrolló una estrategia para establecer puentes con políticos de la región. Fue el primer excomandante paramilitar en solicitar la libertad, pero también resultó envuelto en el sonado caso de la exrectora de la Universidad Autónoma del Caribe Silvia Gette. Una juez le revocó la pena alternativa al considerar que no pidió perdón públicamente a sus víctimas. Está condenado a 40 años.

 

 

Freddy Rendón Herrera, apodado “El Alemán” por su obsesión con el orden y la disciplina, se vinculó a las Auc a los 22 años y siguió los pasos de Carlos Castaño, nacido en Amalfi (Antioquia) como él. Empezó como informante del grupo paramilitar La 70 y escaló en la organización hasta llegar a ser el comandante del bloque Élmer Cárdenas, donde tuvo 1.534 hombres bajo su mando. Su influencia se extendió por Córdoba, Antioquia, Boyacá y Cundinamarca, pero se concentró especialmente en el Urabá chocoano, donde se apoderó del negocio de la explotación maderera.

 

Tuvo gran poder político en esos territorios a través de su proyecto “Urabá grande, unido y en paz”, por el cual se dictó en 2010 medida de aseguramiento a 23 dirigentes políticos del Urabá antioqueño. Además de hablar largo sobre parapolítica, ha declarado acerca de la relación entre la Fuerza Pública y los paramilitares, especialmente en el episodio de la operación Génesis, en 1997, por lo cual resultó condenado el general (r) Rito Alejo del Río. Se lo investiga, junto a otros 27 desmovilizados, por 2.700 crímenes. En marzo de 2015 se le otorgó la libertad a prueba, pero aún tiene varias investigaciones en curso.

 

 

“El Viejo” tiene su alias bien puesto. Su historia como paramilitar comenzó en los años 70, en Puerto Triunfo (Antioquia), donde formó un pequeño grupo de hombres para defenderse, según él, de los guerrilleros que extorsionaban y asediaban la zona. Su área de influencia se extendió por todo el Magdalena Medio. Como comandante de las autodefensas le declaró la guerra a Pablo Escobar en los 90 y amplió su poder a principios de siglo hasta la Comuna 13 de Medellín, a través del frente José Luis Zuluaga.

 

Se desmovilizó en febrero de 2006 con 990 hombres a su cargo. La desmovilización estuvo al borde del fracaso porque alias “McGiver” y “El Gurre”, comandantes a su cargo (su yerno e hijo adoptivo, respectivamente), se negaban a dejar las armas. Se le contabilizan más de 5.000. En mayo de 2014 se profirió sentencia en su contra, junto a otros cuatro subalternos, por 100 hechos delictivos de toda índole. Ha solicitado en dos ocasiones la sustitución de medida de aseguramiento, pero se le ha negado por no cumplir a cabalidad con la entrega de bienes.

 

 

El 22 de mayo de este año, Rodrigo Pérez Alzate se convirtió en el primer exjefe paramilitar en recobrar la libertad. El bloque Central Bolívar, que comandó y en el que tuvo más de 1.000 hombres a su cargo, estuvo muy implicado en el negocio de la coca. Sus zonas de influencia en los Llanos, Antioquia, Bolívar, Boyacá y Cundinamarca coincidían con las de mayor presencia del cultivo. Fue requerido en extradición por Estados Unidos por 21 cargos relacionados con tráfico de estupefacientes.

 

Se le señala de haber participado en más de 20 masacres, dirigidas en su mayoría contra trabajadores vinculados a Sincotrainder, que agremia a los transportadores de Santander, y a la Unión Sindical Obrera. Entre las 280 conductas delictivas por las que se le condenó, las más recurrentes son homicidios, desaparición y desplazamiento forzado.

 

 

Luis Eduardo Cifuentes Galindo fue militante de la Juventudes Comunistas de Cundinamarca hasta que en 1986, según sus propias confesiones, miembros de las autodefensas le pusieron un ultimátum: o se unía a los “paras” o lo asesinaban. Así dio el primer paso en esa organización, en la que llegó a ser comandante del bloque Cundinamarca, creado en 1997 y del que se desmovilizó con 148 hombres. Se le recuerda por acordar un pacto de no agresión con las Farc en ese departamento, el cual, tras su ruptura en 2003, dio paso a violentos enfrentamientos que dejaron un centenar de muertos.

 

“El Águila” fue condenado en 2014 por 128 homicidios, 29 desapariciones forzadas y un centenar más de crímenes. Su solicitud de libertad fue negada por el Tribunal Superior de Bogotá.

 

Actualmente la Fiscalía lo investiga por posibles delitos cometidos después de su desmovilización, entre ellos homicidio agravado y secuestro extorsivo, que de probarse supondrían su exclusión de Justicia y Paz y penas muy superiores a la alternativa que ofrece la Ley 975 de 2005.

 

 

Jesús Ignacio Roldán Pérez fue reclutado para trabajar en una finca de los hermanos Castaño Gil cuando tenía 17 años. Se ganó su confianza y terminó de escolta y jefe de seguridad del clan, lo que lo convirtió en testigo y partícipe de la fundación de las Autodefensas Unidas de Colombia. Además de ocuparse de la seguridad de los Castaño, administraba algunas de sus fincas y negocios en Urabá y Córdoba. “Monoleche” confesó su participación en el asesinato del jefe político de las Auc, Carlos Castaño, por orden de su hermano Vicente Castaño, en abril de 2004.

 

Se desmovilizó junto con el bloque Calima, ha confesado 78 crímenes y en diciembre de 2014 fue condenado parcialmente por homicidio en persona protegida, desaparición forzada, hurto calificado y concierto para delinquir. En la misma sentencia, el Tribunal Superior de Medellín le concedió libertad a prueba, pero la decisión fue apelada ante la Corte Suprema de Justicia.

 

 

La mayoría de jefes paramilitares transitaron de las armas a la política. Iván Roberto Duque Gaviria, alias “Ernesto Báez”, lo hizo a la inversa. Abogado de profesión, llegó a ser alcalde de La Merced (Caldas), empleado de las Empresas Públicas de Manizales y secretario de Gobierno de Boyacá. Sus primeros roces con el paramilitarismo se dieron de la mano de Henry Pérez, fundador de las autodefensas del Magdalena Medio.

 

Terminó como comandante político del poderoso bloque Central Bolívar, que en su apogeo tuvo cerca de 5.500 hombres y 29 frentes en 10 departamentos. Desde que se desmovilizó, su alias ha figurado constantemente en los titulares de prensa, pues ha sido testigo en casos como el magnicidio de Luis Carlos Galán, con múltiples señalamientos por falso testimonio. Incluso rindió declaración en el caso del magistrado de la Corte Constitucional Jorge Pretelt. Aparte de las investigaciones por su pasado paramilitar, que lo involucran en 1.600 delitos, hay varias por falso testimonio, fraude procesal y cohecho propio. Hace poco le fue negada la solicitud de libertad porque, según el magistrado a cargo, durante sus primeros años en prisión “Báez” no se esforzó por resocializarse.

 

 

Este viernes 12 de junio una jueza de Justicia y Paz le otorgó libertad condicional por pena cumplida a Édward Cobos Téllez, alias “Diego Vecino”, quien fue el artífice de la masacre de Mampuján. Su paso por este corregimiento de María La Baja (Bolívar), en marzo de 2000, en compañía de “Juancho Dique” y “Cadena”, dejó 12 muertos y 180 familias desplazadas.

 

“Vecino”, en ese entonces comandante del bloque Montes de María, se desmovilizó en julio de 2005 junto con 594 paramilitares bajo su mando. La Fiscalía le ha imputado más de 400 delitos y, por lo ocurrido en Mampuján, el Tribunal Superior de Bogotá lo condenó en 2010 a ocho años de prisión. Además se le vinculó con otros delitos, como homicidio en persona protegida, desaparición forzada, tortura, despojo de tierras, acceso carnal violento y secuestro, entre otros.

 

 

Como comandante del frente Canal del Dique, del bloque Montes de María, Úber Enrique Bánquez Martínez secundó a “Diego Vecino” en su cruel paso por Mampuján. Se desmovilizó en La Ceja (Antioquia), en 2005, como miembro del bloque comandado por “Vecino”, y, al igual que su jefe, en junio de 2010 fue condenado como coautor de la masacre.

 

Además de Mampuján se le atribuyen ocho masacres, entre ellas las de El Salado y Chengue. “Juancho Dique”, el primer exjefe paramilitar condenado en Justicia y Paz, está recluido pese a que el Tribunal de Barranquilla le otorgó la sustitución de medida de aseguramiento en enero de este año, pues aún tiene pendientes trámites de acumulación de penas. Tiene 40 sentencias por distintos crímenes.

 

 

 

jflorez@elespectador.com